Sin duda la presidenta Bachelet cometió un error político al querellarse contra la revista Qué Pasa. Su decisión provocó lo que era previsible: la reacción corporativa de los medios de comunicación convertidos en una jauría rabiosa. Esto en circunstancias que su gobierno, y ella misma, se encuentran sumamente debilitados en materia de apoyo social y político. Encuestas recientes les atribuyen poco más de 20%. En síntesis, fue un paso en falso. La presidenta pisó el palito. Sin embargo, su decisión no carece de sentido. La política no es una obra de ingeniería, como aseguran algunos. No es una ciencia exacta ni sus protagonistas son robots. La hacen seres humanos cuyas iniciativas están impregnadas de intereses de clase, de ideales y pasiones, de codicia y generosidad, de heroísmo y cobardía, y todo eso influido, además, por la cultura -tradiciones y modo de vida- de sus pueblos.
La presidenta, entonces, reaccionó como haría cualquier ciudadano -si pudiera- que se considere calumniado e injuriado. Fue acusada -nada menos- de recibir mil millones de pesos (casi un millón y medio de dólares) en el oscuro negocio inmobiliario que han protagonizado su nuera y su hijo. Esto, afirma la presidenta, es una “infamia” y una “canallada”. Para defenderse apeló a una ley que no todos los que sufren este tipo de abusos pueden invocar. Una querella judicial contra una empresa poderosa en lo económico y político significa gastos en abogados, trámites y tiempo perdidos si no se tiene algún grado de presión social.
La presidenta no acudió a la Ley de Seguridad del Estado, que se encuentra a disposición de las autoridades. Eso habría significado rociar con gasolina una hoguera que -por mucho menos- hoy la acusa de “amedrentar” a la prensa y “coartar la libertad de expresión”.
Punto Final sabe lo que significa ser llevado a los tribunales por rasguñar aquella coraza que protege al Estado, heredera de la Ley de Defensa de la Democracia, llamada “Ley Maldita” por los comunistas. Desde luego las querellas contra PF por Ley de Seguridad del Estado (o por otras leyes civiles y militares) no perturbaron la digestión de los medios que hoy echan espuma por la boca en solidaridad con la revista Qué Pasa.(1)
¿Cuántos ciudadanos difamados y humillados diariamente -como el pueblo mapuche, digamos- no quisieran hacer lo mismo que la presidenta?
La jauría mediática -desde la siniestra Sociedad Interamericana dePrensa (SIP) hasta algunos políticos y opinólogos bien pagados- han quebrado lanzas en defensa de la libertad de expresión, un derecho tan fantasmal como otros presuntos derechos ciudadanos -a la salud, la educación, el trabajo y salario dignos, digamos-. Los que han convertido al periodismo en una industria deshumanizada, aparecen como ardientes defensores de una libertad de expresión que les pertenece solo a ellos. Un derecho que también ha sido privatizado y que es regulado por el mercado, ajeno a los intereses de la nación e indiferente a las necesidades del pueblo.
Los periodistas también son víctimas de una realidad que les obliga a callar para no poner en peligro el sustento de sus familias. La mayoría de los periodistas chilenos están conscientes del rol social de su oficio -el más hermoso del mundo al decir de García Márquez-. Pregúntenles si creen que existe libertad de expresión y si ellos mismos gozan de ese derecho. Pregúntenles si no es cierto que la línea editorial e informativa de los medios las determinan las gerencias y que la pauta publicitaria es el supremo juez de la noticia y de la opinión que se difunden. Pregúnteles si no se sienten avergonzados cuando los afectados -por lo general sindicatos y organizaciones sociales- les reprochan por noticias que nunca aparecen o por informaciones que distorsionan la verdad. Los Don Nadie de este país -que son la mayoría- creen que los periodistas son los responsables de censuras y tergiversaciones. Ignoran el drama y miseria moral que se viven cada día en los medios periodísticos.
La querella de la presidenta plantea una oportunidad para abrir un debate serio sobre el rol social del periodismo, la propiedad de los medios y la libertad de expresión. Una discusión que no será acogida en los medios, salvo para denostarla, pero que enriquecería la visión política de millones de chilenos. Lo proponemos como tema a los movimientos sociales y a las agrupaciones políticas que intentan unir sus luchas con la mirada puesta en el horizonte de una Asamblea Constituyente. Uno de los objetivos más relevantes de la nueva Constitución será recuperar la libertad de expresión como un derecho social.
Se ha insinuado que la publicación de Qué Pasa pudiera formar parte de una oscura maniobra política. No habría que descartarlo. Basta ver la extrema sevicia mediática aplicada a Dilma Rousseff en Brasil y a Nicolás Maduro en Venezuela. Un nuevo tipo de golpismo ha surgido en América Latina con el imperio, como siempre, dirigiendo la orquesta.
¿Cuál sería el propósito de una conspiración de ese tipo en Chile? Sin duda terminar de hundir en el desprestigio a Bachelet y su “Nueva Mayoría”, asegurando lo que ya parece inevitable: el retorno de la derecha-derecha al gobierno, vía Piñera o Lagos.
MANUEL CABIESES DONOSO
(1)A Punto Finalse le ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado en tres oportunidades: marzo de 1969, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el director fue detenido y la revista clausurada durante un mes; septiembre de 1989, bajo dictadura, y septiembre de 1991, gobierno de Patricio Aylwin. Enambas ocasiones el director también estuvo detenido. Los medios del duopolio no se dieron por enterados que existían estos atentados a la libertad de expresión.
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 853, 10 de junio 2016.