El Gobierno de México buscaría cumplir con el pedido de Estados Unidos (EE.UU.) para extraditar al recién recapturado capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero esto “dependerá de los amparos que interpongan sus abogados”, dijeron fuentes extraoficiales a Reuters. Al parecer, la Procuraduría General de Justicia de México “trabajará lo más rápido posible” para efectuar la extradición, la que podría ser llevada a cabo a mediados de este año, reseña RT.
Esto supuestamente ayudaría a disipar los temores de que el capo del Cártel de Sinaloa podría sobornar a funcionarios de la prisión y escapar nuevamente de una cárcel mexicana. No obstante, existen otras razones que salen a colación.
Analistas internacionales aseguran que en caso de ser extraditado, “El Chapo” podría pactar con el Gobierno norteamericano y entregar información que involucre a políticos y empresarios mexicanos.
Estos expertos afirman que su detención no cambia en nada el liderazgo del Cártel de Sinaloa.
El director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute de la Universidad de Rice, en EE.UU., Tony Payán, expresó que “deberán buscar su inmediata extradición, porque el Gobierno mexicano ha demostrado que no puede tenerlo”.
Al tiempo que advirtió: “al Cártel de Sinaloa ni al Gobierno de México les conviene su extradición”.
Al primero porque “es poseedor de información de inteligencia muy crucial para Estados Unidos y toma dos formas, la primera hacia adentro del Cártel, es decir, que revele quiénes pudiera ser los lugartenientes, los operativos (…)”.
Al segundo, porque el que fuera el narcotraficante más buscado del mundo podría revelar quiénes son los funcionarios mexicanos involucrados en la protección al Cártel de Sinaloa, “y no estoy seguro que el Gobierno de México resulte exonerado: hay redes en las policías estatales, municipales y empresarios”, dijo.
Por su parte, Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, expuso que “el gran meollo” es cómo van a negociar ambos gobiernos su extradición, porque la información que posee el capo va a obligar al Gobierno mexicano a reaccionar contra la corrupción política desde lo federal hasta lo municipal.
“Va a tener que ir más allá de una sola detención, incluso esto va más allá de la clase política como sucedió con Pablo Escobar ](el narcotraficante colombiano) y los hermanos Orejuela (fundadores del Cártel de Cali, también en Colombia). Es ahí donde va a estar la resistencia de la clase política, porque Peña Nieto no ha dado el más mínimo indicador de querer meter funcionarios corruptos a prisión”, señaló Buscaglia.
Añadió que “no existen capos como Guzmán Loera que no financien campañas políticas de alto nivel”, pero después de su captura será “imparable” la presión para abrir procesos a nivel municipal, sin embargo, consideró que al menos, en el corto plazo, no se tocará al nivel federal.