Luego de cinco años de negociaciones, el pasado miércoles –cerca de las 20 horas en horario chileno- el canciller Heraldo Muñoz firmó el Acuerdo Transpacífico TPP junto a representantes de otros 11 países. El tratado, liderado por Estados Unidos, deberá enfrentar ahora la votación en el Parlamento para conseguir su vigencia.
Pese a que la mayoría de sus contenidos son públicos hace pocos meses, una gran parte de la ciudadanía ha reaccionado ante las amenazas que el TPP implica sobre los intereses del pueblo chileno. Entre los desventajas ya denunciadas se considera el encarecimiento de los medicamentos genéricos, la privatización de las semillas –y consiguiente aprobación de la Ley Monsanto en su versión internacional UPOV91-, la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y la inminente censura de contenidos en Internet.
Para los miembros de la Plataforma Chile Mejor Sin TPP, la defensa que el canciller Heraldo Muñoz realizó del tratado desde Nueva Zelanda no entrega las garantías necesarias.
“Hoy no están salvaguardados los intereses de todos los chilenos en el TPP, sino los intereses de las empresas que podrían verse beneficiadas. La ciudadanía espera un gobierno que hable con la verdad sobre las consecuencias del acuerdo, los movimientos políticos y ciudadanos vislumbramos consecuencias negativas que ellos no reconocen”, señaló el vocero Carlos Figueroa.
Los efectos indeseados del TPP ya capturaron la atención de los parlamentarios, que pronto tendrán que tomar la decisión de aprobar o rechazar el tratado. Mientras, diputados y senadores de diversos sectores políticos han comenzado a adelantar su voto en contra del acuerdo.
“Con firma del TPP sólo aumentamos barreras de entrada alargando cantidad de años protegiendo las patentes y afectando a biosimilares”, argumentó la diputada independiente Karla Rubilar. “Por sus implicancias a la salud de nuestro país y nuestros pacientes, en la cámara votaré #NOALTPP”, agregó.
FIRMA VULNERA DERECHOS INDÍGENAS
Otro aspecto relevado durante la conferencia es la ausencia de consulta indígena al texto del acuerdo, tal como establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile desde 2009, ante medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos.
Al respecto, Paulina Acevedo, miembro del Observatorio Ciudadano y vocera de la Plataforma, afirmó que “lo acontecido en Auckland da cuenta de una total incongruencia del Estado en su actuación en el ámbito internacional, pues al mismo tiempo que estampa su firma en el texto de un tratado internacional de carácter comercial aún no adoptado, esta acción del ejecutivo viola otro tratado internacional, en este caso de derechos humanos, como es el Convenio 169, que sí está ratificado, al no realizar la consulta indígena de forma previa y de buena fe”.
Acevedo confirmó, además, que denunciarán “este grave hecho a las instancias internacionales correspondientes, y que exigiremos la consulta indígena durante su paso por el Congreso, ya que este poder del Estado también está obligado a la consulta indígena antes, durante y/o después de la tramitación legislativa, como ha especificado el relator de Naciones Unidas, James Anaya”, concluyó.