Michelle Bachelet no demuestra interés alguno en avanzar para resolver las causas pendientes derivadas de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Peor aún, la Concertación ni la Nueva Mayoría jamás mostraron interés alguno en revisar lo que fue el legado de la dictadura y el rol de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que de vez en cuando reflota con cada vez más espeluznantes informaciones.
Ha predominado la impunidad y la ausencia total de justicia y reparación.
El caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas ha develado sus secretos solo por la intercesión de un conscripto que habla luego de treinta años. Jamás hubo de los gobiernos post dictatoriales interés alguno en investigar ese caso. Y ningún otro.
La actual presidenta y su familia se opusieron a que se investigara las circunstancias de la muerte de su propio padre y su paso por el centro de torturas de la Academia de Guerra de la Aviación. Increíblemente pudo más la amistad familiar entre ella y el responsable de ese centro de torturas, Fernando Matthei.
Durante todos estos años la deuda con esos dolorosos temas pendientes ha cursado bajo un manto de silencio, secreto y complicidad.
En este lapso han sido mejor tratados los victimarios que sus víctimas. Y resulta una curiosidad notable que haya sido un presidente de derecha el que tomó la decisión de terminar con la cárcel cinco estrellas en la cual purgaban sus condenas los únicos militares procesados.
Hay en la Concertación primero y en la Nueva Mayoría de hoy, una especie de acuerdo tácito para no remover el fango de los crímenes de la tiranía.
Luego de conocerse las dramáticas aristas del caso de Carmen Gloria y de Rodrigo, numerosas voces oficiales se subieron al carro para ofrecer declaraciones solidarias y de compromiso.
Muchos hicieron un llamado a romper el pacto de silencio que establecieron los criminales para evitar ser reconocidos y eventualmente expuesto al conocimiento de todos.
Sin embargo lo que debe terminar es el pacto implícito o no de los políticos de la Nueva Mayoría que decidieron con un cálculo político egoísta e inhumano, obtener justicia solo sobre tres: el asesinato del canciller Letelier, los degollados y el asesinato de Carlos Prats.
La deuda que arrastra en materia de derechos humanos “la coalición más exitosa de la historia” es de una vergüenza efectivamente de rango histórico.
Recordemos que ni siquiera se hizo empeño por resguardar aquellos locales reconocidos como centros de detención y torturas, los que fueron derribados recién comenzado el primero gobierno concertacionista.
Los verdaderos guardianes de esa memoria y los que han luchado incansablemente por verdad y justicia han sido las víctimas de la tortura y la prisión y los familiares de los asesinados y detenidos desaparecidos.
Y esa impunidad ha tenido sus frutos. Suman y siguen los casos de golpizas, torturas y tratos crueles y degradantes en contra de quienes se movilizan.
Represión, tortura y muerte por parte de agentes del estado, son casos que aumentan dramáticamente en frecuencia. Hace pocos días ha caído víctima de las balas policiales un obrero en el norte de Chile. Su muerte se suma a las decenas de otros muertos en iguales circunstancias y a los mapuche que han caído también bajo las balas de las fuerzas de ocupación que en nada podrían envidiarles a las de los tiempos del tirano.
Las razones por las que se mata ahora, no son diferentes a las de entonces.