Contar con un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas en la vejez, es una cuestión fundamental y que involucra a toda la ciudadanía. En este contexto, la Comisión Bravo y sus comisionados (con una honrosa excepción) han sido incapaces de proponer alternativas transformadoras que beneficien a los trabajadores, al contrario se mostraron altamente funcionales al sistema implementado en dictadura, al presentar propuestas tendientes a proteger el sistema financiero, legitimar el negocio de las AFPs y la capitalización individual. Más aún, algunos de ellos afirman que en Chile, como resultado de la Reforma del año 2008, existe un sistema mixto de pensiones, afirmación que solo tiene por objetivo distorsionar la realidad y exculpar a quienes han respaldado la continuidad del sistema por más de tres décadas, por ende, todo está al revés con las pensiones.
Han pasado unas cuantas semanas desde que la Comisión Pensiones entregó su informe con el diagnóstico y conclusiones del actual “sistema de pensiones”, implementado hace ya más de tres décadas en nuestro país. Este tiempo ha sido suficiente para apelar a la reflexión y al análisis de las distintas propuestas entregadas por la Comisión y de paso darnos cuenta que en materia de seguridad social todo está al revés. Esto, no solo se explica por una visión bastante miope de los distintos gobiernos a la hora de evaluar la precariedad en los montos de las pensiones que hoy en día entrega el sistema que, dicho sea de paso, no superan los $185.000 (al 31 de agosto de 2015), sino que más bien, la afirmación se sustenta en el simple hecho de que la Comisión y sus comisionados (salvo una honrosa excepción) fueron incapaces de recoger en su informe las demandas y alternativas de cambio presentadas por la ciudadanía en las distintas instancias de diálogos a nivel regional, audiencias públicas y otros mecanismos de participación ciudadana. Ejemplo de esto es la encuesta de opinión y percepción del sistema, donde en una gran mayoría quedó en evidencia el alto nivel de rechazo que presenta el sistema de AFP y también la clara tendencia hacia una transformación de la estructura sobre la cual se fundamenta actualmente la seguridad social.
Siguiendo en la línea de la comisión, es pertinente decir que esta nunca tuvo por objetivo presentar alternativas transformadoras, ya que sus integrantes siempre tuvieron una evidente inclinación hacia las AFPs y el modelo de capitalización individual, por lo demás estos fueron designados con el fin de dar cumplimento al programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el cual en ningún momento contempló la posibilidad de poner fin a las AFPs, por el contrario, sus promesas de campaña están orientadas al fortalecimiento de los pilares y legitimidad del sistema. Por lo tanto, una vez más el Gobierno de las Comisiones nos ha pasado un gol por secretaría, haciéndonos creer que la comisión concluiría en favor de los trabajadores y la ciudadanía, todo esto mientras las AFPs registraban utilidades del orden de $339 mil millones el año 2014 y del orden de $240 mil millones durante el primer semestre del año 2015. Además, y como si fuera poco, dos de ellas (Cuprum y Provida) se dieron el lujo de eludir/evadir el pago de impuestos por US$420 millones como resultado de la creación de AFPs ideológicamente falsas, autorizadas por la Superintendencia de Pensiones y ratificadas por la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos…como podemos ver la afirmación de que Todo está al revés aún sigue en pie.
Analizando en detalle el contenido del informe, principalmente la Propuesta Global A (la cual en términos generales propone mantener el actual modelo de AFPs, fortaleciendo el sistema de pensiones solidarias), en esta se hace referencia a que Chile no contaba con un sistema de pensiones completo hasta el año 2008, año de la Reforma Previsional (Comisión Marcel, año 2006), es decir, pasaron 18 años desde el momento en que nos prometieron que la alegría llegaría para darnos cuenta del atraso del país en materia previsional. Sin embargo, esto no fue suficiente para terminar con el negocio del siglo creado por Piñera y sus secuaces en 1981, es más, la Comisión Marcel determinó la creación de un Pilar Solidario financiado vía impuestos generales que se hiciera cargo del problema, el cual la Comisión Bravo propone fortalecer según lo descrito en la Propuesta Global A del informe, dejando intactas a las AFPs. Por lo tanto, la pregunta cabe de cajón ¿Qué es lo que lo que se quiere legitimar? ¿El modelo de capitalización individual o el negocio de las AFPs? Si bien la respuesta es sencilla, lo cierto es que dado los actuales niveles de desconfianza en las AFPs, los comisionados partidarios de la Propuesta Global A podrían haber propuesto terminar con las AFPs en lo inmediato, dejando en manos del Estado a costo cero la administración de los fondos, si el objetivo es mantener la capitalización individual, alternativa que aunque de ninguna manera resolvería el problema de las bajas pensiones, sí podría ayudar en parte a recuperar las confianzas con la ciudadanía.
