Karina Oliva presidenta de Poder Ciudadano, Juan Pablo Sanhueza, de la Fundación Chile Movilizado, y el abogado Roberto Ávila Toledo presentaron ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella por el delito de apropiación indebida a fin que se sancione a los responsables de los desvíos de fondos públicos efectuados en el Parlamento a los cuales el presidente de la Cámara de Diputados ha llamado “prestamos”.
Una auditoría externa efectuada por la Consultora Ossandón& Ossandón practicada a las finanzas del Congreso Nacional arrojó que en la Cámara de Diputados, años 2013 y 2014, se habían entregado 154 millones de pesos a diputados con la obligación a devolverlos hasta en 38 mensualidades sin intereses ni reajustes.
Los querellantes señalaron que se citara declarar al Ministerio Público a los parlamentarios que aparecen como beneficiados con dicha práctica: Marisol Turres (UDI), Jenny Alvarez (PS), Cristián Campos (PPD), Jaime Pilowsky (DC), Diego Paulsen (RN) y Claudio Arriagada (DC).
Los querellantes expresaron su esperanza en que las responsabilidades legales se hicieran efectivas al más breve plazo, instaron a los ciudadanos a adherirse a esta acción judicial e instaron a los parlamentarios a renunciar a sus cargos y una convocatoria a elecciones anticipadas ante el estado legal y ético del conjunto del parlamento.
Se ha hecho público que en el Senado también se habrá institucionalizado esta práctica de los auto préstamos en cómodas cuotas y sin reajustes ni intereses.
Los querellantes fueron acompañados por diversos dirigentes sociales y ciudadanos del puerto de Valparaíso.