Chile tiene una población actual estimada en 17 millones de habitantes, distribuidos en quince regiones geopolíticas, cincuenta y cuatro provincias y trescientos setenta y cinco municipios con alcaldías, ayuntamientos y municipalidades que configuran un mapa sociopolítico y económico heterogéneo y contrastante, una suerte de caleidoscopio humano.
Su sociedad está organizada en forma de pirámide estamental, es decir, se basa en capas o estratificaciones sociales bien delimitadas, en las que la educación suele ser un factor dinámico sólo dentro de cada estamento. Esto quiere decir que las aspiraciones de los individuos a mejorar su calidad de vida por este medio están acotadas, por lo común, por su pertenencia a un estrato socioeconómico determinado. El acotamiento es asegurado por mandatos oficiales y una estrategia de reproducción de esas relaciones que se hacen más exclusivas a medida que se aproximan al vértice de la pirámide. Así, la estructura social y el sistema educativo embonan en una forma peculiar.
El país registra altos índices de escolaridad (MINEDUC) y expansión universitaria (CINDA), pero la cobertura de la educación obligatoria no asegura por sí misma ni la calidad ni la equidad que se esperaría. Si bien la captación escolar cubre el 99.7 por ciento de la matrícula de enseñanza básica (EB) y el 89.7 por ciento la enseñanza media (EM), la descentralización o municipalización educativa se encarga de segmentarla y hacer la diferencia en el servicio: uno para la educación pública y la subvencionada, y otro para la privada.
Por otra parte, si bien la cobertura escolar y la expansión universitaria tienen como horizonte la empleabilidad que suma puntos a Chile para posicionarse en las evaluaciones internacionales, el sistema reproduce capacidades desiguales en los niños y los jóvenes.
La municipalización ―según la propuesta reciclada de la Escuela de Chicago― es un concepto descentralizador de la administración con fines presupuestarios y de minimización burocrática, basado en el subsidio educativo proporcional a la población escolar de cada establecimiento y encaminado a la privatización más extensa posible, por ende, a una reducción inversamente proporcional del financiamiento público. Con otras palabras, esto significa trasferir la responsabilidad de la gestión escolar a una autoridad jerárquicamente no dependiente del MINEDUC para traspasar los gastos de la educación a los usuarios. Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente…
La educación chilena, como afirma el Informe de la OCDE y el BM, “se financia, ante todo, con recursos privados distribuidos mediante mecanismos de mercado”. De modo que la finalidad técnica del modelo se pervierte porque la diferencia patrimonial y de recursos económicos, culturales, de infraestructura y equipamiento aportados por las municipalidades discrimina la distribución de la calidad de los servicios según el tipo de centro educativo (público, subvencionado o pagado) y, por consecuencia, condiciona las oportunidades de acceso, permanencia y egreso de los aspirantes a la universidad.
La operación de este modelo ocasiona también otros efectos, tales como la pérdida de la condición funcionaria de los profesores de EB y EM, la dispersión del gremio magisterial y la inminente extinción del Estatuto Docente, cuya revocación implica dejar los derechos del profesorado prácticamente al arbitrio del empleador.
Un aspecto asumido casi como “natural” por el chileno común es el carácter geopolítico subyacente a la municipalización, es decir, el interés en la relación entre la geografía y el poder organizado o, si prefiere, entre el territorio y el dominio. La dispersión, la diversidad y la subordinación social vienen aparejadas a las necesidades más ingentes; en cambio, la concentración, la homogeneidad y el poder social se juntan en razón del privilegio. El Estado chileno, reconociendo las dificultades de desarrollo que ocasionan la diversidad y la dispersión geográfica de los establecimientos municipalizados, se ve obligado por la Ley de Subvención Escolar a destinar recursos compensatorios (¿qué es eso?) a aproximadamente 6,800 escuelas públicas; el 57 por ciento son rurales (MINEDUC) y sus contenidos tienen una misión formativa asociada a la vida cotidiana de la comunidad, sin embargo, no trasciende como la de los colegios pagados, situados en las zonas urbanas más prósperas o próximos a ellas, cuyos currículos sí tienen como objetivo la prosecución de los estudios en los niveles medio y superior.
Se observa también que, cuando el capital asociado a la gestión política ve en determinadas zonas oportunidades de negocio o especialmente afines a sus intereses, suele ocupar esos espacios. Por ejemplo, en Santiago, esta situación redunda en demarcaciones geográficas exclusivas y no exclusivas. En el oriente de la ciudad se observa una configuración endogámica del primer tipo: la concentración de habitantes que comparten extracción social, culto religioso y nivel cultural, que cuentan con establecimientos educativos exclusivos (no sólo por muy caros, sino también por selectivos) y que prácticamente no necesitan transitar fuera del territorio donde viven. Allí se ubican las llamadas universidades de la “Cota mil” (Felipe Berríos); en cambio, las universidades incluyentes, algunas de ellas, de diseño curricular sesgado por el interés mercantil, se localizan en el plano o el centro de la ciudad, en especial, en el “barrio universitario”, donde la oferta curricular está destinada a una población estudiantil numerosa y heterogénea.
Este ensamble socioeducativo es el asunto que en estos días impulsa al movimiento social a las calles; lo menos que puede hacer el gobierno chileno es acceder el diálogo de tú a tú, porque, por lo que se ve, como se dice coloquialmente, “el pan no está para bollos”.
* Poeta chileno, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (