Luego de un año de tramitación con más de 1.300 indicaciones, la semana pasada la Reforma Laboral volvió a primeras planas luego que el Ejecutivo ingresara un nuevo grupo de indicaciones a la tramitación de esta ley en el Congreso.
La reforma, que comenzó con el compromiso gubernamental de reemplazar el actual código laboral por otro que permitiera mejorar la situación laboral y de fortalecer la sindicalización terminó con un proyecto que contiene, a juicio de expertos, un retroceso importante para los derechos de los trabajadores. Entre estos retrocesos están los pactos de condiciones especiales de empleo y además está la gran ausencia de la negociación colectiva ramal. Por tanto, se mantiene la base del Plan Laboral hecho en dictadura, porque ni el Gobierno ni el Congreso pudieron eliminar situaciones como son la huelga con reemplazo, la negociación colectiva solo dentro de la empresa, la posibilidad de la creación de múltiples sindicatos y la despolitización sindical.
Para los expertos de la Fundación Sol, respecto a la ampliación de la negociación colectiva, “el proyecto de ley partió con propuestas tímidas y de bajo impacto, como revisar artículos que limitan a algunos trabajadores negociar y no haya sido capaz de eliminar de manera clara ni siquiera uno de los 4 pilares del Plan Laboral”.
Oscar Olivos, dirigente sindical y presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) que agrupa, principalmente, a más de 350.000 trabajadores del área privada, expresó, en entrevista exclusiva, que “lo único que se ha hecho es un maquillaje y que en el fondo esta reforma laboral sigue manteniendo un tremendo desequilibrio en la relación empleador trabajador”
Nosotros, desde el año 2006 a la fecha hemos estado planteando que ya que el actual código laboral fue redactado en dictadura, Chile requiere un nuevo código laboral que refleje los cambios que se han producido en el trabajo de los chilenos y en el cual exista un equilibrio en las relaciones laborales y en el diálogo participen empleadores, trabajadores, gobierno y los técnicos y que modifique el concepto que existe actualmente del sindicalismo para llegar a uno que refleje esa nueva realidad”.
En 1979, después de 6 años de represión al movimiento sindical chileno, José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, logró que la Junta de Gobierno aprobara su Plan Laboral luego de las amenazas de boicot por parte del movimiento sindical estadounidense.
Este Plan restringió la acción sindical haciéndola localista y exclusivamente económica; circunscribió la posibilidad de negociar sólo a nivel de empresas, evitando una articulación mayor (rama, holding u otras), prohibió temas negociables, tildados de “facultades administrativas del empleador” como contratos, reestructuraciones, jornadas, etc.; eliminó la posibilidad de generar huelgas efectivas, al permitir el reemplazo de trabajadores en huelga, y eliminó las huelgas de solidaridad y por causas político-sociales.
“Actualmente, nos enfrentamos a una reforma laboral “Light”, donde se ve que el Gobierno solo está dando unas pinceladas, sin tener un cronograma claro y que no se entiende a donde va”, añadió Olivos.
Además de estas necesarias modificaciones, es necesario cambiar el concepto que existe sobre la empresa y su relación con los trabajadores, porque aún existe un sindicalismo confrontacional que hace que los empresarios teman su conformación al interior de la empresa
Oscar Olivos expresó que “primero, hay que definir qué es la empresa. Para nosotros, es la unión del capital financiero con el capital humano. Los trabajadores hoy en día negocian con la empresa y no entienden que ellos son la empresa sino que la ven como entes separados. Esto es lo que hay que cambiar porque hay que entender que el capital humano junto con el financiero se requiere mutuamente. Si no, no hay empresa.
Olivos destacó que la CAT “ha luchado y seguirá haciéndolo por el establecimiento de un Nuevo Código del Trabajo que refleje los cambios sociales y laborales que han ocurrido en estos últimos 39 años.
Además, las Indicaciones del Gobierno constituyen un franco retroceso a lo Aprobado por la Cámara de Diputados, ya sea por la letra chica de contenido, por la elevación de los requisitos para ejercer este derecho como también para ejecutar la huelga real y constituir sindicatos con estos derechos. La huelga sin reemplazo seguirá siendo la gran utopía a alcanzar por parte del movimiento sindical, debido a que mañosa y cobardemente se incorporan el reemplazo interno y la obligación de un número determinado de trabajadores para cumplir con los servicios mínimos. Además, se elimina como práctica desleal la prohibición de contratar personal 60 días antes de la iniciación de la negociación colectiva.
Otros puntos con los que no estamos de acuerdo, dice Olivos, “es la limitación de los trabajadores para ejercer el derecho a huelga, la práctica desleal en contra del dirigente sindical, que le podrá significar el desafuero, más lo que dictamine la Justicia, si es acusado de violencia verbal o de hecho; la obligación del sindicato de reunir a lo menos el 50% de los trabajadores para negociar y que se permita el descuelgue de trabajadores en huelga, al autorizarlos a los 15 días en la Mediana y Gran Empresa y 5 días en la micro y pequeña si el empleador ofrece el IPC y mantiene vigente la última oferta”.
El dirigente sindical expresó que “esperamos un código laboral más equilibrado que logre cambiar la relación laboral dentro de la empresa. En ese concepto, hemos estado trabajando con nuestros dirigentes y esperamos en el mes de marzo, hacer un seminario internacional donde pongamos esta discusión en la mesa denominado El sindicalismo del siglo XXI: hacia un nuevo pacto social”.
Nuestra idea, es cómo creamos ese concepto diferente de qué es la empresa pasando de la confrontación al diálogo y cuando lo logremos, la negociación colectiva estará de más”.