El General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, se puso al límite de la deliberación, al defender con uñas y dientes los privilegios que tienen las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería respecto a los ciudadanos comunes y corrientes.
En Chile no impera una democracia protegida y vigilada por las Fuerzas Armadas, sino que no existe ninguna democracia: la República murió el 11 de septiembre de 1973 y, hasta hoy, los militares hacen lo que quieren, incluso se enriquecen con el 10% de las ventas del cobre; el monto malversado al fisco en el llamado “milicogate” es mayor que sumados todos los escándalos de la clase política.
Las Cajas previsionales de las Fuerzas Armadas, de carabineros e Investigaciones – CAPREDENA, DIPRECA – están arruinadas, pero se salvan con el dinero que aporta el fisco, es decir, de todos los chilenos. El sistema privilegiado no tiene ninguna relación con el reparto: el aporte de los cotizantes sólo llega al 10% del fondo total, el resto, 90%, lo aportamos todos los chilenos.
El monto del fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas es mayor al total de lo que gasta el fisco en las pensiones solidarios para quienes no han podido cotizar nunca, o tienen lagunas previsionales. El número de personas que reciben pensiones alcanza a un millón contra una ínfima cantidad de privilegiados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
La mantención de la pseudo-democracia chilena exige una especie de seguro consistente en militares, carabineros y gendarmes puedan acceder a jubilaciones millonarias, en caso de los altos oficiales, como también a una prima de riesgo que permitan a estos cuerpos armados tener jubilaciones a los 45 años de edad y, desde luego, muy superiores a las del resto de los chilenos.
El argumento justificativo de estos privilegios es el riesgo que implica esta profesión. Es evidente que sólo los militares y policías tienen riesgos profesionales, que podrían ser extensivos a otras profesiones civiles, aún más peligrosas que la de los militares, que sólo juegan a la guerra.
En Chile, los intereses corporativos son los únicos que valen, pues la noción de bien común hace tiempo que ha desaparecido; en la única ocasión en que todos los parlamentarios están de acuerdo es cuando se discute el aumento de sueldo de estos “honorables”; en el caso de los militares y, en el caso que nos ocupa, el de carabineros, según el director de esta institución, el interés corporativo se impone por el monopolio de las armas.
Los dictámenes de la Contraloría General de la República sólo se acatan cuando se refieren a empleados públicos de baja graduación y que, por lo tanto, no tienen ningún poder para ponerlos en cuestión, pero cuando una corporación defiende los intereses de los más ricos y la que tiene el poder en la fuerza de las armas, de inmediato son inmediato se ponen en cuestión, como es el caso del veredicto que exige a Gendarmería de detener el pago de once personas, cuya pensión superaba los cinco millones de pesos mensuales y, además, se estableció que era dudosa la legalidad en la forma de lograr esta abultada jubilación.
El presidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete, calificó las opiniones del General Villalobos como un “ruido de sables”, recordando el famoso episodio, en el Congreso Nacional, en septiembre de 1924, en que los oficiales hicieron ruido con sus sables para condenar la dieta parlamentaria, que por primera vez se discutía, sólo que en la actualidad carabineros y militares no tienen ninguna necesidad de amenazar a los poderes públicos, pues están dispuestos a concederlos todo lo que quieran.
Si revisamos la historia del capitalismo, el negocio más lucrativo y que permitió mayor acumulación de rentabilidad fue el de la venta de armas y de pertrechos del ejército. La gente conoce sobre Voltaire el ataque a la iglesia católica, que llamaba “la infame”, pero sabe mucho menos de que este filósofo y escritor se enriqueció gracias a la venta de pertrechos militares – ropa y otros implementos -.
La guerra, en todo los tiempos, siempre ha sido el mejor negocio para los especuladores que, además de además de los pertrechos, venden armas, cobrando altas comisiones. Se puede afirmar que este negocio es tanto o más rentable que el del narcotráfico, y no menos mortífero. El “milicogate” es una forma delictual de atesorar riqueza, principalmente, sobre la base de hacerse del 10% de la venta del cobre, estatuido durante la dictadura de Augusto Pinochet y mantenida por la Concertación – Ese dinero podría servir holgadamente para mejorar el sistema de pensiones, la salud y la educación, y aún sobrarían recursos -.
Los militares no necesitan hacer un nuevo golpe de Estado, pues saben muy que sus amos, los norteamericanos, esa y las próximas veces reaccionarían en contra de ellos, y no podrían aniquilar, en forma cobarde y artera como lo hicieran, a partir de 1973, contra un pueblo desarmado. Ahora pueden enriquecerse tanto o más que en la época de la dictadura, avalados por sucesivos gobiernos que han emanado de la soberanía popular – un político francés decía que “los gobiernos republicanos que surgen del voto de los ciudadanos, son mil veces más útiles para que “la gente de bien” <los ricos>, puedan hacer negocios amparados por la legitimidad que emana del voto” -. No ocurre lo mismo con los gobiernos realistas, pues basta con derrocar a una persona para que todo el sistema se venga abajo.
El poder corporativo de las Fuerzas Armadas se preparan para impedir todo cambio que pongan en peligro sus prebendas, tan defendido por los gobiernos civiles, pues el temor es cosa viva.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
12 08 2016