La eventual suscripción de Chile al Acuerdo Transpacífico TPP encendió las alertas de los diputados Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC) y Gabriel Boric (IA). Hace pocos días, la misma presidenta Bachelet dio su respaldo a las negociaciones –sostenidas confidencialmente, hasta ahora-, asegurando que será beneficioso para el país y comprometiéndose a “defender el TPP en todas partes”.
Ante un proceso completamente exento de diálogo y negociación ciudadana, los parlamentarios reaccionaron enviando una Carta al Director de El Mercurio donde enfatizan su rechazo al acuerdo.
“Desde hace años que Chile ha abierto sus puertas al comercio y a la inversión con otros países. Esto tiene consecuencias de todo tipo, algunas mejores y otras peores. Así, el acceso a algunos bienes supuestamente se hace más barato, mientras que, sin debate de por medio, profundizamos una economía principalmente extractiva, con escasa industria nacional. Así se ha ido configurando una política exterior neoliberal”, enfatizaron.
A juicio de Boric, Jackson y Vallejo, el TPP tiene un alcance político mucho mayor, ya que no sólo regula aranceles aduaneros o reglas sobre ingresos de divisas. “Como si esto fuera poco, se inmiscuye en la regulación de servicios financieros, empresas del Estado, compras públicas, regulación ambiental, laboral y de las telecomunicaciones. Pero además de todo lo anterior, es un tratado con consecuencias geopolíticas, que determinará quiénes son nuestros “aliados preferentes”, en este caso: Estados Unidos y el Asia-Pacífico sin China, en vez de otros países latinoamericanos, por ejemplo”.
Los parlamentarios recalcaron que, dada la relevancia de la suscripción de Chile a tal acuerdo, el debate no puede darse a espaldas de la ciudadanía y del propio Parlamento. En este sentido, enfatizaron que el TPP tiene implicancias para los derechos sociales de los chilenos y consecuencias no premeditadas en la región.
“Sin ir más lejos, los antecedentes con los que contamos sobre el efecto de este tratado en la salud pública, confirman nuestros peores temores: nuestros derechos sociales sí se verán afectados”, manifestaron.
Por último, recalcaron su oposición a que la firma de este acuerdo por parte del Gobierno signifique una aprobación sin más, pues hasta ahora el proyecto sólo podría ser aprobado o rechazado –pero no modificado- por los parlamentarios, en un complejo escenario: “sin debate público, sin posibilidad de excepcionarse de las normas perjudiciales y sin análisis de las consecuencias en todo ámbito”.