La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade y de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, encabezaron este viernes el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de ex miembros de la Fuerza Aérea condenados por traición a la patria durante la dictadura militar.
El fallo emitido el 2 de septiembre de 2015 por la CIDH, declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho de protección judicial en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal.
Dicha sentencia determinó como medida de reparación a estas víctimas la realización de un acto público de reconocimiento de esta responsabilidad internacional, entre otros puntos.
En ese marco, la Jefa de Estado afirmó que “hoy, en este acto solemne, el Estado de Chile, a través de sus tres poderes, ofrece reparación a estas víctimas. Ofrece una disculpa por el trato que recibieron y da un paso más en el camino de ese “Nunca Más” que tanto trabajo y empeño nos ha costado”.
La máxima autoridad manifestó que “el Estado de Chile se equivocó gravemente. Y hoy estamos aquí para reconocer esta responsabilidad y reparar a las víctimas con medidas que permitan restaurar su dignidad violentada”.
La Mandataria señaló que es fundamental que estos hechos no se repitan, por lo que “estamos adoptando, por ello, las medidas necesarias para prevenir y sancionar estos hechos. Ello incluye la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, radicado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la promulgación de la ley que tipifica el delito de tortura, aprobada finalmente por el Congreso Nacional el 5 de octubre, y que quedará en condiciones de entrar en vigencia una vez que pase por el Tribunal Constitucional”.
En tanto, el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber aseveró que “las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura son un asunto que nos concierne a todos”. Agregó que “esta sentencia ha pasado a ser parte de la memoria histórica del país y se inscribe en la restitución dignidad de las víctimas (…) junto con devolver esta dignidad a las víctimas el fallo reconoce los cambios experimentados por Chile en los últimos años”.
A su vez, el titular de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, dijo que el alcance de esta sentencia no es solo de naturaleza jurídica, sino que, sobre todo, “alcanza un profundo sentido humano y de inconmensurable proyección histórica, tan necesario para la sanidad de la memoria colectiva del país. Por lo mismo, no puedo ocultar que me embarga una profunda emoción, la que se aumenta por la presencia de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos y por la esperanza que ésta simboliza en aras a fortalecer la convivencia nacional sobre la base de los principios de tolerancia, solidaridad, justicia y verdad”.
Cabe recordar que el reclamo ante la CIDH fue porque en la justicia nacional no se les brindó acceso a un recurso efectivo para dejar sin efecto los procesos penales, que tomaron en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura y mediante los cuales fueron condenados durante la dictadura militar por el delito de traición a la patria.
Ernesto Galaz, ex general de la FACH, quien intervino a nombre de las víctimas, recordó a los generales fallecidos en los cuarteles, entre ellos el general Bachelet, padre de la Mandataria y “a todos nuestros compañeros que murieron en el extranjero”, “jurídicamente considerados como ‘traidores a la patria’. A ellos ofrendamos este acto de reparación jurídica”, recalcó.
Tras el acto, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, subrayó que las víctimas merecían este reconocimiento, porque en su momento el Estado no respondió debidamemte y que tuvieron que recurrir a una instancia internacional para lograrlo.
“Cumplir un fallo de la Corte Interamericana es un imperativo ético, un imperativo moral y un imperativo jurídico”.
El legislador recordó que tiene amistad con algunos de los exoficiales reinvindicados hoy y por eso, concluyó que “para ellos este es un acto reparatorio incalculable. Haber vivido tanto tiempo bajo el estigma de ser considerados por la justicia militar como traidores a la patria, y que hoy día sea un órgano internacional y que el Estado chileno reconozca que eso no fue correcto, es muy importante”.