La Cámara de Diputados aprobó en general, con 71 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones, el proyecto , en primer trámite constitucional, que crea el sistema de educación pública, más conocido como de desmunicipalización. El texto fue informado a la Sala por los diputados Alberto Robles (PRSD), de Educación, y Marcelo Schilling (PS), de Hacienda.
El proyecto permite la creación del sistema de educación pública, que tendrá como objeto central que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad. Además, dicha instrucción debe considerar las particularidades locales y regionales y garantizar el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en todo el territorio nacional.
Serán parte relevante de este sistema los Servicios Locales de Educación Pública, instituciones estatales que se crean a partir de esta ley y cuyo número se distribuirá a lo largo de todo el país, considerando para ello, por ejemplo, criterios de densidad de población, cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancias. También será parte importante de este engranaje el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública.
Según consta en el informe de la Comisión de Educación, el sistema tendrá como marco los siguientes principios: calidad integral; mejora continua de la calidad; cobertura nacional y garantía de acceso; desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades; colaboración y trabajo en red; proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana; pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad; formación ciudadana y valores republicanos; e integración con el entorno y la comunidad.
Comisión de Hacienda
En su trámite en la Comisión de Hacienda, la propuesta legal tuvo variados e importantes cambios, entre ellos, el rechazo, por voto de mayoría, de la norma que viabiliza el traspaso a los nuevos Servicios Locales de los establecimientos educacionales que se encuentran hoy bajo la tutela de las municipalidades o de la corporaciones municipales, que cuentan con reconocimiento oficial al 31 de diciembre de 2014, ya sea que se encuentren en funcionamiento o en receso, así como aquellos que se creen a partir de dicha fecha hasta el momento del traspaso.
Otros puntos importantes que deberán ser abordados son la creación de los ya citados Servicios Locales de Educación Pública y la facultad para que el Presidente de la República, en un plazo de un año, determine la fecha en que iniciarán sus funciones dichas entidades. Ambos artículos fueron rechazados por la Comisión de Hacienda y constituyen aspectos centrales del nuevo sistema.
También relevantes son la introducción en Hacienda de dos propuestas del Gobierno: la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permite incorporar $450 mil millones al proceso de traspaso; y la inclusión de un compromiso expreso de parte del Ejecutivo de enviar, antes de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación.