En la Nueva Mayoría coexisten dos almas que no llegan a ningún punto de encuentro: la restauradora con tintes marcados de conservadurismo y el partido del orden, cuyo objetivo se centra en restaurar las viejas prácticas de la Concertación; la otra alma, que aún cree en las reformas estructurales, prometidas en la campaña presidencial, fue traicionada por el gobierno.
Las universidades de Aysén y Rancagua, recién creadas, están siguiendo el mismo camino que otras instituciones, supuestamente estatales, como Televisión Nacional, que no representa los intereses de todos los chilenos, sino el reparto del directorio entre los representantes de los partidos del duopolio (Concertación y Chile Vamos); por otra parte, el BancoEstado – antes Banco del Estado – convertido en un banco comercial, como cualquier otro, aprovechado entre otros “prohombres” por Jaime Estévez, para prestar millones de pesos al Banco de Chile y, de esta manera, poder integrar su directorio.
En el caso concreto de la Universidad de Aysén, el gobierno no entiende lo que es una universidad estatal, mucho menos lo que es la autonomía universitaria, y el Ministerio de Educación se da el lujo de pedir la renuncia a una rectora de lujo y antecedentes académicos de alta calidad, por el sólo hecho de atreverse a discrepar respecto de algunos aspecto del proyecto de ley de educación superior, presentado por el gobierno al Congreso.
La decisión de remover a la rectora demuestra que el sector concertacionista de la Nueva Mayoría carece del mínimo respeto por la autonomía de las regiones, especialmente las más alejadas del centro del país, demostrando un centralismo portaliano rayando en un autoritarismo pelucón, que hoy la gente de las provincias no está dispuesta a soportar por más tiempo. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, cree que esa Universidad es de su propiedad y puede hacer uso y abuso de ella, incluso de las personas, colocándolas y removiéndolas a su gusto.
La concepción de la autonomía universitaria por parte del ala reaccionaria de los miembros de la Concertación no puede ser más torpe: se respeta la libertad de opinión de la rectora y de los decanos siempre y cuando sean unos “yes, man” del gobierno, y basta que piensen distinto para que se les exonere de sus cargos. En este sentido, hemos regresado al período previo a la rebelión de la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde se conquistó la libertad de cátedra y la autonomía para las universidades en general.
El gobierno, ante el temor del ala derecha de la Democracia Cristiana, no se atreve, por ejemplo, a poner definitivo fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), un gran negociado muy útil para seguir enriqueciendo los bancos y, a su vez, arruinando a los estudiantes y a sus familias. Con mucha valentía, la rectora Pey ha denunciado que funcionarios que administraron este robo “legal”, hoy se hayan apropiado de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de ramo.
El gobierno ha tratado a las universidades estatales como verdaderas cenicientas, otorgando magros presupuestos y obligándolas a competir en el mercado de la Educación, desvirtuando la misión que le confiriera Andrés Bello, en su magistral discurso con motivo de la inauguración de la Universidad de Chile – fue su primer rector -, es decir, la tarea de promover el cambio, la investigación, la ciencia y la cultura en Chile.
El hecho de colocar las universidades del Estado al mismo nivel que las demás privadas, sobre todo las piratas – se definen estas últimas como universidades docentes, es decir, que sólo repiten conocimientos ya adquiridos, no crean ningún saber y carecen de toda relación con la sociedad – verdaderas torres de marfil.
Una vez confirmada la remoción de la doctora Roxana Pey como rectora de la Universidad de Aysén por la Contraloría General la República, la Ministra de Educación, podrá colocar un “palo blanco”, que tendrá que decir “amén” a todas las órdenes que provengan desde Santiago, y así, el nuevo rector nominado tendrá el mismo papel que los intendentes: monigotes del Presidente de la República.
La ministra de Educación ignora que los gobiernos universitarios tienen que dar cuenta de la participación de los tres estamentos que conforman la comunidad – académicos, alumnos y funcionarios – consagrada a la búsqueda de la verdad y del compromiso con el cambio social. Al parecer, el gobierno aún cree que las universidades pueden ser gobernadas monárquicamente por rectores vitalicios, que representan los intereses de sus dueños.
Desafortunadamente, el gobierno de Michelle Bachelet ha destruido el bonito e importante proyecto de creación de universidades regionales públicas, que podrían haberse convertido en motor de la descentralización y del Chile federal al cual tantos adherimos.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
14/08/2016