El juzgado de Garantía de Melipilla acogió a tramitación la querella interpuesta por los concejales de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, Jeremías Vilches Mondaca, Samuel Alfredo Espinoza Vilches, Avelino del Tránsito Farías Piña, Juan Ignacio Zúñiga Godoy y Pedro Antonio Ulloa Ulloa, en contra del Alcalde de San Pedro, Florentino Flores Armijo y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que abra la correspondiente investigación penal.
Los concejales, con el patrocinio del abogado Roberto Ávila Toledo, denunciaron los delitos de: malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, sustracción de caudales públicos y nombramientos ilegales.
Esta Municipalidad rural de la Región Metropolitana está viviendo una caótica situación financiera lo que ha impedido que en los últimos cinco meses se paguen las cotizaciones previsionales al personal y que los descuentos por planilla a casas comerciales hayan dejado de pagarse. Se vienen severos recortes a los servicios de salud y educación que se le brindan a la comunidad.
En una rueda de prensa ofrecida en el Club de Bomberos de la ciudad de Melipilla el concejal Juan Ignacio Zúñiga señaló que cualquier auditoría rigurosa no podría dejar de reflejar un déficit de mil millones de pesos.
De su parte el concejal Jeremías Vilches informó que desde hace 2 años y medio a la fecha venían denunciando estas irregularidades a la Contraloría General de la República, la cual había constatado por lo menos 50 nombramientos ilegales. Los fondos afectados corresponden en gran medida a subvenciones especiales para los niños más pobres del sistema educacional.
En el mismo camino y tenor el concejal Pedro Ulloa, descarto motivaciones políticas partidistas en esta acción judicial en contra del Alcalde (DC), toda vez que los querellantes forman parte de la Nueva Mayoría, la Alianza y Fuerzas Extraparlamentarias.
El concejal Samuel Espinoza subrayo que la situación administrativa y financiera del municipio es caótica entre otras cosas, por la existencia de funcionarios municipales que sin tener un nombramiento legal y las capacidades profesionales tomaban decisiones relevantes.
Por último el abogado Roberto Ávila, señalo que el Juez de Garantía de Melipilla había remitido todos los antecedentes al Ministerio Público, quién ya había designado a la Fiscal que llevará adelante la investigación penal. Expresó también que la acción penal interpuesta por los concejales muy probablemente se tramitaría conjuntamente con la investigación, que por estos mismos hechos que lleva adelante el Ministerio Público a requerimiento de la Contraloría General de la República y el Concejo de Defensa del Estado.