Más de un centenar de inmigrantes presos ha muerto en cárceles privatizadas, demasiados en circunstancias inquietantes que implican negligencia médica y descuido de la salud mental, afirmó Seth Freed Wessler en The Nation de enero de 2016.
El artículo de Wessler documentó las consecuencias mortales de la negligencia médica en once cárceles de sólo inmigrantes, instalaciones conocidas como Requisito de Criminales Extranjeros. De 1998 a 2014, al menos 137 reclusos murieron en estas instalaciones especiales para inmigrantes contratadas por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y administradas por Corrections Corporation of America, el Grupo GEO y Management and Training Corporation.
El informe de Wessler se basó en más de 9.000 páginas de registros médicos de 103 de los presos que murieron en custodia desde que la BOP abrió por primera vez las instalaciones a contratistas. Luchó durante dos años para obtener estos archivos, recurriendo a las solicitudes amparadas por la ley FOIA y, en última instancia, a una demanda federal para obligar a la BOP a liberar los registros.
Para revisar los archivosThe Nation convocó a un panel de veintitrés revisores independientes, incluyendo diecisiete médicos y seis psiquiatras. En veinticinco casos, varios revisores no encontraron pruebas de atención inadecuada que probablemente contribuyó a la muerte prematura del paciente preso. Por el contrario, en tan sólo treinta y nueve casos los revisores encontraron que la atención probablemente estuvo de acuerdo con los estándares médicos reconocidos.
A diferencia de las prisiones directamente a cargo del gobierno federal –Incluyendo centros de detención de inmigrantes, donde típicamente las autoridades federales tienen a los inmigrantes en espera de su deportación– estas instituciones privadas con fines de lucro no están sujetas a las mismas normas. “Pese a que las prisiones son parte de la infraestructura federal, los contratistas privados que las manejan operan bajo reglas diferentes y menos estrictas con el fin de permitir reducción de costos con esas innovaciones”, escribió Wessler. (Para información sobre la economía y política de las cárceles privatizadas, consulte la sección “Private Prison Companies Fund Anti-Immigrant Legislation,”Censored story #5from Censored 2012.)
Como resultado, los hombres con cáncer, SIDA, enfermedades mentales, enfermedades del hígado y el corazón sufrieron retrasos importantes en la atención, las unidades médicas de la prisión fallaron en hacer diagnósticos correctos de los pacientes con síntomas evidentes y dolorosos y los internos murieron de enfermedades tratables que probablemente habrían sobrevivido con acceso a una atención adecuada.
Los archivos médicos documentan al menos siete suicidios en las cárceles privadas sólo para inmigrantes contratadas por la BOP. Un funcionario de la BOP que habló bajo condición de anonimato, dijo a Wessler “por lo regular, en las cárceles BOP el tratamiento de la salud mental es parte de la misión, porque la rehabilitación es parte de la misión … Las cárceles para criminales-extranjero, están sólo ‘para mantenerlos’”. Siete de las trece instalaciones privatizadas no cumplían con los estándares para un adecuado cuidado de la salud mental.
Además, enfermeras del tipo Licensed Vocational Nurse (LVN, que están destinadas a integrar el personal de apoyo de enfermeras o médicos registrados) a menudo eran los únicos proveedores de salud de los presos. “En 19 de las 103 muertes que hemos revisado”, escribió Wessler, “al menos un médico señaló el exceso de LVNs como una insuficiencia en la atención”.
El cuarenta por ciento de los hombres detenidos en estas prisiones fueron encarcelados por delitos “relacionados con la inmigración” por los cuales sólo pueden ser condenados no ciudadanos, incluyendo, por ejemplo, tentativas de reingreso en EEUU después de haber sido deportado. Hasta la década de 1990 este crimen fue rara vez procesado. La privatización de las prisiones de Estados Unidos comenzó a finales de 1990, como un esfuerzo de la administración del presidente Bill Clinton para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y reducir los costos del sistema penitenciario federal.
Una extensa búsqueda de la cobertura de los medios corporativos encontró apenas tres informes sobre el tema de la muerte de reclusos en prisiones privadas de cierta manera comparables, cuyos datos se remontan a 2009. Dos de esos artículos eran del New York Times, otro del Washington Post. Más recientemente, las noticias corporativas se focalizaron en exponer los costos de encarcelar inmigrantes, o a comparar la frecuencia con que los inmigrantes ilegales y los ciudadanos de Estados Unidos están condenados por violación o asesinato, como hicieron los informes de CNN y Fox News. La gran prensa corporativa estadounidense ha ignorado la falta mortal de atención médica de los presos en cárceles privatizadas sólo para inmigrantes con la profundidad que lo documentó Seth Freed Wessler en The Nation.
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Los contratistas que operan las cárceles de inmigrantes rara vez se ven obligados a seguir las reglas de atención médica que rigen en las instalaciones regulares de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). Foto: Institución Correccional Federal, Big Spring, Texas. (Cortesía de la ACLU de Texas) The Nation.
Fuentes:
Seth Freed Wessler, “This Man Will Almost Certainly Die,” Nation, January 28, 2016, http://www.thenation.com/ article/privatized-immigrant- prison-deaths/.
Seth Freed Wessler, “A Guide to Our Investigation of Deaths Inside the Federal Bureau of Prison’s Immigrant-Only Facilities,” Nation, January 28, 2016, http://www.thenation.com/ article/a-guide-to-our- investigation-of-deaths- inside-the-federal-bureau-of- prisons-immigrant-only- facilities/.
Seth Freed Wessler, interview by Juan Gonzá lez and Amy Goodman, “‘ This Man Will Almost Certainly Die’: The Secret Deaths of Dozens at Privatized Immigrant-Only Jails, ” broadcast February 9, 2016, Democracy Now!, transcript, http://www.democracynow.org/ 2016/2/9/this_man_will_almost_ certainly_die.
Student Researchers:Aliana Ruiz (Citrus College), Alexandra Castillo (California Maritime Academy), Justin Lascano (Diablo Valley College), and Harrison Hartman (Sonoma State University)
Faculty Evaluators:Nolan Higdon (California Maritime Academy), Andy Lee Roth (Citrus College), and Peter Phillips (Sonoma State University)