Cuando el “Profeta” de la meteorología, Iván Torres, anunció un fuerte diluvio sobre la zona central de Chile, nadie le creyó y, como el frente de mal tiempo se tardaba en llegar a Santiago, los malévolos amargados de las redes sociales pedían la cabeza del malogrado meteorólogo – dicho sea de paso, estos beneficiarios de las redes sociales, tipos muy ociosos por cierto, piden la cabeza de alguien como chivo expiatorio para salvar su mediocridad y frustraciones -.
El sábado último empezó a cumplirse el pronóstico de nuestro genio de la meteorología: llovía a raudales, con intensidad el domingo y moderado el día lunes. Los incrédulos y hombres de poca fe poco hicieron para prever y evitar que el río Mapocho cambiara su cauce y sus aguas se desviaran hacia la Avenida Andrés Bello, debido a las obras viales y la obstrucción del cauce normal por acumulación de materiales. No culpemos río sino, como corresponde, a un Estado irresponsable, con autoridades que no son más que lacayos de los dueños de Chile y sus las empresas privadas. ¿Qué puede importarles los tres muertos y diez desaparecidos y los enormes daños provocados en el comercio de los sectores colindantes a la inundación de las calles de Providencia? Dentro de los edificios dañados se encuentra el monstruoso edificio Costanera Center, ese falo símbolo del asqueroso país que se creía jaguar – su dueño llegó a comparar la torre con la Tour Eiffel, en París -. Hoy sabemos que apenas somos un gato mojado que colapsa con apenas 70 milímetros de lluvia acumulada.
Por cierto que no va a determinar ningún culpable de la catástrofe y nadie irá a la justicia, y ni siquiera repararán los daños provocados a la población en la justicia civil.
Aguas Andinas, empresa privatizada durante el gobierno del Presidente viajero permanente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se dio el lujo de dejar sin agua a cuatro millones de chilenos, con el consecuente riesgo de provocar una catástrofe sanitaria y, con seguridad, sus abogados se las arreglarán para no compensar a sus clientes por los daños provocados a los usuarios. En Chile, el precio del agua es uno de los elevados del mundo, y si alguna persona no paga el importe de la cuenta, de inmediato cortan el servicio sin medir las consecuencias – la mayoría de las personas ignora que el gerente actual de esta empresa fue la misma persona que privatizó Aguas Andinas, Guillermo Pickering, mano derecha de Frei en la privatización de esta Compañía.
CIPER Chile investigó y denunció el día 4 de enero de 2016, por medio de un artículo, “platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas”, los aportes de esta Compañía a Sociedades ligadas a Sebastián Piñera Echeñique, Pablo Longueira, Laurence Golborne y al yerno de Eduardo Frei, Pedro Yaconi. Las aguas, como servicio básico para la vida humana, debe ser controlada por el Estado, pero ¿cómo lo va a hacer si el Estado está raptado por las empresas y sociedades privadas, y los mismos que las privatizan terminan siendo sus gerentes?
Algunos ciudadanos se preguntan qué tiene que ver la Constitución con la vida cotidiana de todos y cada uno de los chilenos. Si no fuéramos tan cortos de miras y, por añadidura, analfabetos políticos, nos daríamos cuenta de que la propiedad privada del agua permitiría, fácilmente, terminar con la vida humana de los “tontilandeses”. El fin de esta semana pudimos ver, en la práctica cómo Aguas Andinas podría haber provocado una catástrofe de proporciones sin que el Estado pueda hacer nada para evitarla.
Si el menos la Constitución dijera “el monopolio absoluto de las aguas pertenece al Estado” y ningún gobierno, bajo ningún motivo, puede enajenarla, arrendarla o concesionarla sin que medie un plebiscito nacional en que dos tercios de los ciudadanos lo autorice. El atropello a este artículo significaría la remoción del Presidente de la República de turno. Bajo la acusación de traición a la patria.
Como siempre, va a pagar “Moya” y el chivo expiatorio va a ser Iván Torres.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
19/04/2016