El Tribunal Oral Federal N°1 dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras. Los alcances del Plan quedaron demostrados en su total magnitud. Por muchos motivos se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional: el cúmulo documental, las cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trama permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
En el veredicto del Tribunal se determinó que los imputados fueron parte de ese sistema criminal y que fueron responsables de algunas operaciones específicas en el marco del Plan. Por esas razones condenó el viernes a la pena de 25 años a Santiago Omar Riveros y al ex militar uruguayo extraditado a la Argentina para este juicio, Manuel Juan Cordero Piacentini. A 20 años a Reynaldo Benito Bignone y a Rodolfo Emilio Feroglio. A la pena de 18 años a Humberto José Ramón Lobaiza. A Antonio Vañek, Eugenio Guañabens Perelló, Enrique Braulio Olea los condenó a la pena de 13 años de prisión. A 12 años a Luis Sadi Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel Delío, Felipe Jorge Alespeiti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Federico Antonio Minicucci fue condenado a 8 años.
También condenó a Miguel Ángel Furci, ex agente de Inteligencia, a la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, padecidas durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti.
Juan Avelino Rodríguez y Carlos Horacio Tragant fueron absueltos.
Luego de 40 años del acta de fundación de la Operación Cóndor y 16 años de instrucción de la causa, este juicio consiguió aportes valiosos al conocimiento de la verdad sobre los años del terrorismo de Estado y la red criminal en la región.
Durante la tramitación de esta larga causa, fallecieron y quedaron apartados del proceso varios imputados. Sin embargo entendemos que subsiste la obligación del Estado, que nace de los crímenes contra la humanidad, de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente, aun cuando no se pueda condenar a uno de sus responsables.
El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil, y Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representábamos a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.
Centro de Estudios Legales y Sociales
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