La memoria histórica de los pueblos de América Latina y el mundo conmemoraron, recientemente el 11 de Septiembre, la tragedia del pueblo chileno y la gesta heroica del Palacio de la Moneda donde Salvador Allende llevaría a cabo su último y heroico combate contra el fascismo, por la dignidad del pueblo chileno, por la democracia y el socialismo.
A 43 años del derrocamiento del Gobierno Democrático y Constitucional del Presidente Allende, sin embargo, un hecho dramático e incuestionable queda de manifiesto. Chile y el movimiento popular no han podido, a lo largo de este tiempo, superar la magna tragedia de la dictadura terrorista cívico militar que usurpó el poder y gobernó el país por 17 años.
La contrarrevolución triunfante, se propuso como objetivo estratégico la transformación profunda de la sociedad chilena en todos sus aspectos. Como lo anticiparon, temprana y certeramente, algunas organizaciones de la izquierda chilena se trataba de (…) “una involución histórica en todos los planos que garantice a la gran burguesía y el imperialismo la represión exitosa de cualquier nueva amenaza revolucionaria a la estabilidad del sistema”.1
La impactante realidad, en el caso de Chile, es que a 43 años del golpe militar y a 26 años de la derrota de la dictadura, las consecuencias de los cambios estructurales aún se mantienen y perduran. Es indignante y vergonzoso constatar que todas las leyes fundamentales que rigen el sistema económico, político, social y cultural del país fueron impuestas por la dictadura cívico-militar. Se puede señalar, a modo de ejemplo, las leyes que limitan el rol del estado en la economía; el sistema electoral binominal que coarta la voluntad popular mayoritaria y permite que la derecha mantenga el control del poder; el Plan Laboral que vulnera los derechos laborales y sindicales de los trabajadores; la Ley Antiterrorista utilizada para reprimir al movimiento social y al pueblo Mapuche; la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), que si bien es cierto fue modificada el 2007 por la Ley General de Educación (LGE), dejó intactos los principios dictatoriales de administración municipal y el lucro que convierten la educación en un negocio; las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se apropian de los ahorros previsionales de los chilenos con fines especulativos; la Ley de Amnistía de 1978 que impide llevar a la justicia a los responsables civiles y militares de crímenes de lesa humanidad cometidos, antes de su promulgación, durante la dictadura etc etc.
La cuestión esencial que define la existencia de un sistema político democrático, es el hecho que la Constitución y las leyes sean el resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo. En Chile, hoy día, está absolutamente claro que la Constitución y las leyes vigentes no representan esa voluntad ciudadana mayoritaria. La Constitución vigente fue impuesta por la dictadura terrorista cívico-militar en 1980 en un plebiscito espurio y a pesar de algunos intentos de los gobiernos de la Concertación por reformarla, en lo esencial continua siendo la Constitución de Pinochet.
Con ocasión de una visita a Chile el 2005, el economista Arnold Harberger, considerado junto a Milton Friedman como los padres de los “Chicago Boys”, fue consultado por la prensa acerca de cómo evaluaría los gobiernos de la Concertación. “Chile es notable por la continuidad de la política económica y eso tiene fama mundial”, expresó Harberger sin escatimar elogios. 2
Sin ninguna duda, todos los gobiernos post dictadura han continuado aplicando diligentemente el modelo neoliberal diseñado por los “Chicago Boys y puesto en practica obstinadamente por Pinochet a través de la fuerza militar y el terror político, dos elementos esenciales que hicieron posible la imposición exitosa del modelo.
Los gobiernos de la Concertación, no solo asumieron las políticas económicas neoliberales, sino también han sido mejor garantía de éxito que la misma derecha, pues han neutralizado hábilmente a aquellos sectores que deberían oponerse con mayor decisión al modelo 3. Esto explica, además, el amplio e incondicional apoyo de los sectores empresariales a las gestiones de los gobiernos concertacionistas.
