¿Hay de qué extrañarse cuando tribunales de justicia o cortes penales internacionales fallan desfavo rablemente contra Chile? ¿No influye acaso un estigma que viene de la dictadura y que se ha perpetuado en el tiempo ya que Chile es considerado en el medio jurídico global como un país corrupto? Realidad que los medios, los círculos diplomáticos y la casta político-empresarial le ocultan sistemáticamente a la ciudadanía y al pueblo de Chile.
El medio jurídico internacional sabe que Pinochet fue rescatado por el Estado chileno y por su “diplomacia” de manos de la justicia española e inglesa para que pudiera gozar de la libertad total y muriera inocentado en su patria pisoteada por la bota militar, sin justicia y en impunidad.
Hoy, y pese a las apariencias engañosas, de manera gradual e imperceptible, la casta política nacional ha pasado a un grado mayor de tolerancia de sus propias prácticas corruptas. Aquel en que los actores hegemónicos del sistema político comienzan a obstruir mediante mecanismos parlamentarios disponibles la investigación de prácticas corruptas y, además, a objetar las decisiones de trasparencia del poder judicial.
Por un lado, los diputados Andrade (PS) y Jaramillo (PPD) se opusieron a que la comisión de la Cámara sobre el caso Caval, que investiga los negocios especulativos del entorno familiar próximo de la presidenta Bachelet con el Banco de Chile de propiedad del clan Luksic, prolongara sus trabajos.
Por otro, la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de romper con el secreto de los aportes reservados a campañas políticas por parte del holding Cencosud, de propiedad de Horst Paulmann, de Quiñenco, empresa clave del grupo Luksic, y de la sociedad anónima AntarChile, controlada por el grupo Angelini ha sido criticada en bloque por amplios sectores de la casta que controla la vida política postdictadura. Según ellos, ésta “vulneraría la ley” al levantar el velo del secreto y sería contraria a la naturaleza de las “contribuciones” empresariales.
Es una evidencia que el único sentido que la derecha rancia le da a la ley es el que le conviene; en la cultura nacional de la impunidad que ella misma ha propiciado. Pero no sólo la UDI quiere usar su interpretación del “espíritu” de la norma legal para impedir que se sepa quiénes le financian la política (y los privilegios), sino que también una amplia gama de políticos de la Nueva Mayoría temen que quede bien sentado cómo la oligarquía empresarial les otorga fondos reservados para así amarrarlos y obtener favores.
Por supuesto que la defensa de intereses corporativos les lleva a defender posiciones de casta al afirmar que “alzar el secreto de aportes reservados (empresariales) generaría un complejo escenario y vulneraría la ley”. Estrategia semántica que raya en el catastrofismo discursivo cuando de lo que se trata es de transparencia republicana y punto.
Se han opuesto a tal decisión con una retórica similar el socialista Carlos Montes (“un problema fuerte”), los presidentes de partidos Hernán Larraín-UDI (“no se puede violar esa obligación”), Jaime Quintana-PPD (“se aparta del espíritu de la norma”) y Jorge Pizarro-DC (quien defiende apasionadamente el rugby y los intereses de la casta afirma que “es muy extraña la resolución).
Poco importan las circunstancias de la decisión que permitiría al fiscal Ezio Braghetto acceder a los montos y fuentes de estos aportes, lo importante es que podrá saberse quiénes son los políticos financiados con platas sucias y por cuáles empresarios. Lo que permitiría a los ciudadanos entender las motivaciones detrás de las leyes que votan los parlamentarios. Y así constatar que no es el “bien superior de la nación” el que determina muchas leyes (como la Ley de Pesca que favorece a 16 familias) sino que los mundanales intereses del empresariado (ganancias y aumento de capital). Los mismos que en “pie de guerra” obtendrán una ley laboral que les acomoda una vez más y que posterga los derechos sindicales. Y esto con la anuencia de parlamentarios de la NM y de sus representantes en la CUT.
E hilando más fino, cabe hacer notar que en sus ponencias ante el pleno de la Corte Suprema ninguno de los candidatos a Fiscal Nacional elegidos en la quina se refirió al principio elemental que hoy hay que reafirmar: que nadie está por encima de la ley. Y tampoco al otro que a la ciudadanía le gustaría escuchar: que los poderosos no pueden escapar a su imperio. Sin embargo, los piadosos llamados a combatir “la sensación de impunidad contra los delitos de propiedad” no se refiere a que los grandes propietarios queden impunes en sus delitos de lesa democracia sino a la criminalidad corriente en un país de gran desigualdad social. Dos varas para medir los delitos en el país con el mayor foso de desigualdad social del planeta. Mire solamente quiénes repletan las cárceles, para distinguir el carácter clasista de la justicia.
