La visita a Irak del juez español Santiago Pedraz para reconstruir el asesinato en Bagdad del camarógrafo hispano José Couso, de la cadena Telecinco marca un hito en la lucha por una efectiva justicia universal y también es una derrota política para el gobierno del “socialista” José Luis Rodríguez Zapatero, la Fiscalía Nacional de España, la Embajada de EEUU en Madrid, el gobierno de EEUU y todos los sectores interesados en echarle tierra al crimen.
La diligencia, practicada por una comisión judicial integrada por casi una veintena, también reivindica tácitamente la necesidad de justicia por los asesinatos de otros dos periodistas olvidados: el cámara ucraniano Taras Protsyuk, de 35 años, de la agencia británica Reuters, y el periodista jordano Tarek Ayoub, de 35 años, de la cadena árabe de televisión Al Jazeera. Los tres reporteros fueron muertos simultáneamente el 8 de abril de 2003, por los mismos asesinos profesionales del ejército de EEUU sindicados como responsables del triple asesinato: el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.
El joven juez Pedraz y su comisión terminó su misión el viernes con algunas dificultades. Pudieron visitar la habitación 1403, en el piso 14, e instalar una cámara similar a la de Couso en el balcón y apuntarla en dirección al puente Aljumuriya, donde se encontraba el tanque estadounidense que disparó el cañonazo mortal. También pudo observar el piso 15, que fue el blanco principal del mismo proyectil que acabó con las vidas de Couso, Ayoub y Protsyuk. Lo que no pudo hacer fue adentrarse en el puente Aljumuriya hasta el lugar preciso en que estaba el tanque porque se lo impidieron las tropas de Irak.
Según el relato del enviado especial de El País, Manuel Altozano, tras reconstruir los hechos en la habitación 1403, la comisión se desplazó al piso superior, que recibió directamente el impacto del tanque estadounidense. El juez Pedraz tomó declaración a testigos de otros medios de comunicación extranjeros que también estuvieron trabajando en el hotel Palestina el 8 de abril de 2003. Al magistrado lo acompañaron cuatro periodistas españoles que fueron testigos de los hechos: Jon Sisitiaga, el reportero de Telecinco que trabajaba con Couso; Olga Rodríguez, reportera de la Cadena SER; Jesús Quiñonero, cámara de Antena 3 y Carlos Hernández. Los cuatro periodistas españoles, acompañados por Safa Majid, el intérprete-guía que trabajó con Sistiaga y Couso en la cobertura de la guerra, regresaron a la habitación 1403 para quedarse a solas y recordar a su compañero ausente.
Los problemas de misión Pedraz comenzaron al llegar al puente Aljumuriya. El ejército iraquí les bloqueó el acceso hasta el lugar preciso en que se hallaba el tanque al momento de efectuar los disparos. Sólo dejaron acercarse al puente a ocho miembros de la delegación, pero lejos del lugar crucial de los disparos. Un militar impidió que el juez Pedraz tomara fotos a 120 metros de distancia del sitio exacto. Y sólo permitieron la presencia de tres cámaras, aunque para utilizarlas de lejos: las fotográficas del juez Pedraz y del abogado de la familia Couso Enrique Santiago y la de televisión de TVE. Argumentaron que el puente está bajo control militar y el permiso que obtuvo la diligencia de Pedraz fue emitido por el ministerio del Interior iraquí, …no por el de Defensa.
El juez Pedraz, en compañía de Jon Sisitiaga, Olga Rodríguez, Jesús Quiñonero, Enrique Santiago, Enrique Maillo (miembro de la Asociación Libre de Abogados), pudieron comprobar que desde esa posición se divisan perfectamente las cinco plantas superiores del hotel Palestina, un edificio de 17 pisos. La habitación 1403, donde Couso grababa cuando murió, está en el 14 y el grueso proyectil impactó en el 15.
Un juez iraquí, llamado Fhihad Ahmed Hussein, se despidió amablemente de su colega español. “Estoy muy honrado de colaborar con usted durante la práctica de las diligencias”. La delegación regresó a su hotel en varios vehículos. Eso fue todo
Boicot oficia hispano a la diligencia
La inspección ocular de Pedraz y su comisión judicial tuvo que vencer varios obstáculos. Primero, el caso fue archivado en dos ocasiones por la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España, pero después el Tribunal Supremo anuló esas decisiones por considerar que sí existían indicios fundados de delitos de homicidio y contra la comunidad internacional que el juez imputó a los tres militares estadounidenses que ordenaron y ejecutaron el disparo que acabó con la vida de Couso (y sus otros dos olvidados colegas). El mismo tribunal ordenó la diligencia practica en Bagdad.
No obstante, el gobierno de Rodríguez Zapatero y el ministerio Fiscal se opusieron al viaje a Bagdad. El ministerio de Justicia le escribió al juez Pedraza 13 de enero expresándole su “altísima preocupación” por el viaje por no existir en Irak garantías para la protección de la comisión judicial (integrada, además, por la secretaria judicial, los testigos y los abogados de las partes). Añadió que la embajada de España carecía “de medios propios en aquel país para garantizar la seguridad de 17 o 18 personas”, incluyendo periodistas y enviados especiales.
Según los Wikileaks, la embajada de EE UU en España informó al Departamento de Estado que la ex vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y el ex responsable de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos maniobraron sin éxito para archivar el caso a lo largo de toda la investigación judicial. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le garantizó al embajador de EEUU que el ministerio público se opondría a las eventuales órdenes de detención de Pedraz contra los tres militares estadounidenses imputados.
Pedraz fue atendido en Irak por nueve magistrados del Tribunal Supremo iraquí que le demostraron apoyo durante su estancia. Su colaborador durante la inspección ocular, Fhihad Ahmed Hussein, es el juez del tribunal de Al Rusafa, bajo cuya jurisdicción se encuentran el hotel Palestina y el puente Aljumuriya. La diligencia fue una victoria para la justicia universal y el magistrado Santiago Pedraz, como también otro hito en la tenaz lucha del abogado de derechos humanos Enrique Santiago, quien ha actuado judicialmente contra el centro internacional de torturas de la prisión de Guantánamo como delito de lesa humanidad, contra los “servicios de hotelería” negociados en 80 mil dólares por cada prisionero guantanamero eventualmente recibido en España por el gobierno de Rodríguez Zapatero y el reabastecimiento en España de vuelos secretos de la