Continuando con el análisis de la Propuesta Global A, encontramos que existe una insistencia en mejorar los actuales niveles de competitividad que presenta el sistema de AFP, lo cual se pretende lograr con la creación de una AFP estatal y por medio del establecimiento de un mecanismo de licitaciones periódicas de las carteras históricas de afiliados, propuesta que no hace eco en las AFPs y sus representantes. Sin embargo, lo cierto es que la industria de AFPs ha mostrado desde sus orígenes una acentuada tendencia a la concentración, situación que se ha repetido en los países que implementaron el modelo de capitalización individual como es el caso de El Salvador y Nicaragua, donde la causa fundamental del problema se genera en el control del sistema financiero el cual ha sido capturado por un número limitado de agentes económicos, quienes a su vez se benefician de los recursos previsionales aportados por los trabajadores. Por lo tanto, la alternativa de la AFP Estatal S.A. solo busca legitimar el patrón de ganancia imperante en el sistema, lo que junto a la propuesta de licitación de cartera solo crea una ilusión de mejora del ingreso disponible (debido a la supuesta disminución de las comisiones de administración cobradas por las AFPs), es decir, pan para hoy, hambre para mañana, ya que el monto de las pensiones seguirá igual.
Adicionalmente, en la Propuesta Global A vemos un claro favoritismo por las pensiones de rentas vitalicias, eliminándose con esto la modalidad de retiro programado como alternativa de pensión, siempre y cuando exista un ahorro suficiente en la cuenta de capitalización individual que permita la contratación de un seguro de renta vitalicia, sería injusto para la humilde aseguradora que le traspasaran las manzanas podridas…esas se quedan en el cajón del Estado. El principal argumento que esgrimen los comisionados que apoyan esta propuesta, se sustenta en el hecho de que en la modalidad de retiro programado es el afiliado quién asume el riesgo de sobrevida, lo que se podría traducir en una pensión decreciente a través del tiempo, ya que su monto se va recalculando periódicamente y su valor también dependerá de la rentabilidad obtenida por las inversiones de los fondos de pensiones, riesgo que igualmente es asumido por el afiliado, característica principal del sistema de pensiones autofinanciadas. La eliminación de esta modalidad, abre sin lugar a dudas un nuevo nicho de negocios altamente rentable para el mercado asegurador, quienes esperan con los brazos abiertos a los miles de pensionados quienes obligatoriamente tendrán que contratar una renta vitalicia con alguna aseguradora y conformarse con la mejor alternativa en cuanto al importe de la pensión que el mercado le pueda ofrecer (recuerden, no son las AFPs o las aseguradoras las malas, es el Mercado…por favor un poco de Educación Financiera/Previsional), ya que la rentabilidad es determinante para el monto de la pensión a recibir. A mi juicio, la pregunta es lógica ¿Qué pasará con aquellos pensionados que optaron por el retiro programado y hoy reciben pensiones por medio de esta modalidad? ¿Se contempla algún mecanismo de compensación por haber optado por una modalidad que atenta contra la seguridad social, según afirman los iluminados de la Comisión, después de 34 años de implementado el sistema? Por otro lado, la eliminación del retiro programado no representa mayores problemas para las AFPs, por mucho que sus representantes digan lo contrario, puesto que en la actualidad las AFPs y las Compañías de Seguro son prácticamente uno solo, ya que de las 6 AFPs que operan en el sistema 3 son de propiedad de las Aseguradoras, las cuales casualmente comercializan seguros de rentas vitalicias (principal segmento de negocio), dentro de estas destacan el Grupo Metlife (Norteamericano) dueño de AFP Provida S.A. y el Grupo Principal (Norteamericano) dueño de AFP Cuprum S.A. Como pueden ver aquí están los verdaderos beneficiados con la propuesta de la Comisión Pensiones…una vez más ¡Todo está al revés!
Para finalizar con el estudio de las alternativas contenidas en la Propuesta Global A, los comisionados proponen equiparar la edad legal de retiro de hombres y mujeres (65 años), con el fin de alinear el actual sistema privado de pensiones con las tendencias de la OCDE, no vamos a mencionar que de facto los trabajadores en Chile registran una edad promedio de retiro de 69,4 años (hombres) y de 70,4 años (mujeres), ambas edades muy superiores al promedio de los países OECD (64,2 y 63.1). Indudablemente, esta propuesta no representa una solución para las casi 189.000 mujeres que recibieron una pensión bajo la modalidad de retiro programado por un monto inferior a los $100.000 (datos al 31 de agosto de 2015 de la SP), por el contrario, solo intenta generar una disminución en el número de años en los cuales el ahorro acumulado debe ser distribuido para financiar la pensión. Entendamos que el potencial aumento en las pensiones para las mujeres en el futuro como resultado de esta medida, no es de ninguna manera sinónimo de una mejor gestión por parte de las AFPs, por el contrario solo beneficia a aquellos que rentabilizan las imposiciones que administran las AFPs. En consecuencia, la capitalización individual ha posicionado a las mujeres en un contexto de alto riesgo de pobreza en la vejez, el cual no será resuelto con esta medida ni con ninguna de los planteamientos de la Propuesta Global A.