Y si el dinero es sólo uno de los aspectos de la influencia que los propietarios del capital ejercen sobre los políticos —los otros incumben al origen de clase, las redes de influencia y los códigos culturales compartidos— es sin lugar a dudas un factor determinante en la convergencia entre poder político y económico cuya resultante es un sistema de dominación basado en la propiedad y el poder del gran capital. Es decir, en la existencia de una asimetría o desequilibrio de poder fundamental entre grandes propietarios y trabajadores que reproduce el sistema de dominación, la desigualdad social, la dictadura del capital y la justicia de clase de la manera más natural posible.
NUEVOS INDICES DE CORRUPCIÓN
Varios índices se están haciendo presentes en el escenario político-judicial chileno. Uno de ellos es, según lo que especialistas han identificado en el estudio de la corrupción en países como Italia, la ausencia de formas tajantes de reprobación moral o de censura con respecto a los propios miembros de su clase social o del parlamento involucrados en prácticas de corrupción. Tal como ocurre hoy en Chile donde los senadores Tuma, Pizarro, Rossi, von Baer y Moreira ni siquiera se inhabilitarán para votar para elegir el Fiscal Nacional, ni sus colegas parlamentarios pedirán que lo hagan, ni menos exigirán sus renuncias.
Algo así como una suerte de Omertà o ley del silencio a la chilensis funciona entonces.
Otro índice del avance de las prácticas corruptas, que pasan a ser consideradas comportamientos normales, es que el oprobio recae sólo en algunos operadores o fusibles como Wagner, Martelli o Valdés (el hombre de Piñera en Bancard). Son éstos los que deben enfrentar directamente la justicia. Pero los políticos que se han beneficiado con las prácticas ilegales de sus testaferros o palos blancos siguen viajando tranquilos, discurseando y preparando otras movidas electorales. Y si los “operadores” hablan y revelan sus verdades para salvar su pellejo, son ostracizados, como parece haberle ocurrido a Giorgio Martelli el recaudador de Rosenblut y Peñailillo para la campaña de Michelle Bachelet.
El juez Italiano Roberto Scarpinato (2015) en su libro (Le retour du prince. Pouvoir & criminalité) sobre la corrupción en Italia escribe en la página 165: “En Inglaterra la máxima emblemática “honesty is the best policy” (la honestidad es la mejor política) junto con la tradición del accountability (rendir cuentas claras) hacen que el político que se ve apenas rozado por un escándalo, o renuncia al cargo o es excluido de la vida parlamentaria por hechos que en Italia serían considerados “pecados veniales”.
El juez anti mafia entrega un ejemplo: “En Alemania el ex canciller Helmut Kohl, uno de los padres de la reunificación alemana, desapareció de la escena pública después de un financiamiento de su partido, que en Italia hubiera sido considerado como un pelo de la cola”. Lo mismo que en Chile.
Y después de referirse a los Estados Unidos y a un artículo de Alexander Stille titulado “El país donde los poderosos van a la cárcel” (habría que agregar que en EE.UU la lista de los políticos y empresarios condenados que hacen prisión efectiva y no domiciliaria es larga), el juez Scarpinato termina su idea en lo alto de la página 167 escribiendo: “en lo que respecta a nuestro país (Italia) pareciera reinar un sistema de selección de las clases dirigentes comparable al de Argentina, Brasil y Chile y de otros países pre modernos”. Huelgan los comentarios acerca de la bola de cristal o de un agudo conocimiento del juez anti mafia acerca de la naturaleza de los sistemas políticos del Cono Sur y de la inmoralidad de las castas políticas sudamericanas.
Y cómo preguntábamos al comienzo, ¿de qué extrañarse entonces cuando los tribunales de justicia o cortes internacionales fallan desfavorablemente contra Chile? ¿No se debe acaso a un estigma que viene de la dictadura y que se ha perpetuado en el tiempo ya que Chile sigue siendo considerado en el medio jurídico global como un país corrupto? Realidad que los medios, los círculos diplomáticos y la casta político-empresarial le ocultan sistemáticamente a la ciudadanía y al pueblo de Chile.
Y en otro plano esta realidad les juega en contra en su política internacional puesto que hace que Evo Morales sea considerado un niño de pecho al lado de una casta politico-diplomática-empresarial con antecedentes —hoy evidentes— de corrupción.
Sólo un gran salto democrático adelante que permita desembarazarse de la casta gobernante en su conjunto podrá hacer una limpieza de imagen del país.
———
(*) Saverio Lodato, Roberto Scarpinato, con prefacio de Edwy Plenel, Le retour du prince. Pouvoir & criminalité. Éditions la Contre allée, 2015.