La esencia de la sociedad capitalista radica en la existencia contrapuesta de compradores y vendedores de fuerza o capacidad de trabajo, sujetos sociales que funcionan inseparablemente unidos, acoplados como lo están el sádico y el masoquista o el autoritario y el sumiso. La fuerza o capacidad de trabajo es la mercancía que intermedian entre ambos pues uno tiene capacidad de comprar en tanto el otro tiene solamente necesidad de vender. No son sujetos iguales, en consecuencia, por lo que no se les puede equiparar y, menos aún, asimilar; son esencialmente diferentes. Porque en tanto el uno detenta riqueza con la que puede adquirir la mercancía que se le ofrece, su contraparte posee únicamente fuerza corporal, energía corporal, sabiduría, experticia, cualidades que está obligado a vender para sobrevivir.
El comprador de trabajo puede ser una persona natural o jurídica; puede ser, incluso, una institución como lo es el Estado. El vendedor de fuerza o capacidad de trabajo siempre es una persona natural.
Puesto que la energía es un atributo de todo ser vivo, quien se hace vendedor de fuerza o capacidad de trabajo se arrienda por horas, semanas, meses o años para estar al servicio de su empleador; es un sujeto que recibe pago por la labor que realiza.
El vendedor de fuerza o capacidad de trabajo, por el contrario, posee capital y paga los servicios de quien le presta sus servicios. Y puesto que, al apropiarse de la fuerza o capacidad de trabajo de quien se la vende, acrecienta su capital, se transforma en un capitalista. Así, generalmente el vendedor de fuerza o capacidad de trabajo se va a vender al capitalista puesto que es el único que puede pagar por sus servicios. El Estado, al comprar los servicios de los vendedores de fuerza o capacidad de trabajo, equipara su actividad a la del empresario privado que lo hace buscando una cada vez más fecunda percepción de plusvalor.
Por eso, no es conveniente equiparar la labor de quienes se concertan para cometer ilícitos en concomitancia con el capitalista respecto de aquellos que, de una u otra manera, vendieron su fuerza o capacidad de trabajo al mismo esperando recibir un estipendio por ello.
Esta división estructural que hacemos de las clases sociales es importante para definir los alcances morales que implica la relación entre un capitalista y su vendedor de fuerza o capacidad de trabajo. Porque el vendedor de esa mercancía no tiene otra alternativa sino vender sus servicios a quien quiere comprarlos; no así el comprador que puede elegir dentro de un universo de vendedores.
En el plano de la venta del trabajo intelectual la problemática es más complicada aún. Porque si se trata de un escritor que quiere vender su obra, en primer lugar debe recurrir a una editorial que sería su potencial comprador de su energía corporal traducida en su obra (trabajo cosificado o materializado); pero esa obra es sometida a la consideración de otro vendedor de fuerza o capacidad de trabajo quien, cumpliendo la labor que le encomienda su patrón, analiza si la obra sometida a su decisión reúne las condiciones del mercado para ser eventualmente editada y promocionada por esa editorial. A menudo, la obra debe reunir otro requisito: su autor debe ser tal o cual persona, no cualquiera ni menos, aún, alguien contra el cual pudieren existir ciertos prejuicios. En estos casos, el estilo, el uso del lenguaje correcto, el respeto a las normas gramaticales, la incorporación de neologismos o licencias literarias, en fin, tiene escasísima importancia. La obra es criticada en función de factores externos que poco o nada tienen que ver con la esencia de la misma. Más, aún, si se trata de una obra política pues en la política como en la religión, más que los fundamentos o razones de una idea, valen las creencias en las personas o en las instituciones; aunque ambas se estén cayendo a pedazos.
Me ha tocado estar en el centro de una polémica a propósito de dineros entregados para la campaña electoral de un candidato en donde un informe de la PDI señala a una persona por quien tengo especial aprecio como dador de una boleta falsa (‘trucha’, en el lenguaje chileno) por el valor de 1.500.000 pesos a un operador político vinculado a empresarios de dudosa reputación.
Conozco el caso desde hace muchísimo tiempo y tengo desde esa fecha, en mis manos, la obra hecha por la persona a quien se sindica en ese informe haber entregado esa presunta boleta falsa; sabía, por tanto, que por la redacción de dicha obra se le pagó ese dinero que hoy, merced a ese liviano informe de la PDI, aparece entregado en retribución a una boleta falsa.
La obra en comento fue redactada hace ocho años aproximadamente y consistió en una exposición de principios y programa de gobierno para uno de los candidatos de ese entonces, trabajo que debía ser remunerado puesto que quien redactaba el texto iba a invertir su tiempo y energía en entregar ese trabajo, al término del cual debía emitir un comprobante para exigir el pago respectivo.
No puede pedírsele a un aparato represivo del Estado como lo es la PDI tener ciertos conocimientos de sociología que les permitan entender la labor que muchas veces ha de realizar un vendedor de fuerza o capacidad de trabajo frente a la que ejecutan quienes están guiados por otros objetivos, a menudo reñidos con la moral de una sociedad. Y es lamentable que así suceda. Porque, así como en el poema de Jorge Manrique, según el cual
“[…]allegados a la muerte son iguales
los que viven de su suerte
y los ricos”.
también aparecen en los informes de ese organismo y en los periódicos ‘allegados’ como ‘iguales’, aunque no a la muerte sino al delito y a la inmoralidad, quienes no debieran estar en dicha situación.
Si es lamentable que ese tipo de errores pueda cometerlo la PDI, más lamentable es el hecho que los medios de comunicación también lo hagan, repitiendo como loritos circunstancias que no son tales, que merecen un análisis especial o, al menos, una investigación más acuciosa. Porque, en algunos casos, pareciera haberse actuado hasta con perversión, destacando en el listado del organismo la presencia de una persona —dentro de 58— en un manifiesto intento de desacreditarla.
Para nadie es desconocido el hecho que muchos de esos medios, fuertemente comprometidos con las diversas corrientes de opinión existentes en el país, proceden consciente y deliberadamente, a ‘florear’ no solamente el texto de las noticias que van a publicar sino el tipo mismo de noticias. Incluso, ese ‘floreo’ se extiende a quienes desean escribir en sus páginas, aún cuando el elegido emplee un lenguaje poco adecuado en sus comentarios. Lo que les interesa es que dichos opinantes (‘opinólogos’) sean personajes conocidos, de la confianza del medio y no un cualquiera. De lo que se trata es que el mundo de la escena política continúe interactuando entre sí para acallar con esa verborrea las justas reivindicaciones del mundo de la escena social. Por lo demás, tampoco es posible exigirle a dichos medios profundizar acerca de ciertos principios como a muchos nos gustaría hacerlo: la fuerza de la ideología mercantilista impuesta a sangre y fuego por la dictadura y propagada con éxito por la democracia post dictatorial, está viva aún. Si se reproduce en muchos de los líderes sociales que un día aparecieron para representar lo que se mostraba como la esperanza de un pueblo, con mayor razón esa ideología hace estragos en medios de comunicación ‘izquierdistas’ que debieran guardar mayor compromiso con quienes hicieron de su vida un apostolado del protagonismo social. Pero eso parece más bien ‘pedirle peras al olmo’: el individualismo, la arrogancia, la reiteración constante y majadera de la propia opinión, el desprecio por la idea ajena, el academicismo, es una forma de vida que parece haber llegado a Chile para instalarse durante un largo tiempo.
Y lo más triste de todo ello es que, como prueba irrefutable de este aserto, este artículo jamás se publicará en los medios de comunicación de mayor circulación en Chile sino reducirá su expresión a aquellos en los cuales, de una u otra manera, su autor mantiene con sus editores ciertos vínculos de camaradería y amistad. En la concepción de las autoridades post dictatoriales, la sociedad pareciera, al igual que lo señalara Pinochet en su época, no haber cumplido aún su mayoría de edad para poder disponer libremente de sí misma. Y esa mayoría de edad no depende del simple transcurso del tiempo sino de la voluntad de quienes dominan por encima de los demás. El camino, así, parece hacerse más largo aún.