La segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos, se realizará en la sede de Naciones Unidas en Ginebra del 24 al 28 de octubre de 2016, en cumplimiento de la Resolución A/HRC/26/9.
Dicha Resolución, presentada por Ecuador y Sudáfrica y aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2014, decide establecer dicho grupo de trabajo para elaborar un proyecto de instrumento vinculante, cuyas negociaciones sustantivas se realizarán a partir del tercer período de sesiones en 2017. Esto ha sido considerado un logro histórico, luego de décadas de discusiones e intentos que fracasaron dentro de las Naciones Unidas.
En preparación para la segunda sesión de trabajo, Ecuador, electo Presidente del Grupo de Trabajo en la primera sesión de julio 2015, organizó en Quito este 6 y 7 de octubre el Primer Taller Regional sobre la elaboración del nuevo tratado, con la participación de 15 países de la región y 17 instituciones nacionales. En la inauguración de dicho evento, el Canciller de Ecuador Guillaume Long, reconoció que la inversión extranjera es un elemento fundamental para las economías latinoamericanas. También destacó que en un mundo globalizado, las empresas transnacionales de alta capitalización pueden desarrollar las distintas fases del proceso productivo de forma deslocalizada. Este proceso, dijo, puede generar falta de claridad respecto de estándares mínimos que las empresas transnacionales deben respetar en cualquier lugar. Enfatizó que es necesario avanzar en mecanismos vinculantes, por cuanto la autorregulación “no garantiza los derechos humanos básicos, y, por el contrario, sostiene un régimen internacional injusto y asimétrico en cuanto a las obligaciones que asumen distintos actores”.
Básicamente lo que pretende el nuevo tratado es establecer las obligaciones de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, definir los mecanismos concretos de remediación y reparación para alcanzar un trato justo y equitativo, la protección y seguridad legal.
La Presidenta del Grupo de Trabajo, la embajadora ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expuso varias violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. En 1984, en Bhopal, India, ocurrió uno de los más grandes desastres industriales, generado en la planta de Union Carbide India Limited, por la fuga de isocianato de metilo, peligroso compuesto orgánico usado para la fabricación de pesticidas. El número de fallecidos no es conocido, pero se estima que va de 2.000 a 4.000 personas. Las consecuencias de este daño subsisten hasta la actualidad. Como reparación para las familias de las víctimas, han recibido 645 dólares. Contrastó este monto con el desembolso realizado por British Petroleum durante el accidente en el Golfo de México, que superó los USD 19 mil millones.
Señaló el caso de Rana Plaza en Bangladesh en 2013, donde se desplomó un centro comercial de ocho pisos en la ciudad capital Dacca, con un balance de 1129 fallecidos, la mayoría obreros textiles que laboraban en condiciones desventajosas para grandes marcas internacionales de moda.
También recordó el caso de Chevron Texaco que operó en la Amazonía ecuatoriana de 1964 a 1990, con tecnología obsoleta que causó uno de los mayores desastres ambientales en el mundo, en un área aproximada de 2 millones de hectáreas, afectando a miles de pobladores amazónicos. La transnacional admitió que vertió en esteros y ríos 15.834 millones de galones de agua de formación, sustancia tóxica altamente cancerígena. Abrió al menos 1000 piscinas sin revestimiento en la selva, donde se arrojaban todo tipo de residuos, como crudo y aguas de formación. La justicia ecuatoriana sentenció a la empresa a cumplir con la reparación a 30.000 afectados de la Amazonía, sin embargo la empresa se ha negado a acatar la sentencia por USD 9.500 millones. Más bien inició una serie de demandas en centros arbitrales contra el Estado ecuatoriano, para intentar evadir su responsabilidad con relación a la reparación por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las afectaciones al ambiente.
El expositor Marcos Orellana destacó que el Instrumento Vinculante responde precisamente a los vacíos en el derecho internacional, que están generando impunidad y degradación ambiental en el mundo. A su vez, el experto Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas, reflexionó sobre las injusticias cometidas por las instancias arbitrales en el marco de los Acuerdos Internacionales de Inversión, cuyas resoluciones a favor de los inversores en muchas ocasiones habían causado afectaciones a los derechos humanos y al derecho al desarrollo de los países demandados.
Como se evidencia, hay razones más que suficientes para continuar en esta batalla para lograr la elaboración del nuevo tratado. En la segunda sesión del Grupo de Trabajo, los Estados continuarán discutiendo el alcance, la forma y la naturaleza del Instrumento Vinculante, particularmente en relación a los siguientes puntos: los impactos sociales, económicos y ambientales relacionados con las empresas transnacionales y los derechos humanos; los desafíos legales; la extraterritorialidad y la soberanía nacional; obligaciones de las empresas transnacionales y desafíos para tener acceso a reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Afortunadamente, este proceso cuenta con un gran apoyo de organizaciones sociales, redes de la sociedad civil, de sindicatos del mundo, grupos indígenas, movimiento de afectados en distintos países, grupos de cooperación de corte religiosa, todos los cuales se han conformado en la Alianza para el Tratado. Esta red despliega una amplia campaña no sólo a favor del Instrumento Vinculante, sino también para instar a los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, a participar en este proceso. La Alianza ha divulgado 4 declaraciones, en una de las cuales demanda la continuidad del proceso y que permanezca como intergubernamental, sin la participación de las empresas transnacionales.
Para la reunión de octubre en Ginebra, los integrantes de dicha Alianza están organizando y convocando a la Movilización de los Pueblos, que se realizará con varias actividades del 23 al 29 de octubre. Buscan que se escuchen las voces de las comunidades que han sido impactadas por violaciones cometidas por las empresas transnacionales.
Parece que, después de todo, cuando se une la movilización social con la voluntad política de los Estados, no son tan invencibles los poderosos intereses corporativos.
· Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador