En la teoría democrática se supone que hay tres poderes independientes entre sí, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se trata de que haya un balance y control entre estos poderes, a fin de que ninguno de ellos, por sí solo, tenga tanto poder que termine convirtiéndose en tiránico.
Este principio democrático se ha dado en pocas ocasiones: en el parlamentarismo, cuando el partido mayoritario domina el parlamento, es imposible que una censura al Primer Ministro o Presidente de Gobierno dé el resultado, por ejemplo, de un cambio de gabinete y del llamado a nuevas elecciones; en el caso del presidencialismo, en que el poder del Presidente es casi absoluto, basta que tenga mayoría en el parlamento para que ninguna modalidad de control y fiscalización pueda tener éxito.
En ambos regímenes, tanto en el parlamentario como en el presidencial, respectivamente, el Primer Ministro o el Presidente de la República forman gobiernos minoritarios en el parlamento, la fiscalización se hace posible e, incluso, se convierte en un rito permanente.
Si analizamos la historia de las acusaciones constitucionales en el régimen presidencial, vemos que sólo han prosperado cuando el gobierno de turno es minoritario en el congreso. En el caso del parlamentarismo, cuando se produce un gobierno de minoría – como podría ocurrir actualmente en España con la investidura de Mariano Rajoy, como consecuencia de la abstención del PSOE – la oposición puede recurrir a la censura del Presidente de Gobierno cuando lo desee.
En el presidencialismo reinante en Chile, el único instrumento de fiscalización por parte del parlamento, es la acusación constitucional, pues las interpelaciones y las comisiones investigadoras tienen muy poca eficacia: se han convertido en un verdadero circo para agraviar al gobierno en el poder y, carece de imperio y carácter vinculante.
En el caso del primer gobierno de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, la oposición, con mayoría en el congreso, logró destituir de sus cargos a los ministros de Educación, Yasna Provoste y Harald Beyer, respectivamente, con gran parafernalia y escándalos y escenas verdaderamente al límite de lo patológico.
En la actualidad se han presentado dos acusaciones contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco: la primera está firmada por el diputado ex democratacristiano, René Saffirio, y apoyado por diez firmas de los parlamentarios del comité de independientes, libelo dirigido, principalmente, a negligencias y notable abandono de deberes ministeriales, principalmente en el SENAME; la segunda está basada en los abusos en Gendarmería.
La oposición, aunque sumara los votos de los diputados independientes junto con algunos de la Nueva Mayoría, es minoritaria en las dos Cámaras del Congreso, en consecuencia, la acusación constitucional no llegará a la destitución de la ministro aludida, y sólo servirá para denunciar la pésima gestión de la ministra Javiera Blanco – lo que no pone ni quita rey a un gobierno a la deriva, como el actual, que sólo tiene un apoyo del 17% de la ciudadanía.
El hecho de que haya más de 400 niños muertos en los últimos diez años ya es un escándalo de proporciones en el Servicio Nacional de Menores, y clama al cielo el hecho de que niños que deberían ser protegidos por el Estado, reciban un trato indigno de la persona humana, y ni siquiera la Ministra del Ramo sea capaz de dar cuenta fidedigna de cada caso y de la causa de muerte de estos niños y jóvenes, y ha tenido que intervenir la Fiscalía para aclarar esta situación, que linda con presuntos delitos.
El diputado René Saffirio ha querido diferenciarse de la derecha al presentar un libelo solamente dirigido al caso del SENAME que, según él, tiene el objetivo de clarificar indagar sobre el abuso de los menores – incluso sexual – y exigir del gobierno una solución inmediata a tan grave problema. Explícitamente sostiene no querer mezclarse en la “chimuchina” del debate entre el gobierno y la oposición de derecha.
La acusación constitucional, en una monarquía presidencial, debiera servir para fiscalizar los actos del gobierno y sus personeros, instrumento que tiene sentido cuando el gobierno es minoría en el Parlamento, pero cuando tiene la mayoría de congresistas no tiene mucha utilidad y podría transformarse en un circo, como ocurre con la interpelación.
Rafael Luis Gumucio (El Viejo )
19-08 -2016