Comenzando el 2016

 

Se han apagado ya los fuegos de artificio y los jolgorios con que las municipalidades chilenas entretienen a la comunidad año a año para hacerle olvidar sus reales problemas de subsistencia y subordinación; se han apagado, igualmente, los ecos de la Navidad y el frenesí de las compras. Podría pensarse que se inicia, en esta parte del continente americano, un período de descanso y tranquilidad.

 

 

 

Pero no es así; a la locura de las fiestas de fin de año sucede la temporada estival, el periodo en que los medios de comunicación, constantes formadores de ideología, recuerdan al incauto la necesidad de escapar de los calores veraniegos no tanto porque sean insoportables, sino ‘porque todo el mundo’ arranca hacia otros lugares. Se dará, así la paradoja que concita la admiración de quienes no aciertan a explicarse por qué unos quieren abandonar su ciudad, en tanto quienes viven en otras están esperando poder arribar aquella, abriéndose de esa manera una época de frenético intercambio de poblaciones humanas. El sistema capitalista se fortalece en ese tránsito que sucede a la agitación de fines de año.

La apertura de un año no es, sin embargo, solamente aquello. Menos un año como 2016. En el mundo de la escena política, hay voluntades que se conciertan para producir determinados efectos y preparar perversidades al amparo de las sombras. La política es el campo de la lucha de clases; más bien, de la lucha de las clases y fracciones de clase dominantes por imponer su hegemonía sobre las demás, hegemonía que ha de disputarse constantemente; especialmente en el año que recién comienza.  Porque 2016 no es un año cualquiera. Se inicia con él un nuevo período de elecciones que ha de sustituir al frenesí veraniego, un período que la escena política debe necesariamente enfrentar para reproducir la dominación de clase establecida sobre la ciudadanía. En este año se convocará, una vez más, a la población, a concurrir a las urnas para elegir los alcaldes y concejales que han de gobernar en las comunas respectivas; el próximo (2017) se convocará a la misma ciudadanía para elegir a quienes han de representarlos en el Parlamento y en la presidencia de la república.

“La llegada del presente año 2016, da inicio a los procesos electorales y será la última etapa para consolidar las reformas prometidas por el Gobierno”,

anuncian los demócratacristianos Briones y Boselin[1].

El período eleccionario, sin embargo, no parece ser motivo de preocupación para una ciudadanía que nada quiere saber de tantos escándalos y corrupción; sí lo es para los llamados ‘actores’ políticos, cuya misión es continuar siendo tales. Por eso deben actuar, preparar el campo donde van a operar para reproducirse una vez más. Lo que implica que un grupo no despreciable de personas se encuentra, desde ya, elaborando planes, estrategias y tácticas para enfrentar la sucesión de escenarios que ha de presentar el año que recién se inicia. Y, debemos suponerlo con mayor razón, la que se avecina para 2017.

Pero, ¿qué puede hacer una escena política que ha luchado, porfiadamente, desde el advenimiento de la democracia post dictatorial, en desprestigiarse a sí misma, en justificar con creces el profundo desprecio que Pinochet sentía por quienes denominaba ‘señores políticos’? ¿Qué puede hacer una escena política que se ha mostrado incapaz de elevarse por encima de sus mezquinas apetencias personales para convencer a un electorado cada vez más reticente a la participación ciudadana?

Reconozcamos aquí que puede hacer muchas cosas. En primer lugar, persistir en lo que se es y continuar siéndolo, lo que implicaría seguir el ejemplo de algunos países en donde las minorías políticas se imponen por sobre las mayorías sociales y las dirigen a su entero antojo. Veamos si esta situación es posible en Chile.

En nuestro país, el grado de apoyo que tienen las colectividades que se disputan el mando de la nación no supera, en conjunto, el 23% de la población, según las últimas encuestas (un 13% por ciento para el sector denominado ‘Nueva Mayoría’ y un 10% al que ha dado en llamarse ‘Chile Vamos’).  En este caso, de mantenerse tales cifras y de ganar las elecciones con una baja participación ciudadana, ese 23% vinculado a los partidos políticos del país controlaría la ‘veleidad’ del 77% restante de la población nacional, situación que se ha dado en otras latitudes y que, en realidad, no afecta mayormente la marcha del sistema. Pero en una nación como Chile, de larga tradición democrática, la falta de legitimidad estaría amenazando constantemente a los gobernantes como una espada de Damocles sobre sus cabezas.

