Desde el “Bogotazo” (1948), producido con ocasión del aleve asesinato del líder liberal y progresista, Jorge Eliécer Gaitán, Colombia ha vivido, prácticamente, en una prolongada guerra civil, incluso, en algunos períodos, llegó a ser el país como un Estado fallido – hoy lo es México, liderado por su Presidente, Enrique Peña Nieto -. El momento más álgido de la lucha entre la guerrilla y el gobierno, la primera llegó a ocupar casi dos tercios del territorio nacional.
Anteriormente, en distintas oportunidades se intentó llevar a cabo sendos acuerdos de paz, siendo el más importante fue el promovido por el Presidente Belisario Betancourt (1984), llamado los “Acuerdos de la Uribe (departamento del Meta), en los cuales se firmó el alto bilateral al fuego, pero una vez que procedieron a integrarse a la vida civil, la mayoría de los dirigentes de la guerrilla fueron asesinados por grupos paramilitares. Otro intento de diálogo y negociaciones de paz se realizó entre el Presidente Andrés Pastrana y el dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, (1998-2002), Acuerdo por el cual se cedió una zona desmilitarizada a la guerrilla, en el área de San Vicente del Caguán, pero poco más tarde fracasó debido a la presión de la derecha y de los paramilitares.
Ha sido tan cruenta la violencia en Colombia, en que se han enfrentado no sólo los grupos guerrilleros (FARC, ELN), sino también los paramilitares, que no obedecen a ninguna autoridad militar, por consiguiente, no se les puede aplicar las leyes de la guerra, y expanden el crimen brutal en las zonas campesinas de Colombia.
Detrás de estos grupos facciosos – paramilitares, guerrilla, sicarios y delincuentes – está instalado el lucrativo negocio del narcotráfico, que ha logrado, de sus inicios delictuales, corromper a las castas elitistas colombianas, incluidos los tres poderes del Estado. Varios candidatos presidenciales, ministros de Estado, jueces y periodistas han sido asesinados por sicarios. En el pick del poder de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, llegó con la ocupación y destrucción del Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, con la consiguiente matanza indiscriminada por parte del ejército, durante el gobierno de Betancourt.
Una de las paradojas de esta guerra civil larvada es que durante los años 70 y 80, cuando el mapa de América Latina, en su mayoría, presentaba dictaduras de seguridad nacional, Colombia y Venezuela constituían las excepciones democráticas. En el caso colombiano se explica porque el ejército no tenía ninguna necesidad de aparecer frente al poder, pues lo tenía de suyo debido al pacto entre liberales y conservadores – algo parecido entre la Concertación y Alianza – y a los muy buenos sueldos y bonos, debido a los sucesivos Estados de Sitio y al combate contra la guerrilla.
La guerra siempre ha sido un buen negocio para muchos de los integrantes de la élite colombiana; por ejemplo, para el ex Presidente Álvaro Uribe y su familia le ha significado la riqueza al aliarse a Pablo Escobar y el cartel de Medellín y, en general, a los paramilitares, que también hacen negocios con el narcotráfico, como también a muchos de los políticos, implicados en la narco-política.
El “Plan Colombia” ha significado el aporte, por parte de Estados Unidos, de millones de dólares, como también de armamento muy sofisticado y analistas de alta calidad para infiltrar y penetrar la guerrilla, que actúa al amparo de una frondosa vegetación.
Durante los períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la estrategia consistía en el propósito de someter a la guerrilla e imponer una rendición incondicional. El Ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, tuvo notables éxitos en los combates contra la guerrilla, entre ellos la liberación de algunos rehenes – la de más impacto nacional e internacional fue la publicitada liberación de Ingrid Betancourt -.
Luego de cuatro años de intensas negociaciones se ha llegado a la meta de la firma de un Pacto de Paz, que se efecturá hoy, 25 de agosto de 2016, que plantea varios requisitos que no dejan de ser problemáticos para la sociedad colombiana, por ejemplo, un plebiscito que debe ratificar estos Acuerdos, a celebrarse el próximo 2 de octubre del presente año.
Las últimas encuestas de opinión ciudadana muestran un piso del 30% de apoyo al NO, en una enconada campaña dirigida por el ahora senador, Álvaro Uribe, de quien se sospecha que quiere protegerse por los múltiples abusos, tropelías y crímenes llevados a cabo durante sus mandatos – entre ellos los famosos “falsos positivos”, en que se les cancelaba bonos a los militares por cada supuesto guerrillero que asesinaran, pero que en su mayoría eran habitantes de poblaciones marginales, incluso dementes -.
¿Qué ocurriría si el No ganara el plebiscito del 2 de octubre? En principio, anularía todos los esfuerzos de paz y Colombia volvería, a lo mejor, con más fuerza, a la violencia del pasado. La verdad es que la mayoría de los colombianos quiere paz, pero el problema radica en la implementación de la justicia especial, acordado en la Habana. La derecha colombiana de Uribe Vélez rechaza la integración de los guerrilleros de las FARC a la sociedad política, además, exige penas de cárcel a quienes la justicia determine como culpables, no sólo de delitos de sangre, sino también políticos.
Por otro lado, el Acuerdo de Paz debe integrar también al otro grupo guerrillero, el ELN, de tendencia guevarista, y que involucra cristianos revolucionarios – algunos de sus jefes han sido ex sacerdotes -.
Otro de los problemas de fondo es el de los paramilitares, que no forman parte del Acuerdo de Paz, y que, de seguro, atentarán contra los guerrilleros integrados a la vida civil y con los campesinos indefensos – hay que considerar que Colombia tiene un récord mundial de campesinos desplazados, superior a Siria, ahora en plena guerra civil -.
El Acuerdo de Paz no contempla soluciones reales al problema del campo, y una reforma agraria se hace urgente para terminar con el latifundio y minifundio e integrar al campesinado al desarrollo de la producción agro-alimentaria.
En el mismo día (hoy), en que se firma el Acuerdo de Paz, termina la huelga cívica del departamento del Chocó, en el Pacífico – una zona habitada en su mayoría por afro-colombiano, que ha sido muy marginada por el gobierno central.
Para muchos sectores de izquierda el triunfo del SÍ en el plebiscito de octubre no representa ninguna solución, pues habría que refundar la República, sobre la base de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
26/08/2016