En cuanto a la Propuesta Global B, vale la pena destacar que esta intenta establecer el principio del fin de las AFPs, proponiendo modificar el actual sistema de pensiones solidarias por un seguro social como eje central del sistema, por lo tanto, pareciera ser un buen punto de inflexión de cara al futuro. Sin embargo, cuesta creer que se pueda restablecer la legitimidad del sistema de pensiones por la vía de acordar un nuevo contrato social del cual participen las AFPs. Aquí no son suficientes las llamadas “Reformas Estructurales” como argumentan los comisionados que adhieren a la Propuesta Global B, por ende esta especie de medias tintas, denominadas “Sistema Mixto” donde convive lo público con lo privado, no resuelve ni repara la catástrofe social que ha originado el modelo de capitalización individual, legitimado de manera sistemática por los distintos gobiernos. En este sentido, podríamos considerar insuficiente el mero establecimiento de un seguro social que contempla un umbral de ingresos de $350.000, bajo la lógica del reparto, para reducir la excesiva transferencia de riesgos y garantizar buenas pensiones, como pretende esta propuesta, ya que aquellos que perciben salarios por sobre este monto seguirán expuestos al cáncer de la capitalización individual. Solo basta con dar un vistazo al comportamiento de los mercados de capitales internacionales durante los últimos meses y su impacto en los fondos de pensiones para comprender que no es posible la coexistencia de un modelo donde priman las ganancias con uno en que lo importante es asegurar la dignidad de las personas. Tal vez la capitalización individual pueda entregar buenas pensiones a quienes forman parte del 1% que concentra más del 30% de la riqueza del país o quizás para el ingeniero Pellegrini, rostro emblemático de AFP Cuprum o José Ramón Valente, fiel escudero de las AFPs pero que sin embargo no cotiza en el sistema.
La Propuesta Global C, con un solo voto, pero no por eso menos importante, es la única que da respuesta a la demanda ciudadana que reclama una transformación real en materia de seguridad social, a través del establecimiento de un nuevo sistema de reparto que garantice niveles óptimos de pensión para la vejez. En efecto la Propuesta Global C, recomienda reemplazar el actual sistema privado de pensiones, convirtiéndolo en un esquema de reparto, transfiriendo a los actuales afiliados y sus fondos al nuevo modelo a cambio de una mejora significativa de los beneficios, haciéndose cargo de aquellos que hoy reciben pensiones de miseria, contemplando para ellos un incremento de al menos un 100% en el valor de las prestaciones. Consecuentemente, los aportes efectuados por los trabajadores serán utilizados para pagar las pensiones de aquellos en etapa pasiva, sin la necesidad de utilizar subsidios estatales, por lo tanto, es responsable fiscalmente, algo que preocupa a los tecnócratas – neoliberales de Hacienda. En lo que concierne a la edad de jubilación, esta contempla una disminución de la edad de retiro de facto (70 años) a sus límites legales (65/60), y se mantiene así hasta el año 2030 donde se analizaría un aumento gradual por dos años. Finalmente, esta propuesta no contempla un aumento en la tasa de cotización hasta el año 2035, la cual será de cargo del empleador.
Como podemos ver la Propuesta Global C, contiene elementos que contribuyen de forma positiva a la seguridad social, permitiendo sentar las bases para el establecimiento de un verdadero contrato social, el cual debe considerar cuestiones fundamentales como la distribución de ingreso (precarizada por el sistema de AFPs), participación ciudadana, equidad de género, cobertura, solidaridad y sostenibilidad financiera en el tiempo, pero por sobre todo extirpa el cáncer de la capitalización individual, el cual, tal como se indica en la propuesta, pretende ser un sistema de pensiones, pero en la realidad no es más que un mecanismo de transferencia de salarios hacia el mercado financiero. Otro antecedente que justifica la implementación de un sistema de reparto puro, es la llamada “Jubilación a la antigua” según lo establece la Ley N° 18.225, que permite a aquellos que se cambiaron a las AFPs en los 80s, volver al antiguo sistema de reparto/cajas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos en la Ley. Esta alternativa ha permitido que en los últimos 8 años 11.000 personas se desafiliaran de las nefastas AFPs para regresar al antiguo sistema, según las estadísticas del Instituto de Previsión Social (IPS) lo que significó para este grupo más que doblar el monto de las pensiones recibidas.
No obstante los beneficios de esta propuesta, los eximios conocedores de la realidad que participaron de esta comisión, se manifestaron aversos a la utópica idea del sistema de reparto, por ser contraria al ahorro y la inversión, sin embargo aún no encuentro asidero en este argumento, ya que el ahorro de las personas se ha visto altamente perjudicado por las características que presenta el actual sistema y en cuanto a la inversión imagino será la de los dueños de Chile, porque la de los afiliados no rentabilizan. Además, se mostraron escépticos a los supuestos optimistas sobre los cuales se fundamenta la Propuesta Global C, pero nace la misma interrogante hacia ellos cuando se prometieron tasas de reemplazo del 75% en los albores del sistema, promesa que contrasta con las proyecciones futuras que indican que las tasas de reemplazo no superaran el 25% en 2025, sin lugar a dudas la comisión diagnosticó Todo al revés.
Eugenio Poblete
Magíster en Economía y Finanzas Internacionales