La concentración del poder en Santiago no sólo mantiene en situación dependencia y humillación a las regiones del país, sino también termina por afectar a la Región Metropolitana. El sistema político chileno tal como lo vivimos hoy no aguanta más: al poder monárquico del Presidente o Presidenta de turno se agrega un centralismo arcaico, que ha llegado a situaciones cada vez más críticas.
La historia de Chile en el siglo XIX está marcada por cuatro guerras civiles y dos de ellas expresan la rebelión de las provincias contra la potente aristocracia santiaguina: la de 1851, en Concepción y La Serena, que terminó con la derrota en Loncomilla, y la de 1859, principalmente en Coquimbo y Atacama que culminó en Cerro Grande, ambas con el triunfo del gobierno de Manuel Montt – tan admirado por los historiadores reaccionarios -.
En el sistema político chileno los intendentes y gobernadores son títeres del monarca de turno y todos los conflictos importantes la entidad que interviene y tiene la posibilidad de solucionar los problemas está anclada en el gobierno central, y aún más precisamente, en el ministro de Hacienda – la desafortunada declaración del ministro del Interior, Jorge Burgos, “este no es un gobierno de billetera fácil” ha producido una justa indignación en la ciudadanía cuando se conoce el despilfarro de millones de dólares en el famoso Milicogate, sumado a los subsidios a la industria salmonera a raíz de la catástrofe con el virus Isa.
El gobierno niega la incidencia de la aparición de salmones muertos cerca de las playas – incluso utiliza algunos informes científicos para avalar esa hipótesis – y achaca el problema al calentamiento global, pero el hecho es que la influencia negativa de la industria del salmón ha colaborado en el envenenamiento del mar con las lamentables consecuencias que estamos viviendo. El gobierno centralista siempre está al servicio de las grandes empresas que destruyen el medio ambiente, entre ellas, las madereras en Arauco, las mineras en el norte y las salmoneras en el sur, que pueden actuar, muchas veces ilegalmente, sin ninguna regulación. Poco le importa al gobierno la calidad de vida y la salud de los habitantes de provincia, y este menosprecio recorre toda nuestra historia patria, pues el solo hecho de no ser santiaguino ya constituye un estigma.
Los distintos gobiernos han demostrado una gran incapacidad para colaborar en la superación de los conflictos entre las regiones y el poder central: en Magallanes, el ministro de Minería de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, fue superado por la capacidad organizativa y de unidad de los puntarenenses; en Aysén ocurrió algo similar con los distintos enviados a terreno; en la Araucanía el problema no ha tenido solución alguna en los distintos gobiernos de la transición la democracia.
Cuando el gobierno se ve superado por la movilización popular recurre a la represión por parte de la policía armada hasta los dientes, llevada desde Santiago – los carabineros de la misma región se han negado a masacrar a sus parientes y vecinos pues, en definitiva, sufren las mismas consecuencias de explotación y miseria -. El gobierno de Piñera, en este plano, atacaba sin consideración, pero los gobiernos de la Concertación, que al comienzo disimulan una cierta comprensión y abren posibilidades de diálogo, muy pronto terminan utilizando los métodos de la derecha – Burgos es igual de “paco” que Hinzpeter y, en general, los fachos de RN no son muy distintos de los democratacristianos – que sólo les interesa el desarrollo de las grandes empresas, que explotan sin piedad la naturaleza, y muy poco el bienestar de los habitantes del sur de Chile, sean mapuches, huilliches, patagones o chilotes.
Los bonos, si bien son necesarios para que la gente logre sobrevivir en estos momentos de desabastecimiento y hambre, nunca alcanzan ni siquiera para la paliar la situación actual. Según la Fundación Sol, el promedio del ingreso familiar no llega a $300.000, sin tener en cuenta que el costo de la vida en provincias – sobre todo aisladas – es el doble del de Santiago.
La compresión del problema por parte del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, es en verdad muy limitada. Por cierto que la incidencia de la marea roja, para gente que vive del mar – en este caso de los chilotes – es sumamente grave, y se agregan otros problemas propios del aislamiento y la escasa conectividad como es el lamentable caso de los hospitales, que carecen de especialistas y obligan a los habitantes a trasladarse al continente con sus enfermos en precarias condiciones de transporte.
A mi modo de ver, los conflictos entre el poder central y las regiones se irán radicalizando con el correr del tiempo, por consiguiente, no son los bonos, tampoco la represión, ni los sucesivos diálogos – muchas veces parecen monólogos – pues los ministros enviados no cuentan con el poder que se requiere para enfrentar los problemas, menos los intendentes que son personajes decorativos, cuyo único papel es ser fieles sirvientes del mandón de turno; la única salida es la refundación de un Chile federal, aquel que soñara el padre de la patria, don José Miguel Infante.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
10/05/2016