El Plan Cóndor, que sirvió para coordinar la represión en las dictaduras de Sudamérica en las décadas de 1970 y 1980 y que fue fundado hace hoy 40 años, supuso una “bomba atómica” para la región, dijo en una entrevista con Efe el activista paraguayo por los derechos humanos Martín Almada.
Almada explicó que la Operación Cóndor causó “cerca de 100.000 muertes” en el Cono Sur de América entre ejecuciones y desapariciones forzosas, una cifra similar a la de las víctimas de los ataques nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
El operativo nació el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, en una reunión clandestina entre representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia y en el marco de la Guerra Fría que enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética.
Estados Unidos quería contrarrestar posibles revoluciones comunistas como la cubana (1959) e “implantar en Sudamérica un modelo neoliberal, salvaje y criminal”, expresó Almada, que en 1992 descubrió en una comisaría del Gran Asunción los llamados “Archivos del Terror”, más de 700 folios que documentan el papel rector del Gobierno estadounidense en el Plan Cóndor.
Además, Estados Unidos formó en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, a varios militares que serían después los torturadores y dirigentes en los regímenes militares del Cono Sur, como una forma de asegurar la eficacia de la represión.
En Paraguay, el encargado de la instrucción en técnicas de tortura fue el coronel estadounidense Robert K. Thierry, que llegó al país en 1956 e instaló su centro de operaciones en la Dirección de Asuntos Técnicos, conocida como “La Técnica” y ubicada en el centro de Asunción.
En este edificio, Martín Almada fundó medio siglo después el Museo de las Memorias, que traza un recorrido por el horror de las torturas infligidas a los detenidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la más longeva de la región.
“La dictadura paraguaya instauró los primeros centros móviles de tortura, unos vehículos policiales que trasladaban a los detenidos a las comisarías. La gente los conocía como ‘Caperucitas Rojas’, y su sola visión provocaba terror”, relató.
Recuerda que una vez en las dependencias policiales, a los detenidos “se les arrancaban las uñas de pies y manos y se les aplicaba picana eléctrica en los genitales” para obligarles a confesar.
Otras tácticas de tortura consistían en tumbar a los detenidos en camas de hierro electrificadas, o sumergirlos en bañeras llenas de heces y orina.
En ocasiones, los represores llamaban por teléfono a los familiares del detenido para hacerles escuchar los gritos de dolor de las torturas, contó el activista, que fue víctima de estos tratos inhumanos durante varias semanas en las mismas celdas que hoy albergan su museo.
“La función de las torturas era, por una parte, arrancar información a los detenidos y, por otra, promocionar esta represión, hacer que corriera el miedo entre la población”, aseguró.
Un miedo que, según Almada, impregnó a la gente hasta el punto de que es todavía hoy “la segunda piel de los paraguayos, así como de todos los latinoamericanos”, y que forma parte del cruel legado del Plan Cóndor cuarenta años después de su nacimiento.
El Cóndor sigue vigente además en la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante las dictaduras del Cono Sur, o en la existencia en esos países de leyes “de punto final” que impiden las investigaciones y procesos judiciales para esclarecer estos hechos, según Almada.
“La mayor parte de los militares que participaron en el Plan Cóndor nunca fueron juzgados. Además, en países como Chile, el expresidente Ricardo Lagos aprobó leyes que impiden la investigación de crímenes de la dictadura chilena (1973-1990) durante casi cincuenta años”, denuncia Almada.