Ninguna persona bien nacida puede restarse a la condenación del asesinato de una pareja de ancianos, consumidos por las llamas. Personalmente, profeso la no violencia activa, por consiguiente, rechazo toda forma de brutalidad. Nunca he podido aceptar la aplicación de la ley antiterrorista, verdadero engendro de una dictadura inicua, canallesca y criminal. Esta ley, no sólo atropella los derechos humanos, sino que también es la antítesis de cualquier forma de contención democrática. Nuestro país ostenta el campeonato mundial de leyes liberticidas: responder con terrorismo de Estado a hechos, por cierto, repudiables, me parece inaceptable.
El conflicto mapuche tiene raíces mucho más profundas y se remontan a la llamada “pacificación de la Araucanía”. En Chile, la historia se enseña en base a textos redactados por historiadores racistas, como es el caso, por ejemplo, de Francisco Antonio Encina, exaltando a personajes criminales como Cornelio Saavedra, general responsable, en el siglo XIX, de la aniquilación del pueblo mapuche. Los chilenos “de a pié” ignoran las bestiales torturas que el ejército chileno aplicó a este pueblo originario; sólo podríamos compararlo con aquellas que el ejército francés aplicó en Argelia y, posteriormente, los esbirros de Augusto Pinochet en Chile.
Valdría la pena que se leyera el libro Guerreros civilizadores, de Carmen Mc Evoy, Edit. U. Diego Portales, donde explica, profundamente, la ideología que subyace en la sociedad chilena, en el período de la Guerra del Pacífico, que coincide con la llamada “pacificación de la Araucanía”. La idea era “civilizar” a pueblos que el ejército chileno y su gobierno consideraban inferiores. Por ejemplo, veían a Bolivia como una despreciable nación indígena, a Perú y, sobre todo, a Lima, como una mujer a la cual había que civilizar con métodos como la violación, el estupro y el robo; durante años, Chile ocupó Lima, prolongando el conflicto bélico y haciendo muy difícil la salida pacífica.
El pueblo mapuche era mirado, además, como un objeto de civilización, no muy distinto de peruanos y bolivianos, salvo el hecho de que Alonso de Ercilla y, posteriormente los héroes de la independencia, hayan difundido la idea de la “bravura” de Lautaro, Galvarino y Caupolicán que, en el siglo XIX, para el ejército pacificador, estaba alcoholizado y degenerado.
La deuda de sangre, hasta ahora, no ha sido saldada: ni el Estado, ni el ejército nunca han reconocido la ignominia contra ese pueblo – algo parecido ocurre con los detenidos desaparecidos de la era Pinochet -.
Salvo algunas políticas aplicadas por José Aylwin, durante el primer gobierno de la Concertación, los gestores del duopolio no han dejado estupidez por hacer con respecto al tratamiento de las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Michelle Bachelet, a través de su ministro José Antonio Viera-Gallo, se limitó a comprar tierras a los latifundistas, a un alto precio, y entregárselas a los comuneros mapuches. El gobierno de Sebastián Piñera está eligiendo el peor camino – la represión – que lleva, finalmente, a la militarización de la región – y, para más remate, el candidato de la UDI, Laurence Golborne, pide que se reemplacen las balas de fogueo, por las de plomo, algo así como “cazar indios”.
En Canadá, un país civilizado, ha resuelto correctamente el tema de los pueblos originarios, definiéndose como un país multicultural, multiétnico, y con un federalismo asimétrico – reconociendo tierras bajo la dirección indígena -. Cuando viví en Ottawa, pude comprobar cómo existía hasta una línea aérea Inuit (esquimales).
En Chile debiéramos tener un porcentaje determinado de parlamentarios de las etnias originales, como también un federalismo asimétrico, que posibilite la existencia de alcaldes, cores e intendentes, procedentes de las comunidades indígenas. La Constitución debe reconocer a los mapuches como una nación, y el Estado debe negociar con ellos como tal.