En el plano de la institucionalidad, es cierto que las reformas constitucionales que se acordaron con la derecha durante el gobierno de Ricardo Lagos permitieron terminar con la tutela militar formal, pero dejaron intacto un sistema político no democrático. Las publicitadas reformas no cambiaron en nada los mecanismos básicos que distorsionan el voto popular e impiden que la mayoría sea la que efectivamente determine la Constitución y las leyes del país. Tampoco cambiaron el sistema electoral binominal que iguala artificialmente la representación parlamentaria de la mayoría con la primera minoría e impide la representación de terceras fuerzas. Y por último, las reformas no alteraron los altos quórums requeridos para reformar la Constitución y para modificar las leyes orgánicas constitucionales.4
Es de conocimiento público que después de la aprobación de las reformas y luego de poner su firma en lugar de la de Pinochet en la Constitución de 1980, Lagos ufano expresó que “ahora podemos decir que la transición de Chile ha concluido”. No dejan de ser patéticas las declaraciones del ex presidente, pero al mismo tiempo son brutalmente reveladoras, pues lo que estaba diciendo en definitiva era que de ahora en adelante los chilenos tendrían que continuar viviendo en la democracia tutelada y protegida diseñada por la dictadura. 5
En realidad Lagos no era el único ni el primero en proponer al país esa concepción de democracia, antes también lo había hecho Patricio Aylwin quien el año 1991 dijo que “la transición ya esta hecha” y agregó “que en Chile vivimos en democracia”. La proposición del ex presidente demócrata cristiano era mucho más audaz, ya que a esa fecha no se había concretado aun ninguna de las reformas constitucionales. 6
El gran fraude político de la Concertación consiste, precisamente, en la modificación de su propia concepción de democracia la cual se lleva a cabo a vista y paciencia de sus propios partidarios y de todo el país, desde el inicio del primer gobierno de la transición. Y este completo giro a la derecha de la Concertación, solo se puede explicar, primero que nada, por la entera aceptación del modelo económico neoliberal de la dictadura y luego por la convergencia de carácter político.
Edgardo Boeninger, connotado ideólogo, ex ministro y senador designado reconoció, sin pestañear siquiera, la voltereta en su libro Democracia en Chile, Lecciones para la Gobernabilidad (1997). “De modo indirecto el éxito económico postrero del régimen militar, influyó significativamente en las propuestas de la Concertación generando una convergencia (…) 7. Los hechos han demostrado, con el correr del tiempo, que la mencionada convergencia no solo fue económica, sino también política, en cuanto aceptan sin cuestionar la democracia protegida de Pinochet.
El brutal y sangriento golpe militar que derrocó el gobierno democrático y constitucional del Presidente Allende asesinó a miles de personas, hizo desaparecer a miles más, encarceló y torturó a cientos de miles y envió al exilio cerca de un millón de chilenos. Ese fue el más inmediato y trágico costo en vidas que el pueblo chileno tuvo que pagar.
El movimiento popular, a pesar de todo, se tomó el tiempo para enterrar sus muertos, para organizar la resistencia contra la dictadura que se concretó en 22 memorables protestas nacionales, para rendir cada 11 de septiembre un justo homenaje a sus héroes y mártires y para mantener viva la memoria histórica. De ese modo, las nuevas generaciones conocerán sus vidas, aprenderán de sus luchas y mantendrán vigentes sus sueños de construir una sociedad más justa y solidaria.
Al mismo tiempo, las emergentes y distintas expresiones de la lucha social que surgen todos los días van, lenta y ascendentemente, creando la fuerza y devolviendo el protagonismo al nuevo movimiento popular.
Después de 43 años el movimiento popular, sin embargo, no ha podido aún superar, la más grande y prolongada tragedia de la dictadura terrorista cívico militar y las oscuras sombras institucionales que todavía se proyectan en lo económico, social y cultural. Han habido encomiables intentos sectoriales, como la lucha de los estudiantes por conseguir cambios radicales en la educación y, más recientemente, las masivas movilizaciones para terminar con las AFP, pero la lucha por derribar total y definitivamente la institucional dictatorial es una tarea pendiente.
Los autores son investigadores del Latin American Research Institute (LARI), Canadá.
Notas:
- Luis Corvalán Lepe, El Gobierno de la Unidad Popular, Documento de la Dirección Clandestina del Partido Socialista de Chile, Marzo 1974, Pag. 303.
- Hugo Fazio y Magali Parada, “Las Políticas Macroeconómicas en el Sexenio Lagos”, Gobierno de Lagos: Balance Critico, LOM Ediciones, 2005, Pág. 19.
- Ibid., 19
- Felipe Portales, “Lagos y la Concertación: Adaptaciones Neoliberales y Renuncias Democráticas”, Gobierno de Lagos: Balance Critico, LOM Ediciones, 2005, Pág. 103, 104.
- Ibid., 104.
- Ibid., 102
- Ibid., 105