Esta situación es conocida por los actores políticos. Ha sido, por consiguiente, convenientemente estudiada por sus analistas. Todos están plenamente conscientes que es necesario dar un golpe de timón y aumentar la participación ciudadana en las justas electorales a fin de legitimar a los gobernantes. Y aquí viene el problema. Porque los actores políticos suponen que necesitan limpiar solamente los hechos (y no las personas) que han desprestigiado a la escena política de la nación. De si tal conclusión es o no una vía acertada para obtener el cometido, dependerá de lo que sucederá dentro de la escena política nacional en los meses venideros.

Limpiar los hechos y no las personas implica convencer a la ciudadanía que los problemas morales o éticos se encuentran al margen de la política y que sólo la comisión de delitos es censurable aún cuando, luego de establecidos, muchos de ellos queden únicamente registrados como tales pero no impliquen la aplicación de sanción penal alguna para quienes los cometieron.

Con respecto a la presidencia, el blindaje a quien detenta esa calidad ha de hacerse en armonía a las disposiciones autoritarias de la constitución pinochetista de acuerdo con la cual dicho alto cargo constituye el eje central sobre el cual se levanta la vertical estructura de la sociedad. Cualquier daño a su imagen implicaría un daño irreparable a todo el andamiaje institucional por lo que es necesario cuidar y proteger  aquella de toda posible agresión. El espíritu pinochetista reina y domina en ese campo. El gobernante no puede ser, por consiguiente, objeto de ataque alguno. Y es que la doctrina dictatorial resume con extrema fidelidad el rol de un presidente o primer ministro como genuino representante de la unidad política del Estado/nación.

En este orden de cosas, el proceso seguido ante la Fiscalía de Rancagua por el denominado ‘Caso Caval’ no debería tocar a la presidenta ni a su hijo, aún cuando este último aparece directamente involucrado en los hechos investigados, sino tan sólo a su cónyuge quien deberá representar el rol de la ‘mala’ de la película, como ya está sucediendo. Pero como el abogado querellante quiere, de todas maneras, involucrar al hijo de la presidenta, es posible que logre su cometido; si así sucediera el daño se produciría no por voluntad de la estructura estatal misma ni por un acto propio de la institucionalidad sino por la gestión de un sujeto particular interesado en alcanzar determinada finalidad.

En los otros aspectos relacionados con la protección del andamiaje institucional, pareciera que esa labor ha comenzado a realizarse con ciertos nombramientos ocurridos en los últimos meses de 2015 que no pueden ser considerados como un simple ‘tira y afloja’ dentro del juego político sino como un aspecto relevante de la lucha de clases entre las diversas fracciones de los sectores dominantes, la verdadera preparación de un campo de juego sobre el cual se va a realizar la acción política de dominación durante los dos años que restan a la actual administración. Nos referimos a los nombramientos del Fiscal Nacional, del Director del Servicio de Impuestos Internos SII y del Jefe del Departamento Jurídico de ese servicio.

Para la generalidad de los habitantes del país, cada una de esas personalidades representa la garantía de imparcialidad de un Estado neutro, ajeno a la lucha de intereses de quienes se desenvuelven en las esferas del poder. Craso error. No existen Estados neutros sino todos ellos constituyen la más genuina expresión de clase. Las estructuras estatales jamás son imparciales, sino corresponden a un aspecto de la institucionalidad, a agentes de un sistema que no tiene vocación suicida sino tiende a perpetuarse y a permanecer.

