Estados Unidos viene irguiéndose como campeón mundial de la ética, mientras con la otra mano lanza sus drones a matar gente a destajo en su lucha permanente por la democracia y contra el terrorismo, como ocurre a diario en Pakistán, además de su historial de agresiones por doquier durante largas décadas, con y sin Obama. Al parecer, últimamente inició una cruzada contra la corrupción. Comenzó con la podredumbre de la FIFA, el sagrado fútbol nuestro de cada día, y ahora financia “investigaciones periodísticas” de grueso calibre que detonan preparados impactos internacionales en todos los medios del mundo, verbigracia los Papeles de Panamá.
La algarabía y conmoción buscada por los “Panamá Paper’s” esquiva la cuestión de fondo, que es el hiper-negocio del lavado de dinero, donde la República de Panamá es un competidor casi insignificante a escala mundial. Aunque los papeles ensucian a jefes de Estado aliados de EEUU y defensores de los “fondos buitre” como Macri y el Rey de Marruecos, entre muchos otros, también salpican a Putin, a los dirigentes del PC chino y a muchos otros personajes hostiles para el país de Obama.
Entre los 12 millones de documentos hackeados a la empresa de abogados Mossack Fonseca pocos aluden negocios realizados con terceros en EEUU, Reino Unido o Europa occidental, donde se efectúan grandes transacciones. “Las revelaciones se detienen con detalle en Rusia, Islandia, México, Brasil, Argentina y España. Países importantes, pero con economías enanas comparadas con EEUU y Europa occidental”, explicó desde Panamá el periodista-sociólogo Marco A. Gandásegui hijo (Alainet.org).
El abogado Fonseca señaló sus socios más importantes son bancos y abogados en Miami (Florida) y el estado de Nevada, en EEUU, que junto con Delaware son consideradas las ‘lavadoras’ más grandes del mundo y compiten con sus contrapartes en el Canal de la Mancha (Gran Bretaña). “Sin embargo, dijo Gandásegui, no son consideradas ‘off-shore’ (extranjeras) y pueden operar debido a la protección que reciben de sus respectivos gobiernos (Washington y Londres, respectivamente)”.
Gandásegui se pregunta “¿qué trama política hay detrás de los 12 millones de documentos de la firma forense panameña Mossack Fonseca que el periódico alemán Süddeutshe Zeitung (Gazeta del Sur) dice poseer?” y “¿qué importancia tienen las 120 mil empresas de papel creadas por Mossak Fonseca en 40 años al lado de más de 10 millones que existen en EEUU y Europa?”
Gandásegui aclara “en primer lugar, que los documentos electrónicos de la firma panameña no fueron filtrados (leaked). Fueron ‘hackeados’. En otras palabras, el sistema fue penetrado y la información fue robada por agentes profesionales cuya identidad, por el momento, se desconoce”. Según Süddeutshe Zeitung, “la información provino de una fuente anónima”, pero agrega: “se supone que algunas computadoras del despacho Mossack Fonseca fueron intervenidas por hackers a fin de obtener correos electrónicos, certificados, estados de cuenta y otros muchos documentos”.
El Süddeutshe Zeitung fue elegido para lanzar la primera versión del reportaje sobre la firma de abogados de Panamá que diorige Ramón Fonseca Mora. Los méritos del impacto periodístico vía ‘hackeo’ se los atribuyó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, su sigla en inglés), que es un proyecto lanzado en Washington en 1997 por el Centro para la Integridad Pública (Center for Public Integrity, fundado en 1989), cuya misión es servir a la democracia con el periodismo de investigación llamado de “perro guardián” (watchdog), revelando abusos de poder, corru8pción y afines, financiado con generosidad por fundaciones y millonarios del mundo desarrollado, tales como Democracy Fund, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Endowment Fund, Microsoft Matching Gifts Program, Stephen I. Murdoch, George Soros y muchos otros. (https://www.publicintegrity.org/icij/about).
El ICIJ se autodefine como “una red activa global de 160 reporteros en más de 60 países que colaboran con historias investigadas a fondo” en temas de crimen fronterizo, corrupción y responsabilidad del poder. Un periodismo de apariencia muy atractiva donde el máximo jefe en Washington es el periodista australiano Gerard Ryle. Como se supone que estos periodistas investigadores comen, se visten, toman mucho café, usan celulares, etcétera, la pregunta obvia es ¿quién más paga la música?
El jueves emergió la noticia de que la agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID, su sigla en inglés) paso plata para financiar la investigación del ICIJ. Puso dinero pero no metió las manos en el trabajo aclaró Mark Toner, viceportavoz del Departamento de Estado de EEUU. En otras palabras Toner, reconoció que Washington financió a los periodistas ICIJ que indagaron –¿o hakearon?– el escándalo ‘offshores’, pero sostuvo que son periodistas “independientes” (del gobierno de Washington, claro). “(Los periodistas) recibían financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EEUU”, dijo en rueda de prensa Mark Toner, quien explicó que los recursos se entregan a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), informó RIA Novosti. Según el funcionario, los informadores fueron financiados “no para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones independientes periodísticas”. Añadió que la investigación fue llevada a cabo por periodistas de Organized Crime And Corruption Reporting Project (Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción, OCCRP) financiada por USAID, si bien EEUU no tuvo constancia de antemano de los resultados de la investigación de los ‘papeles de Panamá’, ya que -explicó Toner- no se involucró en su trabajo. Esto lo dijo Toner el jueves 7 de abril porque el día anterior, miércoles 6, el portal WikiLeaks anunció que la filtración masiva de documentos sobre empresas en paraísos fiscales corre a cargo del OCCRP, financiada por la USAID, así como por el fondo Soros.
En el fondo, pareciera que esta movida de los papales busca sacar a Panamá del negocio Offshore, que es legal, y del lavado a gran escala, que es ilegal. “En conclusión, dice Gandásegui, los abogados panameños que prestan servicios a empresas norteamericanas, británicas y de otros países se encuentran bajo la mira de los gobiernos que quieren que el negocio regrese a casa. Estos gobiernos han atacado formalmente a los ‘blanqueadores’ panameños y de otros países ‘off-shore’ a través del FMI y de la OCDE. Ahora han dado un segundo paso. EEUU y Gran Bretaña quieren introducir otro elemento al ataque frontal contra las operaciones de bancos y abogados fuera de sus respectivas jurisdicciones. Bajo el manto de supuestas investigaciones periodísticas, han descubierto el mundo tenebroso de las transacciones financieras internacionales de países, gobernantes y otras personalidades que son descartables (Putin, Lula, Peña Nieto, Kirchner, el primer ministro de Islandia y otros). Han ignorado las operaciones de los jefes de gobierno de los países ‘buenos’ y de sus camarillas.”
“Las revelaciones (filtraciones o ‘leaks’) de Snowden y Wikileaks fueron transparentes en sus intenciones: descubrir las maniobras inaceptables del gobierno de EEUU. El Consorcio de Washington y sus ‘papeles de Panamá’ no son transparentes y aún no conocemos cuáles son, en última instancia, sus verdaderas intenciones”, escribió Gandásegui.