Mijael Carbone Queipul, representante del pueblo Mapuche, de la comunidad Temucuicui, dio su testimonio esta mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las agresiones recibidas por las fuerzas de seguridad chilenas.
Junto a la Alianza Territorial Mapuche (ATM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)yla Fundación Apoyo a la Niñez y sus Derechos (ANIDE), presentó a los comisionados y a representantes de Chile pruebas visuales de hechos violentos contra niños, niñas y adolescentes mapuches, correspondientes a acciones policiales de los últimos años en el país.
El pueblo Mapuche se ha caracterizado por su organización, por la movilización social y la reivindicación de sus derechos ancestrales. Ante esto, la respuesta del Estado ha sido la criminalización de la acción colectiva y de sus líderes, y la actual militarización del territorio. En el marco de esta militarización, funcionarios de carabineros y de la policía, han incursionado de manera permanente en las comunidades haciendo un uso indebido y desproporcionado de la fuerza, que se deriva, de manera particular, en violaciones de derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.
“Vivimos en la comuna más pobre del país. El Estado no invierte dinero en nosotros pero cada vez mandan más operativos policiales, más tanquetas, más tecnología punta, para proteger la propiedad privada de las empresas”, expuso Mijael Carbone. “Nosotros estamos fortaleciendo a nuestros niños para que cambien la historia y sostengan nuestro pueblo. Que cambien esa historia de piedras contra balas, de la policía fuertemente armada contra la gente desprotegida”.
Por otra parte, Manuela Royo, abogada de la ATM, denunció la impunidad con la que el Estado trata a los policías que cometen estos actos de violencia contra la niñez mapuche ¾pese a que las autoridades judiciales chilenas hayan declarado la ilegalidad de dichos actos.
“El responsable de carabineros de la zona fue propuesto para ser ascendido”, explicó Manuela. “No sólo no hay sanciones ni voluntad jurídica, sino que además se premia y se compensa políticamente a quien hace este tipo de acciones”.
Sólo entre el 2011 y el 2015, 73 niños y niñas han sido afectados por la violencia policial. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile le ha expresado su preocupación al Comité de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, el cual ha pedido recientemente al Estado chileno que acabe con esta situación de violencia.
La Comisión Interamericana, tras recibir la información de los peticionarios, pidió al Estado durante la audiencia que presente información precisa sobre las investigaciones abiertas para sancionar a los funcionarios responsables de los hechos.
“Esperamos que Chile responda a la altura de sus responsabilidades internacionales y de un mensaje político claro de no tolerancia a este tipo de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad a los niños, niñas y adolescentes mapuches, testigos y víctimas de esta injusticia que todavía se encuentra impune”, remarcó Juliana Bravo, abogada de CEJIL.