No por algo ha expresado, a propósito del nombramiento del Fiscal Nacional, Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema, hace dos meses atrás, que:

“[…] no es un cargo tan técnico, es un cargo político, como son también los cargos de Ministro de la Corte Suprema, para qué estamos con cosas. Son todos profesionales, la ventaja es que la Corte Suprema propone una lista de personas que tienen todos la posibilidad de cumplir adecuadamente su cargo. Ya la arista política la ponen los políticos, desde el punto de vista de las percepciones que tienen de la gente, y se pueden llevar una gran equivocación en esa parte, porque una persona una vez que es elegida pierde toda vinculación y actúa con total autonomía […]”[2]

Los cargos que se proponen son, en consecuencia, políticos, aunque existe la posibilidad que la persona elegida pueda actuar con plena autonomía; pero eso sucede tan sólo excepcionalmente. La dependencia  del elegido respecto de quienes han colaborado en su elección es generalmente manifiesta; con mayor razón existe dependencia con el espíritu de la institucionalidad: jamás va a ser propuesto para desempeñar un cargo de esa naturaleza una persona que no dé a quienes lo eligen garantías de someterse a la institucionalidad vigente, que es precisamente la que muchos desearían cambiar.

Y eso podría explicar que la actitud de un Fiscal Nacional jamás podrá ser extrema frente al manifiesto quiebre ético de la institucionalidad política de la nación. El Fiscal Nacional no ha sido elegido para sancionar a todos los que incurran en prácticas delictuales sino a quienes corresponda hacerlo. No olvidemos a Ulpiano: ’justicia es dar a cada cual lo que le corresponde’; a los dominantes les corresponde seguir dominando y a los dominados perseverar en  tal calidad.

En Chile, la solución ya parece estar de la mano de la ‘justicia’, porque una de las primeras medidas adoptadas por el flamante nuevo Fiscal ha sido ofrecer ‘juicios abreviados’ a una serie de imputados[3]. La primera sentencia en materia de financiamiento irregular de la política ha sido dictada en el proceso seguido en contra de Jovino Novoa,  uno de los más conspicuos dirigentes de la UDI. El ex funcionario de la dictadura fue condenado a la pena de tres años y un día de cárcel dentro del proceso seguido en contra de la empresa Penta, pena que le fue remitida. Según el periódico ‘La Tercera’, la resolución de la Fiscalía marcó

“[…] un estándar y un precedente […]”[4]

para los demás procesos, pues se hizo a través de un juicio abreviado que beneficiaba al procesado con condenas inferiores para el caso de colaborar con la justicia.

Esa no es una afirmación antojadiza; forma parte de las discusiones internas dentro del propio Ministerio Público. Y dentro del ámbito jurídico pues, como lo señala Pedro Orthusteguy, abogado de ‘Ciudadano Inteligente’,

“Efectivamente la vara que ha dejado el Ministerio Público es bastante baja en el sentido que todos los imputados van a exigir el mismo trato por parte del Ministerio Público en casos similares, no solamente referidos al tema Penta, sino a todos los imputados que tengan delitos tributarios. Hace dos semanas tuvimos un caso en Antofagasta donde, en un caso tributario mucho más sencillo, al imputado se le aplicó una pena de 3 años y 1 día y 540 días. Y era un caso exactamente del mismo tipo penal, también de carácter reiterado, pero se aplicó una pena mucho más severa. Por lo tanto, el criterio que estableció la Fiscalía significa que todos los delitos tributarios de ahora para adelante van a poder ser sancionados solamente hasta 3 años de presidio menor en su grado medio y se le va a tener que reconocer a todos la atenuante de reparación celosa si pagan los impuestos, de colaboración sustancial si aceptan el procedimiento abreviado”[5].

Por consiguiente, no debe sorprender que, en los demás casos, esté la Fiscalía solicitando

“[…] a los persecutores que están a cargo de los casos Penta, SQM y Corpesca proyectar parámetros para revisar los cierres y posibles salidas alternativas para cada imputado”[6].

El caso de Jovino Novoa es aún más emblemático pues el Tribunal Supremo de la UDI determinó no sancionarlo con la expulsión de sus filas, aduciendo que no se enriqueció con ese procedimiento. El fundamento fue expresado de la siguiente manera:

“[…] en aquellos casos en que no haya existido ni se haya perseguido enriquecimiento personal y sin perjuicio de las responsabilidades legales individuales, este Tribunal Supremo entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores”[7].

