La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara recibió esta semana a María Paz Cajas, quien expuso las circunstancias en que sufrió golpes por parte de una funcionaria de Carabineros de Chile, en el marco de una marcha estudiantil, el pasado jueves 26 de mayo en Santiago, que le habría provocado un aborto. La mujer, quien asistió acompañada de su abogada, señaló que tras intervenir en lo que le pareció una detención injusta de un grupo de manifestantes, y sin estar participando en los hechos, fue detenida y agredida por parte de la funcionaria policial.
Añadió que tras esto empezó a sentir molestias y luego sangrados. También relató lo lento que fue el procedimiento para constatar lesiones, primero en un SAPU de Renca, desde donde se indicó que fuera derivada al Hospital San Juan de Dios, donde un ginecólogo le habría explicado que estaba con un “aborto incompleto”, pero sin tomar ninguna medida sanitaria adicional para atenderla.
Añade que tras estar practicamente todo el día detenida, sin que se entregará información a su familia, y tras el informe de lesiones, fue dejada en libertad sin mayores explicaciones.
Su abogada, Fernanda Molina, de la Defensoría Popular, explicó que pidieron a la Comisión que, en virtud de la facultad fiscalizadora de la misma, pida información a la Dirección general de Carabineros sobre este caso y si se ha abierto un sumario en contra de la funcionaria involucrada.
Además, anunció que presentarán una querella criminal en contra de esta y de Carabineros, para sancionar el abuso ilegítimo cometido en contra de María Paz Cajas, “dentro del contexto de una detención absolutamente ilegal y arbitraria”.
El Presidente de la Comisión, diputado Tucapel Jiménez (PPD) dijo que quedaron impactados por su testimonio, donde sin ser parte de las manifestaciones, se le detiene y maltrata, y manifestó su solidaridad por la gravedad de lo ocurrido.
Asimismo, confirmó que solictarán información a Carabineros sobre si existe un sumario y, si no es así, que se investigue. Paralelamente, agregó, oficiaron a diversos ministerios para conocer en qué estado está el proyecto que pone fin a la justicia militar.
Reserva Comisión Valech
En un segundo punto, y en el marco de la discusión del proyecto que establece el carácter público de los antecedentes recogidos durante el funcionamiento de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), la instancia escuchó al consejero del INDH y ex miembro de la citada comisión, Miguel Luis Amunategui.
El abogado manifestó, a título personal, su desacuerdo con la propuesta legislativa, explicando la importancia que tuvo para el funcionamiento y resultados de la Comisión Valech el compromiso que los testimonios se mantendrían en reserva, ya que esto posibilitó que las víctimas se atrevieran a contar las situaciones y vejámenes vividos, que las afectaban sicólogicamente, en su dignidad humana, y que en muchos casos eran desconocidos incluso para sus propias familias.
Cabe recordar que la Ley 19.992, que estableció beneficios para aquellas personas acreditadas en su calidad de víctimas, estableció la reserva por 50 años de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por estas.
El proyecto en trámite en tanto, aboga por el carácter público de esta información, sosteniendo que la reserva ha permitido consagrar institucionalmente la impunidad.
Al respecto, Miguel Luis Amunategui fue enfático en puntualizar que “la reserva que establece el decreto no es una reserva absoluta, no priva a las declarantes de su opción personal. Es decir, está planteada en que terceros no puedan pedir información a la comisión ni los tribunales pueden pedir información, tomada bajo reserva, pero las personas que hicieron sus declaraciones tienen pleno derecho a retirar sus papeles y a llevarlos a la justicia del crimen y pedir sanciones”.
Por lo mismo, insistió que el proyecto no es necesario y que estaría vulnerando un compromiso que adoptó el Estado con las víctimas respecto del resguardo de una información que para ellas es muy sensible.