Sin argumentos frente al éxito de los modelos económicos y sociales de los gobiernos progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se dedica al ataque a la imagen personal de los líderes de la izquierda de la región.
Cada vez más favorito para volver a ser presidente de Brasil, asumiendo la coordinación del gobierno de Dilma Rousseff, Lula es acusado de tener un departamento que nunca fue suyo, de un sitio que nunca le perteneció. Se ha vuelto el político más investigado por sus enemigos en el Poder Judicial y en la Policía Federal; se ha presentado siempre para declarar, sin ningún problema, pero nunca han encontrado nada que lo desabonara.
Lula, después de ser el presidente de más éxito que Brasil jamás tuvo, dentro y afuera del país, volvió a vivir en el mismo departamento de antes, en São Bernardo do Campo, periferia de la industria automotriz de Sao Paulo, donde él había hecho su carrera profesional de tornero mecánico y de líder sindical metalúrgico. Mientras Cardoso, después que salió de la presidencia tiene, entre otros bienes nuevos, un departamento en la Avenue Foch, el barrio más rico de París.
De la misma manera, Dilma Rousseff tiene un pedido de im-peachment encaminado por 38 votos de una comisión parlamentaria, 35 de los cuales están implicados en procesos de corrupción, mientras nada se ha probado contra ella.
Tratan de implicar a Evo Morales en supuestas acciones de favorecimento a una empresa privada, a partir de una relación afectiva que tuvo en el pasado. Y buscan acusar, sin ningún fundamento, a Cristina, en un supuesto caso de lavado de dinero.
Se trata de casos de persecución política, promovidos por la alianza entre sectores del sistema judicial y de los medios, unidos en el combate a la imagen pública de líderes populares.
Es la confesión de que la derecha no puede concurrir con esos líderes en la disputa democrática de las elecciones y de las manifestaciones callejeras. Trata entonces de buscar la judicialización de la política intentando sacar de la vida política a líderes populares de amplio apoyo en la sociedad.
La manera en que lo buscan es la descalificación personal. Los gobiernos del PT habrían tenido éxito porque habrían financiado sus elecciones y relecciones mediante procesos de corrupción. No encuentran por ningún lado, pero insisten en esas acusaciones intentando descalificar todo el proceso de inmensa democratización social que el país ha vivido en esos años.
Tratan de descalificar las gigantescas trasformaciones que ha vivido Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales y de Álvaro García Linera, alegando comportamiento personal indebido del presidente y de que el documento universitario que comprueba el currículum académico del vicepresidente no correspondería.
Al igual que intentan criminalizar a Cristina, sin ningún fundamento, como si ello pudiera descalificar el rescate de Argentina que Néstor y ella hicieron de la peor crisis de su historia.
De lo que tratan es de ensuciar la imagen pública de los líderes populares, con la reiteración de denuncias sin base alguna, pero que, por la reiteración, buscan crear sospechas respecto del comportamiento de esos líderes, buscando, a la vez, desplazar los temas económicos, políticos y sociales hacia los de la corrupción, con la acción correspondiente del sistema judicial.
El inmenso proceso de democratización social que ha vivido América Latina en este siglo está en peligro, en caso de que no se avance en la democratización de la formación de la opinión pública y en la democratización del sistema judicial.