Lo ocurrido con la popular multitienda chilena trasciende el ámbito particular de esa empresa y se transforma en un misil, que apunta al corazón mismo del modelo económico neoliberal que nos rige.
No sólo repercute en todo el sistema económico, afectando la fe pública y los fondos de los trabajadores, que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) tenían invertidos en el negocio del retail, sino que demuestra que, más que el “árbol” de La Polar, lo importante es no perder la perspectiva respecto al “bosque”: el capitalismo salvaje, impuesto a la fuerza por la dictadura de Pinochet, y que nos afecta hace ya 38 años.
A muchos sorprendieron las primeras reacciones del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, cuando estalló el escándalo del caso La Polar: “Cuando ocurre un accidente automovilístico, hay que preocuparse primero de los heridos y de los destrozos en la vía, después se buscarán los responsables…” Puede parecer exceso de suspicacia, pero el secretario de Estado fue socio de Luis Hernán Paul, miembro del directorio de La Polar, con quien compartió amistad y trabajo en “Fontaine y Paul, Consultores Asociados, S.A.”, hasta el mismo 11 de marzo del 2010, cuando el presidente Piñera lo nombró en la cartera de Economía. Después, Fontaine trató de aminorar sus dichos: “Los mercados están sujetos a que ocurran accidentes financieros. Pero, las regulaciones en esta materia están bien hechas y van a devolver la tranquilidad a aquellos segmentos del mercado que estén intranquilos”. Desgraciadamente, a medida que crece el escándalo, queda claro que ni las regulaciones estaban bien hechas, ni la tranquilidad retorna a los mercados, ya que, desde que el lunes reabrió la Bolsa, han caído las acciones de las empresas de retail, mientras los títulos de La Polar se han desplomado del equivalente a unos 8 dólares a alrededor de 1 dólar.
En pocas palabras, el fraude de La Polar consistió en aumentar el valor de la empresa de manera ficticia al inflar el rubro de las cuentas por cobrar adulterando los balances y contabilizando como deuda vigente la morosidad de más de 418 mil clientes a quienes se les realizaron repactaciones de manera unilateral, sin su consentimiento y sin siquiera informarles. Por la vía de este artificio hubo uina “valorización” artificial de la multi-tienda cercana a los mil millones de dólares. Los ejecutivos que poseían paquetes de acciones las vendieron para sacar provecho personal a de la bonanza ficticia, en perjuicio de los accionistas que ahora poseen unos títulos cuyo valor real se sinceró en alrrededor del 10% del valor inflado. La Polar también tiene presencia en Argentina, Colombia y Perú.
Por lo demás, se supo que el ex socio del ministro Luis Hernán Paul, que además es consejero del organismo gubernamental Sistema de Empresas Públicas (SEP), es el esposo de Ximena Ossandón, ex vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y hermana del alcalde de Puente Alto y vicepresidente del partido de gobierno Renovación Nacional, Manuel Ossandón. Por añadidura, desde enero pasado también asesora al ministro de Defensa, Andrés Allamand, en la tarea clave de reformular las empresas públicas ligadas a esa cartera.
Lo que ocurre es que el caso de La Polar, que desde que estalló hasta ahora, y haciendo honor a su nombre, ha crecido como una bola de nieve, tiene todos los ingredientes que, por decir lo menos, caracterizan las precariedades del modelo neoliberal que nos rige, desde que los Chicago Boys entraron a saco en nuestra economía, tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973: falta de transparencia, tráfico de influencias, carencia o debilidad de los sistemas de control y regulación, excesivas facilidades para las empresas privadas, debilitamiento y reducción del rol del Estado, especulación financiera, exacerbado culto al lucro, competencia y consumismo, límites mas que sutiles entre lo público y lo privado, concentración de la riqueza en pocas manos, prácticas comerciales desleales, aumento de las desigualdades sociales, tendencias monopólicas y una cada vez mas injusta distribución del ingreso y el crecimiento.
La dictadura de Pinochet no sólo arrasó con los derechos humanos, sino que pulverizó valores que siempre imperaron en nuestra sociedad, como austeridad, sencillez, solidaridad, ahorro, respeto por la palabra empeñada, esfuerzo y perseverancia. Todo eso quedó atrás, en búsqueda desesperada de una “modernización”, que nos llevaría rápidamente al primer mundo, y que llevó al actual ministro de Educación, Joaquín Lavín, en ese entonces editor económico de El Mercurio, a acuñar su famosa frase: “By by América Latina”.
