Si a un alumno de derecho constitucional le preguntaran sobre el régimen político en que vive, seguramente responderá que es una democracia donde impera el principio de la Igualdad ante la Ley. Si le pidiéramos fundamentos podría citar el artículo 1 de la Constitución en que se lee “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Deberían dar su respuesta por correcta.
Sin embargo, la sola exhibición de las dos imágenes que ustedes pueden ver nos obliga a repensar si la respuesta es realmente correcta.
En la foto de arriba hay un muchacho, indudablemente culto, que ejecutaba música en las calles de su ciudad, de su país y esperaba recibir la contribución voluntaria de sus compatriotas. ¿ Qué daño social puede producir esto?
Sobre él ha caído la fuerza coercitiva del Estado democrático (cuando menos tres policías y un perro que no está de adorno). Está prohibido, se le arrestará, su instrumento lo perderá porque caerá en comiso y deberá pagar una multa elevada. El Juez de Policía Local no tendrá clemencia con él, ha infringido las sacrosantas leyes de la República (“democrática”).
La persona de abajo, es un delincuente de tomo y lomo, fue un enérgico subsecretario del interior de la dictadura militar de Pinochet y su labor cotidiana era coordinar los servicios de seguridad del gobierno, incluida la Central Nacional de Informaciones.
No recibió sanción alguna por ser un jerarca de una dictadura militar que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció por 15 años consecutivos que violaba masiva y sistemáticamente los Derechos Humanos.
Pero no sólo le gustaba violentar los derechos de otros. Hace algunos meses cayó sobre él investigación por millonarias maniobras fraudulentas en contra del erario nacional.
Primero señaló su inocencia total, luego exigió un acuerdo político que lo dejara en la impunidad. La ley penal no debía aplicarse a la casta política. Luego se consideró un perseguido político. Acusó al Ministerio Público de llevar adelante una investigación ideológicamente falsa, de protagonismos mediáticos, amenazó al prestigiado medio de comunicación Ciper con querellas criminales, se negó inicialmente a declarar ante el Fiscal.
Sus mentirosos berrinches no fueron en vano, la Fiscalía le ofreció públicamente una salida alternativa que en la práctica haría de la sanción penal una inocua obligación de firmar un libro una vez al mes. El arrogante abogado defensor señaló que lo estudiarían.
Y, ¿cómo no? Aceptaron la impunidad ofrecida. El Fiscal Nacional señaló que no se podían pretender penas mayores. No fue capaz de encontrar agravantes, a maniobras que no sólo defraudaban al fisco sino que además corrompían un poder del Estado. El Fiscal Nacional llegó a su cargo como parte de una componenda política, nunca fue un abogado sobresaliente, pero una ojeada simple al Código Penal le pudo ofrecer lo que él no atinaba a encontrar.
Este delincuente, que ahora lo es legalmente pues se ha dictado sentencia condenatoria a partir de su aceptación de los hechos inculpatorios, no recibirá sanción real; alguna puede incluso ser candidato a cargos de elección popular.
En Chile es más grave ejecutar a Beethoven en la calle que defraudar al estado en sumas millonarias y corromper el Parlamento.
ROBERTO AVILA TOLEDO