Miles de trabajadores y cooperativistas de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) marcharon este miércoles, en la capital argentina, junto a gremios y organizaciones sociales para reclamar al gobierno del derechista Mauricio Macri la continuidad de los programas públicos que fueron suspendidos dejando, medida que dejo sin empleo a más de 35 mil trabajadores en ese sector y dos mil 500 obras paralizadas.
En tanto, la Federación de Transportistas Argentinos y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, con más de 180 mil agremiados, continúan por cuarto día el paro de transportes de cereales, lo que afecta al campo, puertos y, de continuar, golpeará a la capital y al país. No se han dado negociaciones y ambas organizaciones advirtieron que no pueden afrontar los incrementos en insumos, en otro conflicto de graves consecuencias.
Los trabajadores denuncian en un comunicado divulgado por la CNCT “una política de debilitamiento de las cooperativas de trabajo en general, la caída del consumo interno y una persecución a empresas recuperadas, que se inscribe en un retorno al modelo de ajuste del Estado, concentración de la economía y caída del salario de los trabajadores”.
Advirtieron que el gobierno de Macri “ha manifestado su posición en defensa de los empresarios que vaciaron el país y en contra de los trabajadores que intentan recuperar su trabajo y dignidad, como ha sido el caso de varias Industrias y otros”.
Se unieron a esta marcha que recorrió varios ministerios, organizaciones sociales y gremiales y sindicatos importantes como la Federación Gráfica Bonaerense. “No estamos reclamando bolsas de comida sino empleo, más trabajo, leyes que defiendan a la industria nacional, trabajo genuino”, dijeron los líderes.
Esta marcha continuó de alguna manera la fuerte acción de varias organizaciones sociales como Barrios de Pie y otras, que este martes instalaron más de cien ollas populares en diversos barrios de esta capital, con una presencia multitudinaria, y en el interior del país.
Advirtieron que ya no pueden enfrentar la situación y que los comedores solidarios, que sirven comidas para indigentes, reciben ahora entre 60 y 90 por ciento más de solicitudes, con la presencia de familias enteras, que no tienen que comer.
De acuerdo a la consultora Analogías, 78 por ciento de los consultados apoyó el cacerolazo del pasado 14, en Buenos Aires y el Área Metropolitana. Además, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, reúne 70 por ciento de las opiniones negativas y 67 por ciento cree que la Corte Suprema de Justicia, que interrumpió su feriado de este mes para dar una respuesta al pedido del gobierno respecto a la constitucionalidad del incremento a las tarifas energéticas, debe anular los aumentos.
Por otra parte, el jefe de gabinete, Marcos Peña, debió admitir que no se debe pagar la boleta de gas, hasta que la justicia emita su resolución final, como lo exigió la Cámara Federal de La Plata, que frenó los aumentos, que iban desde los 400, 800 hasta mil 200 por ciento, lo que desató una verdadera rebelión.
Juez pide captura de ex canciller iraní
Al dejar atrás todos los esfuerzos por una resolución concreta, sin interferencias externas, en el caso del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido en julio de 1994 y que dejó 85 muertos, el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió a Singapur y Malasia la extradición del ex canciller iraní, Alí Akbar Velayati, uno de los acusados, señaló el periódico Ámbito Financiero.
Velayati figura en una lista roja de Interpol, por pedido de Argentina, pero no existe tratado de extradición entre Argentina e Irán, y este último se niega a entregar a importantes funcionarios, acusados sin prueba alguna, por la presión permanente de Estados Unidos e Israel sobre los servicios de inteligencia, la justicia y los gobiernos locales.
“No existe razón alguna por la que un funcionario iraní debería responder ante otra nación. Toda la investigación está basada exclusivamente en inventos y mentiras sin ninguna prueba en contra de Irán”, dijo el año pasado Velayati en Teherán, en una entrevista exclusiva con el canal C5N, que cita Ámbito.
Embargan pensión a Fernández de Kirchner
En el mismo plano de la justicia, la resolución del juez Carlos Bonadío embargó no sólo los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino ahora su pensión por la causa de venta de dólares a futuro, una decisión autónoma del Banco Central.
La reacción no sólo surge de parte de los seguidores de la ex presidenta sino también del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, quien no está en la misma línea política de la ex mandataria, y advirtió que las pensiones no son embargables y la justicia lo sabe.
“Creo que “hay una especie de cacería contra la ex presidenta”, dijo Solá, y añadió: “en lugar de ser (Cristina Fernández) una persona muy importante, investigada, y por eso centro de atención de la prensa de todo el mundo, parece que fuera un trofeo de caza de algunos jueces”.
Todo el dinero en bancos o propiedades de la familia Kirchner está declarado, a pesar de lo cual, el juez incluso embargó el dinero (también declarado) de la hija de la ex presidenta, Florencia Kirchner.