El gato vigila la carnicería
Puede ser injusto, pero muchos sintieron que el gato estaba al cuidado de la carnicería…, cuando recién destapada la crisis el director del gubernamental Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Juan Antonio Peribonio, y el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, participaron en una reunión en La Moneda con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para analizar la situación ocurrida con la empresa La Polar tras la demanda colectiva presentada por el Sernac a raíz de las repactaciones unilaterales de las deudas de los clientes de tarjetas de crédito de la firma de retail.
Alarmados, los chilenos se preguntan por qué no funcionaron los sistemas de control, qué paso con la Superintendencia de Valores y Sociedades Anónimas, dónde estaban las autoridades económicas, cómo pudo La Polar renegociar –desde hace seis años– sin su consentimiento con un tercio de sus clientes. Desde el lunes 13, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados comenzó a fiscalizar la actuación de las superintendencias contraloras involucradas en el fraude y espera citar, entre otros, al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda. También, la semana pasada, los directores de La Polar Luis Hernán Paul, Martín Costábal, Francisco Gana y Heriberto Urzúa, que lideraron la empresa en medio de la crisis, renunciaron a los cargos de directores que ocupaban en diversas empresas públicas, mientras los dirigentes de organismos de consumidores llamaban a los más de 450 mil deudores de la multitienda a rechazar las fórmulas de pago ofrecidas en los últimos días.
Se ha divulgado, además, que, hasta el 2008, el actual mandatario, Sebastián Pìñera, controlaba un paquete de acciones de La Polar, a través de la Inmobiliaria Santa Cecilia, de su propiedad, y que, el pasado lunes, se presentaron las primeras querellas por estafa, por parte de varios accionistas de la cuestionada empresa.
Pese a los esfuerzos de las autoridades económicas por bajarle el perfil al escándalo e intentar circunscribirlo a la firma afectada, muchos se preguntan si las otras empresas del retail no utilizarán también estas mismas prácticas u otras equivalentes. En el caso de los trabajadores, cunde la alarma por el rol de las AFPs. ¿Por qué, cuándo y quién decidió que importantes sumas de sus cotizaciones previsionales fueran invertidas en acciones de La Polar?
El riesgoso límite entre lo público y lo privado
La verdad es que, desde que asumió el gobierno de Sebastián Piñera, cada vez que se hace pública alguna situación irregular en una empresa privada, aparece involucrado o, al menos ligado al caso, algún alto funcionario público nombrado desde La Moneda. Todo empezó con la propia participación de Piñera en la firma Farmacias Ahumada SA cuando todavía era candidato presidencial y estalló el caso de la colusión de las cadenas farmacéuticas para fijar precios a los medicamentos. Posteriormente, ya asumido el cargo, el mandatario se resistió largo tiempo a vender su parte en empresas que tenían que ver con las decisiones presidenciales, como Lan Chile, Clínica Las Condes, Chilevisión y Colo-Colo. En este último caso, terminó vendiendo sus acciones a su consuegro, el empresario Hernán Levi…
Hace algunos meses, trascendió que Cencosud, otra empresa ligada al retail, de propiedad de Horst Paulmann, también había impuesto unilateralmente nuevas condiciones a las tarjetas de sus clientes (supermercados Jumbo y Santa Isabel y multitienda Almacenes París). Del caso nunca más se supo, pero si quedó claro que en el período de las repactaciones abusivas el gerente general de Cencosud era el actual biministro de Minería y Energía, Lorence Golborne, y el abogado de la empresa era el ahora ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
Hace pocas semanas, se denunciaron las prácticas monopólicas y la colusión para fijar el precio de los pasajes de Tur Bus y de Pullman Bus, dos de las principales empresas de transportes interurbanos. El asesor de Tur Bus, hasta que fue nombrado ministro, era el actual secretario de Estado en la cartera de transportes, Pedro Pablo Errázuriz. La lista suma y sigue e incluye, entre otros, al Intendente de Santiago, Fernando Echeverría; a la ex Ministra de Vivienda, Magdalena Matte; y a la Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, cuyo padre, un empresario agrícola sureño, inscribió como de su propiedad la milenaria semilla de la quinoa…
Es ese contexto que se produce el episodio de La Polar, uno de los hechos mas dañinos para la fe pública, e, incluso, para quienes defienden el funcionamiento del mercado de valores, dado a que no sólo afecta a los accionistas de la empresa, sino a todos los chilenos, tanto por la participación de los fondos de pensiones como accionistas, como por el daño objetivo a cientos de miles de consumidores. Peor aún, el escándalo de La Polar apunta al centro mismo de un modelo económico perverso, que sólo favorece al gran capital, que nos fue impuesto en plena dictadura, y al cual los chilenos tenemos pleno derecho a cuestionar y revisar.