Luego de una extensa jornada de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Entre múltiples materias, la norma establece que los derechos aprobados o reconocidos anteriormente seguirán vigentes, pero podrán extinguirse por no uso.
La iniciativa fue ampliamente analizada en tres comisiones: Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, antes de presentarse en la Sala de la Cámara. Sus líneas centrales son reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.
Los derechos de aprovechamiento, que se otorgan en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio. Se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, por lo que la autoridad puede definir un plazo menor.
La propuesta también expresa que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares y que, en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
La reforma pone el uso para consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento como la principal función para el agua. A estos criterios deberá atenerse la Dirección General de Aguas (DGA) para priorizar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.
En línea con lo anterior, el proyecto establece que, para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas.
Asimismo, se determina que el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales, para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con esto, se faculta a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal.
Las concesiones temporales no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.
Debate
Durante el debate, el diputado Jorge Rathgeb (RN) señaló que es un proyecto deficiente, puesto que no aborda la diversidad de clima y territorio que existe en Chile. “No podemos pretender que una sola norma reglamente una realidad tan distinta”, sostuvo. “Esta norma pasa a ser deficiente en su origen y en su modificación, y por lo tanto tenemos que ir buscando alternativas que puedan ir abocando cada una de las realidades, donde las modificaciones sean para optimizar el uso adecuado”, tecnificando el uso del agua, concluyó.
El diputado Enrique Jaramillo (PPD), manifestó que “el agua abarca una importancia de nivel mundial para el consumo humano. Por la protección de las fuentes de agua dulce, dejemos que la naturaleza actúe y hagamos todo con el fin de apoyar que los aprovechamientos no se mantengan en manos ociosas. Nuestro país se encuentra muy atrasado en asegurar el uso y suministro de agua a toda la población”.
La diputada Denise Pascal (PS) precisó que “queremos cambiar el derecho a que el agua sea utilizada como corresponde por quien la tiene y que no la use como un sistema de especulación. Sabemos que hay agricultores serios, que usan sus aguas para riego y dan trabajo, los felicitamos, pero también sabemos que hay gente que especula y eso hay que reconocerlo”.
El diputado Daniel Núñez (PC) sostuvo que “se ha especulado mucho respecto de los alcances de esta reforma. Quiero decir que esta reforma lo que está pretendiendo hacer es un uso racional del agua, poner término a la especulación. Queremos evitar que ocurra hoy día lo que ocurre con derechos no consuntivos, que son solicitados por un privado y no son ocupados y que quedan en la especulación”.
El diputado José Pérez (PRSD) destacó la importancia del proyecto. “No cabe duda que el agua es un bien nacional, de uso público y que hay que cuidar, por eso tenemos que ser cuidadosos, no se trata de quitarle el agua a nadie, sino de que se use bien. Hemos planteado la necesidad de construir embalses que sirvan para satisfacer necesidades. Los derechos de agua inscritos no tienen modificación y siguen siendo definitivos”, acotó.
El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas fue enviado al Senado, donde deberá analizarse en segundo trámite constitucional.