El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pretende, en un acto insólito, sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Venezuela aplicándole la Carta Democrática Interamericana (CDI) con los argumentos mendaces de la contrarrevolución. Para ello ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente (CP) del organismo entre, el 10 y el 20 de junio.
Esto, cuando Venezuela es acosada desde todos los flancos por Estados Unidos y la derecha internacional, aprovechando la desaparición del presidente Hugo Chávez y la caída drástica de los precios del petróleo. Mientras, el chavismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro se mantienen firmes en defensa de la Constitución y han declarado una rebelión contra la CDI.
La iniciativa de Almagro fue lanzada dos días antes del miércoles 1º de abril, cuando estaba convocada una reunión del CP para, a pedido de Argentina, presidente pro témpore de la instancia, discutir la situación en Venezuela. Curiosamente, Buenos Aires había impulsado, a espaldas de Caracas, un proyecto de resolución, endosado también por Barbados, Brasil, Canadá, Costa Rica, EU, Honduras, México, Panamá, Perú, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, que aunque llamaba a mantener el diálogo entre el gobierno y la oposición en el país sudamericano, iniciado ya en Santo Domingo con la intermediación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Omar Torrijos (Panamá), no especificaba –como proponía el proyecto presentado por el embajador Bernardo Álvarez, representante venezolano– que toda solución en Venezuela debe basarse en el respeto a su soberanía y reconocer al gobierno constitucional y legítimo que preside Maduro, así como que el diálogo actual cuenta con el patrocinio de Unasur. Ambas cuestiones son de fundamental importancia, pues si se dejaran fuera del texto quedaría la puerta abierta al golpe de Estado y a la intervención, y si se obvia a Unasur, se le da implícitamente a la OEA una beligerancia en cuanto a la situación en Venezuela que no se ha ganado y que Caracas y otras capitales de la región no desean.
De allí que la presidencia argentina pasara de la extraña postura de someter su proyecto de resolución, a la votación por consenso, sin haberlo siquiera conversado con Venezuela, a la más razonable y democrática de conceder un receso para, de acuerdo con la amable y amistosa solicitud de Álvarez, dar tiempo suficiente para que pudiera ser conocido el proyecto venezolano por los estados miembros.
Conviene recordar la guerra multidimensional desencadenada contra Caracas por el imperialismo, sus aliados y acólitos, en particular Álvaro Uribe y sus seguidores en Colombia y el impresentable gobierno de Mariano Rajoy, apoyado a dúo por los corruptos ex presidentes José María Aznar y Felipe González.
Parte central en esta aventura es el hostigamiento a que Washington ha sometido a Caracas desde el frustrado golpe de Estado de abril de 2002, que incluye la dirección y organización de la oposición apátrida en el país sudamericano, la planificación de sus actividades por el Comando Sur de Estados Unidos y las inmisericordes campaña mediática y guerra económica. Súmesele el cínico decreto de Obama que declara a Venezuela un grave peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, renovado recientemente por la Casa Blanca por segundo año consecutivo.
Todo indica que Almagro tiene una prisa enorme por congraciarse con Washington y con la extrema derecha antivenezolana. En cuanto llegó a la desprestigiada OEA arremetió contra Venezuela, como no lo ha hecho en relación con ninguno de los gobiernos neoliberales que cometen graves violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho y ensangrientan y empobrecen a los pueblos de nuestra América.
De Almagro me dijeron dos fundadores del Frente Amplio (FA) de Uruguay que viene de la extrema derecha del Partido Blanco, y que luego de una gris carrera diplomática ingresó a esa colectividad para ascender a embajador y luego a canciller fingiendo compartir la política de unidad e integración latino-caribeña de los gobiernos del FA para posicionarse en la OEA con el apoyo de los gobiernos de izquierda de la región y luego ponerse al servicio de las posiciones más derechistas. Esta semana ha sido señalado por Kintto Lucas, ex embajador uruguayo y senadores del FA, que han manifestado vergüenza por su traicionera conducta.
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