El ministro en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó acusación en contra de siete miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en 14 homicidios calificados, homicidios calificados frustrados y secuestros calificados, ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 1973, en la “Casa de la Cultura” de Barrancas, actual comuna de Pudahuel.
En la resolución el ministro Carroza acusa como autores de los ilícitos a los ex miembros del regimiento Yungay de San Felipe: Donato López Almarza, Jorge Turres Mery, Jorge Reyes Morel y Carlos Silva Pérez, junto a los ex miembro de la Escuela de Suboficiales del Ejército: Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y Sergio Amade Gómez.
El grupo de uniformados ocupó, a partir del 21 de septiembre de 1973, las dependencias de la “Casa de la Cultura” de Barrancas, lugar desde donde realizaron diversos operativos que terminaron con la muerte o el secuestro de dirigentes poblacionales y vecinos del sector poniente de la Región Metropolitana.
Los ex militares serían responsable de los homicidios de los dirigentes del “Campamento Santiago Pino”: Raúl Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio de la Barra de la Barra, Mario Salas Riquelme, Luis Gutiérrez Rivas y José Villavicencio Medel, detenidos el 30 de septiembre de 1973 y ejecutados entre el 1 y 2 de octubre del mismo año.
En tanto, el 3 de octubre de 1973 se detuvo a Rafael Antonio Madrid Gálvez y Gastón Alberto González Rojas, ejecutados en las cercanías del túnel Lo Prado, logrando sobrevivir a González Rojas.
Además, los militares detuvieron el 4 de octubre de 1973, en la Villa Los Maitenes, al dirigente socialista y miembro del Grupo de Amigos Personales del Presidente Allende (GAP), Exequiel Contreras Carrasco; el 5 de octubre de 1973, en la Población Manuel Larraín, al dirigente socialista y del Instituto Pedagógico, Carlos Ibarra Echeverría; el 7 de octubre al dirigente del MIR Alberto Soto Valdés; el 8 de octubre al miembro de la Junta de Abastecimiento y control de Precios (JAP) José Quezada Nuñez y al poblador de Rosalindo del Carmen Retamal. Detenidos que fueron trasladados hasta la “Casa de la Cultura” de Barranca, lugar donde fueron ejecutados en el lugar.
Asimismo, los siete ex miembros del Ejército serían responsables de la detención, el 15 de octubre de 1973, de Daniel Hernández Orrego, quien fue capturado en la Villa Manuel Rodríguez y llevado en varias ocasiones hasta la casa de la Cultura, lugar donde se pierde su rastro.