La derecha le teme al proceso de asamblea constituyente, temor que radica en que el soberano pudiera cambiar, eventualmente, en algunos aspectos, “el poder divino del derecho de propiedad”. Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, el único derecho en que, incluso, se usan términos religiosos, es el sagrado derecho a la propiedad.
El llamado “proceso constituyente” es un juego gatopardista, donde se simula la participación popular a través de cabildos, que carecen de toda facultad vinculante, pues las decisiones las tomará, en definitiva, el parlamento bicameral, con quórum propios de una Constitución pétrea – dos tercios en cada una de las Cámaras -. Esos cabildos no tienen nada que ver con los de la época pipiola, que dieron lugar a la Constitución de 1928, estos tenían facultades decisorias, mientras que los actuales son meramente consultivos y opinantes.
El emborrachar la perdiz en procesos constituyentes no es nuevo en nuestra historia: en 1925 Arturo Alessandri nombró una gran comisión, integrada por todos los partidos políticos existentes, incluyendo a la izquierda comunista dependiente de los trotskistas. En el fondo, se hacía para dar apariencia de participación democrática a un proceso que iba a ser decidido por una comisión pequeña, limitada a aprobar el texto previamente redactado por el Presidente de la República, don Arturo Alessandri, cuyas ideas centrales las había preparado durante la época de su exilio en la Italia de Mussolini. En esencia, la aparatosa comisión grande y pluralista nunca se reunió, y solamente fue un circo para entretener a la ciudadanía. En sus Memorias de gobierno, Alessandri confiesa que “los procesos constitucionales son muy largos y que era más fácil tomar el atajo y realizar el ´ágape´ con una pequeño grupo de amigos juristas” – no en vano, los políticos chilenos, en su mayoría, eran abogados -.
Los cabildos, a mi modo de ver, siguen un procedimiento muy similar al de 1925. Actualmente no se consulta a las fuerzas vivas de la nación, pues el término ha devenido en obsoleto a causa del fracaso del corporativismo, pero se recurre a la ciudadanía so pretexto de abrir una ventana a su participación.
Un sector de la derecha, concretamente Evópoli y el candidato Manuel José Osandón, entendieron que el proceso de participación de los cabildos no ponía en peligro la propiedad privada, su único dios, y que, por consiguiente, era más ventajoso para ellos el participar en esas instancias, que mantenerse al margen. Al fin y al cabo, el encargado de ultimar los platos para el banquete iba a ser el senado, por consiguiente, mantener al pueblo entretenido y felices de participar al fin de un proceso histórico, del cual siempre ha sido marginado, no constituye, en sí, un peligro para las élites plutocráticas, pues hay que reconocer que asistimos a un bajo nivel de conciencia y cambio en la ciudadanía. Por lo demás, la mayoría de las encuestas muestran un alto grado de aceptación para la participación en una nueva Constitución. La mayoría de los integrantes de la derecha ha decidido tomar el camino de organización de una especie de cabildos paralelos, en los cuales se discutirán las ochenta propuestas de cambios constitucionales ya acordados por las directivas de Chile Vamos de RN y UDI, y que los ciudadanos deben acatar una vez tomada la decisión -.
El camino gatopardista, adoptado por el conjunto de la derecha, consiste en cambiar algunos términos de la Constitución de 1980, sin tocar la médula – por ejemplo, reemplazar el vocablo subsidiaridad por el de solidaridad, pero manteniendo incólume la sacrosanta propiedad privada -.
Uno de los puntos interesantes de la propuesta es la de reemplazar el presidencialismo monárquico por el semipresidencialismo, pero como se ha comprobado, justamente, en el cambio de régimen político hay una desacuerdo transversal, no sólo en Chile Vamos, sino también en la Concertación – o Nueva Mayoría -, en consecuencia, pienso que va a morir en “la cocina del senado – baste recordar que este importante tema ha sido discutido en varias comisiones parlamentarios y en distintos períodos legislativos e, incluso, formó parte del proyecto de Constitución de la Comisión de los 24, antes del plebiscito de 1988 -.
El juego de participación está terminando en la apertura de dos cabildos paralelos, que darán sendas propuestas a la consideración de la Presidenta de la República para integrar un texto constitucional y que será entregado en manos de los “cocineros” del Parlamento, encargado de decidir, en última instancia, un plato que les acomode y que no difiera mucho de la democracia de los acuerdos.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
17/05/2016