La Fundación Defendamos la Ciudad, con fecha de ayer martes, ingresó con el Nº 210263, solicitando urgencia, en la Contraloría General de la República, documento que se adjunta, objetando subsidios encubiertos, fijados en la modificación del contrato de concesión y arrendamiento de fecha 21/01/16 para el proyecto del mall (equipamiento comercial de alta carga de ocupación) denominado por las partes intervinientes como Puerto Barón en terrenos del borde costero de Valparaíso que le pertenecen a la estatal EPV.
Entre otras cosas, la estatal EPV, en la escritura pública del contrato indicado en párrafo anterior, se obligó a pagar todos los costos del trámite y financiamiento del rescate arqueológico existente en el subsuelo de área de la concesión, gastos que en rigor le corresponden únicamente al privado Plaza Valparaíso S.A.
Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, expresa que “es improcedente esta exclusiva regalía del gobierno a un influyente actor del mercado inmobiliario del retail porque sus competidores no reciben este tipo de privilegios económicos, configurándose así una competencia desleal en el mercado, y porque, motivo de fondo, el artículo 20º de la Ley Nº 19.542 de Puertos no los permite. Consideramos impúdico, por decir lo menos, que este gobierno que se considera de centro izquierda, asigne cuantiosos recursos públicos para que un privado lucre con la explotación comercial del edificio proyectado.
Por ello, independientemente de que las autoridades porteñas estén muy interesadas en que se inicien pronto las obras del mall, tal como lo han anunciado profusamente por la prensa, elloa pesar de que la Contraloría Regional de Valparaíso ya emitió su dictamen vinculante Nº 7911 del año en curso, mediante el cual se declaró la ilegalidad de la modificación del permiso de edificación Nº 79 de 2013 cursado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso a EPV, ahora solo queda esperar lo que resolverá el ente fiscalizador dentro de los próximos días”