Como todas las demás organizaciones, personas e instancias, la UDI ha dejado a un lado, definitivamente, los principios éticos sustituyéndolos por principios jurídicos: no importan las trasgresiones morales sino únicamente las delictuales; éstas, sólo para el caso que hayan sido sancionadas previamente por los tribunales. Y en este último caso, el partido se reserva el derecho de hacer una calificación especial del caso. La corrupción es sostenida por la propia instancia partidaria.

Es posible que, de realizarse juicios abreviados a los demás miembros de la escena política nacional, el procedimiento que empleen los partidos políticos sea el mismo utilizado por la UDI pues la generalidad de todos ellos no ha querido sancionar a su militancia.

El camino de la Fiscalía no es diferente al que ha comenzado a emplear el Servicio de Impuestos Internos. Los juicios iniciados en contra de SQM, Corpesca y Penta siguen su curso normal y se resolverán de acuerdo a la solución de la Fiscalía con juicios abreviados. Pero aquellos que estaban en carpeta en contra de COPEC, Forestal Arauco, Ripley, BCI, Alsacia, Aguas Andinas, CorpBanca, Metalpar, Cencosud, Pesquera El Golfo, Newport, Inversiones Caburga, Endesay el Grupo Angelini serán archivados. ¿Razones?

 

“[…] lo que se conoce en relación con el financiamiento irregular de la política y la comisión de delitos tributarios que se cometieron para ese financiamiento es algo muy pequeño: es como la punta del iceberg. El asunto es mucho mayor […]. Lo que ocurre ahí es que existe una especie de acuerdo transversal político de que no se investigue más, que se limite la investigación: lo que ya se abrió, se abrió. Pero no se va a abrir más”[8].

Así, pues, Fernando Barraza, el nuevo Director de Impuestos Internos solamente ha llegado a cumplir con el rol que le corresponde a toda autoridad dentro de un sistema: proteger la continuidad del mismo. Estando amenazada la persistencia del sistema por los escándalos de las clases dominantes, el rol de la nueva autoridad es limpiar los hechos que involucran a actores de la escena política y dejarlos libres de cargos. De esa manera, dejará así contentos a los personeros de Gobierno y oposición congelando las demandas y buscando soluciones de carácter administrativo. Según Marisa Navarrete, ex abogada jefe de la Oficina de Licitación Penal del SII:

“Hay un organismo público al que se le entregó la atribución de poder querellarse contra los delincuentes tributarios, entonces, lo que se entiende que hiciera este organismo es poder perseguir criminalmente esos delitos. Pero hoy parece que no quiere hacerlo, incluso, su director –Fernando Barraza– ha dicho que el servicio no está para querellarse criminalmente sino para recaudar impuestos. Entonces, ese es un criterio totalmente distinto de lo que había venido haciendo el SII. Y está obviamente teñido por la connotación política que tienen los casos. Porque lo que ha venido haciendo el servicio es prestándole ropa a la restricción de la persecución penal del delito tributario”[9].

En este mismo sentido está ya actuando Bernardo Lara, Jefe del Departamento Jurídico del SII y que reemplazara a Cristián Vargas luego de la salida del anterior Director de ese servicio Michel Jorrat; Lara fue militante del MAPU y amigo personal de Alejandro Bahamodes (ex vicepresidente del PPD y ex embajador de Paraguay). Por tanto querellas, en principio, no habrán. Entonces, delitos tributarios similares a aquellos que sirvieron a la justicia norteamericana para encarcelar a la mafia encabezada por Al Capone y otros, no mantendrán esa eficacia en el Chile post dictatorial: los actores políticos (sin distinción de tiendas) se encargarán que así suceda. Así, las mafias de toda índole podrán seguir operando limpiamente en esta nación amparadas por las instituciones.

