La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados despachó a Sala, el pasado miércoles 9 de diciembre, el proyecto de ley originado en moción sobre reconocimiento de la privación injustificada de bienes inmuebles durante el periodo de la dictadura militar. Sobre el despacho de la iniciativa, el presidente de la Comisión, diputado Raúl Saldívar (PS), aseguró que lo que se busca es que haya una muy buena voluntad por parte del Ejecutivo para otorgar pleno patrocinio, dado que el proyecto se encuentra en una fase preliminar.
Durante la discusión, los diputados sostuvieron que el objetivo primordial de la iniciativa es poner justicia sobre un hecho que consistió en arrebatar el patrimonio de quienes tuvieron algún vínculo ideológico con el mundo de la Unidad Popular, en el periodo de la dictadura.
“Queremos que a estas personas se les restituyan los bienes que les pertenecieron en justicia siempre y que haya una reparación mínima que les permita sentir un gesto de justicia, para que recuperen lo que les perteneció y que no deberían haber perdido nunca”, puntualizó.
Asimismo, el parlamentario hizo un llamado al Ejecutivo a poner pronto su patrocinio para que este proyecto de ley entre en vigencia y sea una realidad jurídica para todos los chilenos y chilenas.
Por su parte, el diputado Diego Paulsen (RN) recalcó que, como Comisión, se encuentran a la espera de que el Ejecutivo reciba bien algunas de las indicaciones que se le pedirán que patrocine, recordando que el proyecto en general apunta a otorgar el derecho y habilidad para que muchas personas puedan reclamar lo que en su momento prescribió.
En cuanto al derecho de reparación a las personas, Paulsen aclaró que, si bien se encuentra a favor de que exista una indemnización para aquellos que sufrieron daños causados por dicha ilegalidad, este corresponde a un mandato clave del Estado. “Yo me abstuve, pero con la finalidad de que el Ejecutivo tome bien la indicación que está planteada y que genera reparación en una discusión pronta”, acotó.
Finalmente, la diputada Alejandra Sepúlveda (IND) pidió que, a partir de la aprobación del proyecto, el Ejecutivo pueda pronunciarse en relación al procedimiento que en ese minuto tenía el Ministerio de Bienes Nacionales, con el fin de que se pueda calificar y entregar la compensación en relación a esta pérdida, para que junto con el Instituto de Derechos Humanos puedan cuantificar lo que significa con los listados o la información que ellos tienen.
Con respecto a la reparación del daño, la legisladora afirmó que existen dos posibilidades, por un lado, la recuperación del bien y, por el otro, una compensación monetaria. “La mayoría ya son personas de edad, entonces, yo creo que más que nada debería haber una indemnización que yo creo que se dará en la mayoría de los casos”, planteó