Los gobiernos de la Concertación y su apéndice, La Nueva Mayoría, tienen una enorme deuda con el país, especialmente con los familiares de la víctimas de la dictadura, en materia de derechos humanos. Los pocos avances que se han logrado en indagar sobre la verdad, instaurar la justicia y reparar el daño causado han sido mínimos y mezquinos.
La frase del ex Presidente Patricio Aylwin, “justicia en la medida de lo posible” se transformó en un lema que definió la política durante los gobiernos de la transición a la democracia (1990-2014) – incluido el corto período del ex Presidente Sebastián Piñera – hasta hoy.
El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se dio el lujo de negarse a recibir, durante todo su mandato, a la directiva de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Frei y su Ministro del Interior, José Miguel Insulza, salvaron al tirano Augusto Pinochet de la justicia internacional y de terminar sus días, como se lo merecía, en las cárceles españolas, por ser un genocida, al igual que Francisco Franco, A. Hitler o Benito Mussolini.
Tal vez no sólo el miedo que los sucesivos gobiernos hayan tenido a los militares, sino que, en algunos casos, linda con la complicidad.
La cárcel de Punta Peuco fue construida durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la sola oposición del Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar – en esos tiempos tenía bastante de consecuencia con sus principios socialistas -; Insulsa estaba dispuesto a ocupar el cargo de Lagos para sustituirlo en su ministerio y dejara el paso libre a la construcción de esta cárcel especial para militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Después de esta valiente acción de Ricardo Lagos, que final tuvo que ceder, terminó borrándola con la construcción, durante su gobierno, sumando el hotel “cinco estrellas”, el Penal Cordillera, una verdadera colonia de vacaciones con todas las comodidades que ya quisieran disfrutar los niños y jóvenes del SENAME, para albergar a la plana mayor de los violadores de los derechos humanos, entre ellos Manuel Contreras Sepúlveda, hoy con residencia, si existe, en el infierno.
Hay que reconocer que, al menos, el ex Presidente Sebastián Piñera tuvo el coraje de trasladar a estos habitantes del hotel de lujo a uno de tres estrellas, un poco menos elegante comparado a donde los había enviado el ex Presidente Lagos.
La igualdad ante ley, a través de toda la historia de la humanidad, siempre ha sido una broma de mal gusto, pues la única ley que existe es la del embudo: dura con pobres y amable con los ricos y con los milicos.
Punta Peuco es un lugar de vacaciones si se compara con la Penitenciaría, Colina I y II, cárceles de provincia o alguna de los recintos concesionados. No hay ninguna explicación lógica para tener prisiones diferenciadas entre militares y civiles, al contrario, los violadores de derechos humanos deberían pagar su condena en condiciones más rigurosas que el resto de la población penal.
Es cierto que las cárceles en Chile no cumplen las mínimas condiciones de dignidad y respeto a la persona humana, mas bien son verdaderas escuelas del delito, y que para salir vivo de esa muerte en vida hay ser el más choro y asesinar a su compañero, y a nadie se le puede desear caer en ellas, pero muy injustamente, con los impuestos de todos los chilenos se mantiene, en condiciones de comodidad, como en un hotel, a los responsables de terrorismo de Estado.
Todos los días 11 de cada septiembre, los diversos gobiernos de la Concertación han realizado homenajes a Salvador Allende y a quienes murieron ese día luchando contra un ejército de ocupación, que aplicó la represión más brutal contra sus mismos conciudadanos. ¿No sería bueno que esta ceremonia se tradujera en hechos concretos, especialmente respecto a los derechos humanos? En este caso, cerrar definitivamente Punta Peuco.
Las palabras del subsecretario del ministerio del Interior, Mahmud Aleuy, con la vieja cantinela de que no hay dinero para cambiar a los prisioneros de Punta Peuco a Colina II es una explicación que se cae por su propio peso, pues ya existen las instalaciones para acomodar a los sentenciados por violación de los derechos humanos. El propio ministro del Interior, Mario Fernández, corrigió los dichos de su subsecretario, y agregó que estaba en estudio esta posibilidad.
El día 11 de septiembre de 2016, la Presidenta, Michelle Bachelet, anunció el creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, designado a la abogada Lorena Fríes para tal cargo, que comenzará a operar a partir del mes de enero de 2017. Ya han surgido las críticas de la derecha por este nombramiento, pues la señora Frías, como directora del Instituto de Derechos Humanos, criticó el actuar de Carabineros en la represión durante las manifestaciones estudiantiles.
Presidenta Bachelet: ¡cumpla su palabra y cierre, de una vez por todas, Punta Peuco!
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
13/09/2016