“La lucha contra la corrupción no es la corrupción en los del frente y no en los del lado de uno mismo, o sea, para enfrentar  el tema de la corrupción hay que abarcarlo en su conjunto y no puede haber en esto ningún tipo de vacilación y menos de mirada suave hacia los que son más cercanos y más dura a los que son más lejanos”[10],

 

ha sentenciado el senador socialista Camilo Escalona, pero ésta no parece ser más que una simple postura electorera suya al igual que la mostrada por Manuel José Ossandón , senador de RN:

 

“Mire las encuestas. Caballo pillado, es caballo ganado. No me preocupa. El tema de Piñera, Frei y la Presidenta, cada uno lo tiene que enfrentar y van a tener que enfrentar en algún minuto a Chile y dar explicaciones. Si realmente no tienen nada que ver, la prueba de la blancura será si ellos se querellan o no contra las personas que los metieron en el forro; porque si no hay querellas, es porque sabían”[11].

 

Tampoco es posible que haya ley alguna sobre probidad y transparencia antes de las elecciones municipales como lo exige el analista Eduardo Engel,

 

“Si se logra aprobar la ley de partidos y la ley de fortalecimiento de la democracia durante enero, estamos justo a tiempo para tener una nueva institucionalidad para las municipales de octubre. Pero si hay un retraso estamos en una situación muy problemática, ya que, con justa razón, la ciudadanía no va a entender que no haya una mejora muy importante que evite se repitan situaciones como las que conocimos durante el 2015”.

 

El queso se encuentra al cuidado de los ratones y es difícil que esos roedores entreguen su presa porque, entonces, ¿cómo va a poder ser elegido un alcalde por otro período más? ¿Cómo van a poder determinados concejales seguir gozando de las prebendas que les otorgan los cargos para el desempeño de los cuales fueron elegidos?

¿Lucha de clases? Por supuesto que sí la hay. Y es implacable. Los sectores dominantes, encabezados por sus representaciones políticas natural  (‘Chile Vamos’) y espuria (‘Nueva Mayoría’) se preparan para enfrentar a sus enemigos proverbiales que organizaciones sociales. Lo harán en el plano de la escena política en donde son fuertes e intentarán llevar a ese campo a sus adversarios. Y es posible que tengan éxito. Los actores políticos de ninguna manera van ceder su lugar a los sociales.

Así, pues, es casi seguro que no van a presentarse nuevas acusaciones en contra de personas involucradas en escándalos de corrupción; las que existen serán tramitadas por los tribunales, pero ninguno de los acusados irá a la cárcel e, incluso, podrán seguir optando a ejercer cargos políticos pues en el Parlamento se encuentra en discusión precisamente un proyecto que permite esta oscura maniobra.

“A pocos días de que se despache el Proyecto de Ley sobre Financiamiento de la Política y pesar de que el Gobierno comprometió sancionar con inhabilidad a quienes infringieran la normativa sobre financiamiento de la política, el articulado presenta una laguna que permite que los infractores sí puedan presentarse a cargos de representación popular. En efecto, las personas que incurran en incumplimiento a las normas de financiamiento y no se encuentren ejerciendo un cargo de elección popular al momento ser condenados por ello, no quedarán sujetos a ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos o presentar candidaturas en elecciones futuras”[12].

 

El propio proyecto de Ley sobre Probidad y Transparencia contiene una cláusula que muestra inequívocamente el interés que mueve a la representación política de las clases y fracciones de clase dominante:

“Además de la polémica por las restricciones a los partidos, las atribuciones al Servel y de las fuertes críticas realizadas por quien encabezara la Comisión de Probidad y Transparencia, que dio origen a la ley, el economista Eduardo Engel, ahora se suma una secreta cláusula que carga nuevamente la balanza hacia las malas prácticas políticas.

 

El proyecto de ley, que hoy se encuentra en tramitación en el Senado, tiene una “cláusula de caducidad” para los delitos en elecciones. Determina que hay un plazo de un año para denunciar las faltas a la ley electoral, lo que significa que si no se denuncian dentro de los 365 días posteriores a ocurrido el hecho -como por ejemplo los casos de supuesto financiamiento irregular a la política que están siendo investigados por la Fiscalía- estos no pueden ser denunciados, por lo tanto, no pueden ser sancionados”[13].

 

¿No hacen pensar los hechos anotados que el tiempo de gran parte de los actores políticos parece haber llegado a su fin y que se hace más que necesario inaugurar el de los actores sociales? Tal vez los comienzos de 2016 sean un buen augurio para lo que reserva el futuro de esta nación.

Santiago, enero de 2016