La Contraloría General de la República afirmó a través de un dictamen que la fusión entre las AFPs Cuprum y Argentum es impracticable en cuanto ésta supone la existencia de dos sociedades en circunstancia que se trataba de sólo una, lo que confirma los reclamos de parlamentarios que denunciaron a esta fusión como una maniobra trucha destinada a evadir impuestos por la suma de 130 millones de dólares.
“A fin de precaver situaciones como las que se plantean en las presentaciones del rubro, esta Contraloría General se permite sugerir al legislador un estudio de reforma normativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial que involucre la participación de las AFP”, dijo el dictamen.
La información surgió ayer desde los diputados DC Fuad Chahín y Patricio Vallespín. Según dijeron, el dictamen deja en una compleja situación a la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, contra quien ya se presentó una querella por supuesta prevaricación administrativa. Agnic autorizó la fusión y aseguró que se realizó conforme a la ley. Por tanto, señalaron Chahín y Vallespín, su continuidad en el cargo es “insostenible”
Agregó que “estamos oficiando al Consejo de Defensa del Estado para que demande la nulidad de derecho público de las acciones administrativas de la Superintendencia para dejar sin efecto la fusión, y evitar así que se genere el beneficio tributario por más de 80.000 millones de pesos en esta operación”.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, consultado por una eventual salida de Agnic, dijo esta mañana que el gobierno está estudiando el dictamen, pero que aún no hay una decisión al respecto.
La fusión de las dos AFPs del grupo Principal tiene como primer efecto una elusión tributaria de 80 mil millones de pesos, o unos 130 millones de dólares al cambio actual. Una operación que significó un beneficio para sus accionistas y una pérdida neta para el fisco que ha puesto en el centro de la polémica no sólo al grupo económico sino a Tamara Agnic, Superintendenta de Pensiones en el cargo desde julio del año pasado. Agnic está bajo el foco de estos dos organismos por la sospecha de haber autorizado la fusión entre las dos AFPs y otorgarle a sus dueños el millonario beneficio.
Según denunció con anterioridad el senador del MAS Alejandro Navarro, “todo indica que Agnic es cómplice del holding norteamericano Principal Financial Group, quienes crearon una AFP fantasma llamada Argentum para fusionarla con Cuprum y así eludir el pago de impuestos. La Superintendenta de Pensiones tiene una responsabilidad inexcusable. Su negligencia y falta de probidad no puede echarse bajo la alfombra, por lo que debe dar una explicación al país o dar un paso al costado”, sostuvo el senador.
Las denuncias de Navarro configuran una trama mayor. Según explicó, hubo una junta de accionistas de la AFP Cuprum en la cual participaron los representantes de la Superintendencia de Pensiones Felipe Gálvez y Eduardo López, siendo en esa misma reunión que Hugo Lavados, presidente de Cuprum, expuso el objetivo de llevar a cabo la fusión. A partir de aquí comienza una nueva trama. Lavados es militante DC, fue ministro de Economía en el primer Gobierno de Bachelet y desde el 2013 es presidente de la AFP tras la venta de ésta por el grupo Penta en más de mil millones de dólares a Principal. El 2014 Cuprum tuvo utilidades por más de 114 millones de dólares, cifra un 25 por ciento mayor al del año inmediatamente anterior.
Lavados es un clásico exponente de la puerta giratoria entre el sector público y el estado. Durante el primer gobierno de la Concertación fue Superintendente de Valores y Seguros, más tarde gerente del banco BBVA para regresar al sector público en un alto cargo en la Comisión Resolutiva Antimonopolios. En la década siguiente pasó a la dirección de Prochile y luego a ministro de Economía en el primer gobierno de Michelle Bachelet. A comienzos del 2013 asumió la presidencia del directorio de Cuprum tras la toma de control por Principal, cargo que ejerce en la actualidad junto a la rectoría de la Universidad San Sebastián.
En mayo pasado, cuando el escándalo comenzaba a emerger, la Superintendencia de Pensiones elaboró un comunicado para desligarse de responsabilidades, las que canalizó hacia el SII. En un comunicado, la institución dirigida por Tamara Agnic señaló que se cumplieron todos los requisitos que la ley exige a las sociedades que se fusionan y conforme a las atribuciones de la Superintendencia, se aprobó la operación de fusión por absorción de Argentum S.A. y Cuprum S.A., el 2 de enero de 2015. En el mismo documento precisaba que “la Superintendencia de Pensiones no aprobó un beneficio tributario en ninguna etapa de este proceso. De hecho, no podría hacerlo ni ninguna AFP u otro regulado podría solicitarle que se pronunciara sobre materias de este tipo, pues no están dentro de las facultades que la ley le otorga. El único organismo público que puede pronunciarse en Chile sobre temas tributarios es el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
Pocas semanas más tarde, AFP Cuprum informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que, “haciendo uso de un beneficio incluido en la Reforma Tributaria de 2014, calculaba en $ 80 mil millones el valor de los impuestos que podría pagar en forma diferida, dependiendo de los resultados que obtenga en el ejercicio de su actividad”.
La segunda semana de junio, días antes de aprobarse la creación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la Comisión permanente de Economía del Senado llamó a declarar a Agnic. En la oportunidad, detalló que tras cuatro meses de análisis, la Superintendencia aprobó la operación “bajo estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley sobre sociedades anónimas” y destacó que el proceso de fusión no provocó perjuicios a los fondos de pensiones de los 640 mil afiliados que cotizan en Cuprum, ni efectos adversos en su rentabilidad ni en sus condiciones de seguridad. Sin embargo, un punto quedó en el aire, el que no fue respondido: se estima que la fusión sólo tuvo por tarea el defraudar al Fisco en casi $80 mil millones. Por este motivo, en aquellos mismos días el Ministerio Público acogió la querella interpuesta por el senador Navarro para investigar el hecho y determinar las responsabilidades judiciales respectivas.