La frase “golpe de Estado” la asimilamos al derrocamiento de gobiernos civiles por parte de las Fuerzas Armadas, especialmente los ocurridos en los años 70 del siglo pasado, especialmente en América del Sur, dando lugar a cruentas con dictaduras militares. Con frecuencia, olvidamos la seguidilla de golpes militares, acaecidos en Argentina, luego de la caída del régimen justicialista, encabezado por Juan Domingo Perón, y en la mayoría de ellos la población civil se mostró indiferente – nadie salió de defender a gobernantes civiles, como Arturo Frondizi y Arturo Illia, que fueron expulsados del gobierno por los militares -; en otros casos, como el de Venezuela y Colombia, no les fue necesario a los militares tomarse el poder por la fuerza, pues lo tenían de suyo.
En la actualidad, asistimos a una modalidad de golpe de Estado en que los militares no son los principales protagonistas, sino la oposición, sumada a los poderes fácticos, utiliza instrumentos institucionales, como el juicio político, para derrocar gobiernos elegidos democráticamente – el caso de Manuel Zelaya, en Honduras, y de Fernando Lugo, en Paraguay y, ahora, el de Dima Rousseff, en Brasil, y estos golpes tienen en común el haber sido ideados y planificados por los poderes fácticos de la derecha política -.
En 2014, Dilma Rousseff obtuvo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 51,64% de los votos, contra el candidato del Partido Socialdemócrata Brasilero, Aecio Neves, con el 48,36%. La derecha no estuvo conforme con ese resultado y pidió el recuento de los votos y, fallando en esta maniobra, nunca perdonó al Partido de los Trabajadores este nuevo triunfo. De ahí en adelante comienza la conspiración para derrocar a la Presidenta Rousseff.
En el plano económico, el fin del ciclo “dorado” de los altos precios en las materias primas afecto a la mayoría de los gobiernos de centro-izquierda progresistas latinoamericanos y, Brasil como principal potencia en el Continente, sufrió en forma más severa la crisis económica, con índices negativos de crecimiento y, finalmente, la recesión.
Los dos gobiernos de Inácio Lula Da Silva y de Dilma Rousseff habían logrado un vuelco decisivo en la sociedad, combatiendo la pobreza e incorporando a millones de brasileros a la sociedad moderna.
Antes de la ascensión de Lula Da Silva al poder se había desarrollado una campaña del terror, desmentida ante la realidad de los hechos, pues Brasil logró convertirse en la séptima potencia económica del mundo: por ejemplo, los bonos de Petrobras eran siempre clasificados por las agencias de inversión con la triple A.
El BRIC (Brasil, Rusia, India y China), se presentaba como una nueva potencia que ponía en cuestión el dominio económico mundial de Estados Unidos, y mil veces más poderoso que los países no alineados durante la Guerra Fría.
La crisis económica atentó gravemente contra el programa social de la Presidenta, Dilma Rousseff, y el Partido de los Trabajadores, que dio origen a una serie de manifestaciones de descontento, protagonizada por los movimientos sociales – la previa al Campeonato Mundial de Fútbol – debido al alza en los precios de la locomoción colectiva y su mala calidad, sumado a la deficiente atención en los hospitales públicos; se vivía una contradicción entre el presupuesto del Mundial de Futbol y el abandono del pueblo a su suerte.
El caso Petrobras, por su gravedad y por implicación de la mayoría de la clase política brasilera en este asunto de corrupción generalizada y estructural, vino a profundizar la grave crisis de la élite política brasilera.
En el caso de corrupción de Petrobras se han visto involucrados varios miembros del gobierno, dirigentes de los partidos políticos y, sobre todo, parlamentarios de todas las tiendas políticas – hay que considerar que en Brasil existen 30 partidos políticos, representados en el Parlamento: en la Cámara de Diputados, con 513 miembros y en el Senado, 81 -. El parlamento de ese país está tan desprestigiado como en Chile, y la separación entre la casta política y el pueblo es similar a la de los demás países de América Latina.
Para gobernar, durante este último período, el Partido de los Trabajadores tuvo que aliarse con el Partido Democrático Brasilero – el más poderoso del país – y la fórmula era Rousseff-Temer – este último, una especie de eminencia gris, muy “maquinero”, muy hábil para manejar los hilos ocultos de la política -.
Como muchos de los parlamentarios están implicados judicialmente en el caso Petrobras, el Impeachment contra Rousseff le sirve muy bien como distractivo para evitar la mano de la justicia. En conversaciones interceptadas, algunos de ellos lo confiesas paladinamente; por ejemplo, el líder de la acusación, que llevó al juicio político, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, lideró la acusación contra Rousseff; ahora al ser descubierto por casos de corrupción, se vio obligado a renunciar a su cargo. El vicepresidente Michel Temer – ahora Presidente interino – también tiene graves acusaciones por corrupción.
El quiebre entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Democrático Brasilero ha llevado al gobierno de Rousseff a perder la frágil mayoría parlamentaria – hay que recordar que en el senado brasilero el PT sólo tiene ocho escaños y el PDB, 17; si se suman los socialdemócratas con 16, se llegaría a 33 senadores – por consiguiente, la oposición cuenta cada día con más poder.
En la Cámara de Diputados se aceptó el inicio del juicio político con el voto de 367 miembros y, en el Senado, con 59 votos contra 21. Para aprobar la destitución se requiere completar el voto de dos tercios de los senadores, es decir, 54 votos – actualmente están asegurados 51 votos para la destitución del cargo de Dilma Rousseff – sólo faltan 3 votos, lo cual hace casi seguro que la destitución es inminente, fallo que se emitiría el 31 de agosto.
Se pueden considerar algunas posibles alternativas: en primer lugar, Michel Temer, a pesar de contar con solo un 13% de apoyo de la población, legalmente tomaría el poder hasta completar el mandato de Rousseff, (2018), pero ahora, una vez asegurado en el cargo, aplicaría una vasta política de privatizaciones, un retroceso en las conquistas sociales y una represión insospechada en contra de los movimientos sociales; en segundo lugar, podría ser llamado por la justicia y sufrir un nuevo juicio político – al estilo de Rousseff – en consecuencia, habría que llamar a elecciones; en tercer lugar, si Dilma Rousseff logró recuperar su cargo de Presidenta, ella misma ha asegurado que convocará a ciudadanía a nuevas elecciones presidenciales.
Cámara de Diputados
PT Partido de los trabajadores |
80 diputados |
Partido del movimiento Democrático Brasilero |
79 |
Partido Social Democracia |
53 |
Demócratas |
43 |
Partido de la República |
41 |
Partido progresista |
41 |
Partido Socialista |
34 |
Democrático Laborista |
28 |
Laborista |
21 |
Social Cristiano |
17 |
Verde |
15 |
Comunista |
12 |
Popular Socialista |
12 |
Republicano |
8 |
Socialismo y Libertad |
3 |
Otros partidos |
13 |
Senado
PMDB |
MOVIMIENTO DEMOCRATICO BRASILERO |
17 |
ELEGIDO 2006 3 |
PSDB |
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA |
16 |
6 |
DEM |
DEMÓCRATAS |
14 |
6 |
PT |
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES |
8 |
2 |
PDT |
DEMOCRATICO LABORISTA |
6 |
2 |
PTB |
LABORISTA |
6 |
5 |
PR |
PARTIDO DE LA REPÚBLICA |
4 |
1 |
PRB |
REPÚBLICANO |
2 |
0 |
PSB |
PARTIDO SOCIALISTA |
2 |
1 |
PCB |
PARTIDO COMUNISTA |
1 |
1 |
PP |
PARTIDO PROGRESISTA |
1 |
1 |
PSC |
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO |
1 |
0 |
PSOL |
SOCIALISMO Y LIBERTDAD |
1 |
0 |
PV |
PARTIDO VERDE |
1 |
O |
TOTAL |
10 PARTIDOS |
81 |
27 |
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014
PARTICIPACIÓN |
80,6 % |
VOTANTES |
115.122 511 |
1 VUELTA
DILMA ROUSSEFF |
54.501,118 |
40.59 |
AECIÓ NEVES |
51,041.155 |
33,55 |
MARINA SILVA |
22,176,619 |
21,32 |
LUCIANA GENRO |
1,812.158 |
1,55 |
SEGUNDA VUELTA
DILMA ROUSSEF |
51,64 |
AÉCIO NEVES |
48,36 |