Miguel Krassnoff, junto con otros agentes de la DINA, han sido sometidos a proceso por el asesinato del líder del MIR, Miguel Enríquez Espinoza. Luego de cuarenta años de impunidad, el valiente juez Mario Carroza ha decidido iniciar el proceso por el asesinato calificado en contra del cosaco, convertido en una bestia con cara de humano, y de otros agentes de esa organización criminal, que sembró el terror y la muerte durante los primeros años de la dictadura del cerdo baboso de Pinochet.
Krassnoff, descendiente de líderes cosacos, que participaron en la guerra civil contra los bolcheviques, y cuyo padre murió ahorcado por el régimen comunista, llegó a Chile impregnado de un odio sin límites por el marxismo, y se vinculó al ejército donde, luego del golpe de Estado, pudo dar rienda suelta a su naturaleza y personalidad psicopáticas, hasta el extremo de practicar la crueldad sin límites contra personas desarmadas e inermes.
El desquiciado Krassnoff ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad por más de un siglo de reclusión, que después del advenimiento de nuestra débil democracia, fue juzgado y condenado por la justicia, pero enviado a una cárcel de lujo, si la comparamos con los inhumanos recintos penitenciarios chilenos.
El abogado de este criminal, en meses pasados, había pedido a la justicia el beneficio de la libertad vigilada que, afortunadamente, ha sido negada por la Corte Suprema.
Es necesario distinguir entre los delitos comunes y los crímenes de lesa humanidad, donde se ha ejercido el terrorismo de Estado, practicado por un ejército de ocupación. Personalmente, pienso que para los delitos comunes debieran existir medidas humanitarias, como por ejemplo, que ninguna persona mayor de 70 años deba cumplir su pena en recintos carcelarios que, en el caso chileno, las condiciones en que viven los reclusos comunes, atropellan sistemáticamente los derechos humanos, pero en al tratarse de crímenes de terrorismo de Estado, no debiera existir ningún beneficio penitenciario, como tampoco la prescripción.
Sobre la base de la reconstrucción de escena del crimen de la Calle Santa Fe, así como de otras indagaciones, el juez Carroza concluyó que el asesinato de Miguel Enríquez no fue producto de un enfrentamiento, como sostenían los defensores de Krassnoff, sino una alevosa matanza, preparada previamente con sumo celo por los agentes de la DINA.
No usará el lugar común de que “la justicia tarda, pero llega”, porque para los pobres y sin voz no llega nunca – como decía el poeta Vicente Huidobro, “siempre se ha inclinado para el lado del queso” – y no hay que olvidar que durante los 17 años de dictadura los jueces, incluso de los la Corte Suprema, prevaricaron constantemente al negar la mayoría delos recursos presentados por familiares de ciudadanos perseguidos por la DINA. Para hablar claro, fueron cómplices de muchas muertes, tortura y desaparición de un sinnúmero de chilenos. En Chile, estos jueces han gozado de la impunidad y jamás han sido juzgados por traición, complicidad por los distintos gobiernos post-dictadura.
Dentro de estos jueces corruptos ha habido, en momentos incluso muy difíciles, magistrados valientes, entre ellos Carlos Cerda, que se atrevió a procesar a Pinochet y a su familia, principalmente por el caso Riggs, en que el dictador se vio envuelto en robos comprobados de millones de dólares, depositados en paraísos fiscales, y que pertenecían al Estado de Chile. Es preciso recordar siempre que este juez fue perseguido por sus colegas, con mala calificación que le impedía la continuación en su carrera judicial. Otro de los jueces valientes fue el magistrado Juan Guzmán, quien se atrevió, incluso, a someter a proceso al alimaña de Pinochet.
A partir de la captura de Augusto Pinochet en Londres los jueces, en su mayoría, se atrevieron a iniciar una serie de procesos contra los agentes de la DINA y de la CNI, que los ha llevado a dictar fallos y sentencias con penas de cárcel, así sea en recintos de lujo – tipo hotel cinco estrellas – como el inaugurado por el ex Presidente Ricardo Lagos, el Penal Cordillera, una verdadera colonia de vacaciones, donde los criminales contaban con campos deportivos de calidad, circuito cerrado de televisión e internet, entre otras comodidades.
La justicia para Miguel Enríquez llega tarde: su familia fue perseguida y diezmada por la dictadura, sin embargo, el valor de este luchador ha quedado en la memoria de los chilenos y su figura sigue brillando como el Che Guevara del sur de América.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
27/10/2016