Cuando se intenta obviar o dar por superado el factor de ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980, invocando su extendida vigencia y sus numerosas reformas, se oculta parte de la realidad y se actúa de manera partisana.
Si bien es cierto que aquélla fue impuesta por un gobierno de facto, que había justificado la intervención armada de 1973 en la defensa de la Constitución de 1925 y que se aprobó mediante un plebiscito fraudulento, sin registros electorales, bajo estado de excepción, con los adversarios políticos en el exilio, con el monopolio mediático de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, el vicio de ilegitimidad de la Constitución de 1980, no se restringe a su origen, sino que es más profundo. Dice relación con su contenido.
Si aplicásemos a la Constitución de 1980 la clasificación de Karl Loewenstein, que distingue entre Constitución normativa, nominal y semántica, tendríamos que concluir que la Constitución de 1980 es claramente una Constitución semántica. No estamos ni ante un traje a la medida ni ante un traje que queda grande, sino ante un mero disfraz.
En efecto, la Constitución de 1980 es ilegítima porque es antidemocrática, fue diseñada para burlar el principio mayoritario, de gobierno de la mayoría, que constituye el basamento de todo régimen democrático. Se trataba de impedir el gobierno de la mayoría con diferentes mecanismos que anulasen la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, como el minoritario sistema electoral binominal (33%=66%, un verdadero cuoteo por mitades de la representación parlamentaria), el quorum supramayoritario en la aprobación de leyes, los senadores designados, etcétera.
De este modo, se pretendía y se ha logrado, impedir un gobierno de la mayoría por el poder de veto que obtiene la segunda fuerza, con lo cual, sólo resta legislar por consenso, lo que resulta en un sistema tan autoritario como el que más, puesto que su aplicación no partió desde cero, sino con un modelo económico, político e institucional ya armado y funcionando, el que se había impuesto previamente por la dictadura cívico-militar, sin la menor participación ciudadana.
Por ello, hay mala fe en quienes minimizan la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980 como algo superado. Mal se podría superar tal ilegitimidad mediante el ejercicio del sufragio cuando éste se ha realizado al interior de un tramado institucional específicamente diseñado para burlar la voluntad mayoritaria y hacer prevalecer el statu quo implantado por un gobierno de facto hace décadas.
Es esta mala fe, dolo o malicia con que se actuó en el diseño, aprobación y aplicación de la Constitución de 1980, lo que impide superar este intríngulis político-institucional, como no sea por el pleno ejercicio del poder constituyente originario en el diseño y aprobación de una nueva Constitución, que nos una y no que nos divida, que genere patriotismo constitucional en ciudadanos dispuestos a defenderla, lo que está lejos de ser suscitado por la Constitución de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que aún nos rige.