La celebración, el 3 de agosto, del anunciado cónclave de la Nueva Mayoría ha sido la ratificación y consolidación de las pautas programáticas lanzadas por el gobierno el 11 de julio. Aquellos anuncios que la presidenta Michelle Bachelet acotó bajo la expresión “realismo sin renuncias”, requerían de las instancias partidarias, las cuales tuvieron más de tres semanas para su evaluación, asimilación y certificación. Finalmente, como era de esperar, la Nueva Mayoría ha terminado por refrendarlos. El realismo sin renuncias, o las reformas reajustadas bajo los criterios de Hacienda, han marcado el inicio de la segunda etapa del gobierno.
Más que una modificación del programa inicial es una contracción y una recuperación de las políticas de los acuerdos. El gobierno, tras haber tocado y estirado los bordes del modelo neoliberal durante los primeros meses del año pasado, hizo un pacto tácito con el empresariado y sus representantes tanto en la Alianza como al interior de la Nueva Mayoría, y vuelve a un manejo político practicado durante más de dos décadas. Como gran excusa pública muestra la desaceleración económica, la merma de ingresos fiscales y la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. Un discurso similar al de todos los gobiernos de la Concertación que permite operar al interior de los márgenes establecidos por el consensuado modelo económico.
Los acuerdos programáticos logrados en el recinto de San Miguel son una conocida expresión de los consensos de la transición y se inscriben en lo que es la mera práxis política, cuyos escasos contenidos sólo apuntan a la gobernanza y extensión futura del poder. Por un lado, el gobierno y la Nueva Mayoría logran la reducción de las tensiones con el empresariado y la derecha al acotar el alcance de las reformas y modificar la reforma tributaria. En el reverso, se mantienen algunos aspectos del programa, contraídos, fragmentados y aplazados con la intención de aplacar el clamor social y darle continuidad a una Nueva Mayoría post Bachelet y para administrar una crisis en la inmediatez y generar, a la vez, un ambiente de cambios y reformas, unas graduales y otras superficiales, de cara al mediano plazo. Gradualidad y parcelación en la gratuidad para la educación superior; superficialidad en la reforma laboral y en la salud. Ambigüedad persistente en el discurso presidencial del proceso constituyente. Esta es, en palabras de Bachelet, la “hoja de ruta” de lo que queda de su gobierno.
Bajo este andamiaje hay, sin embargo, un terreno pantanoso que ya ha pasado la cuenta. Pese a ello, el gobierno y su coalición persisten. Porque en escasos meses, el gobierno y la Nueva Mayoría se vinieron abajo perdiendo gran parte de su apoyo y credibilidad. Un deterioro progresivo destapó no sólo el peor escándalo de la postdictadura sino sacó a la luz un modelo político y económico basado en la compraventa de parlamentarios y gobernantes no sólo por las grandes empresas, sino por conspicuos ex funcionarios de la dictadura. Una realidad que deja a un país atónito y en las últimas semanas suma nuevos antecedentes. A la corrupción política se agrega la corrupción moral.
La reapertura del caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri es otro nudo de la transición que transparenta los acuerdos entre esos gobiernos y las fuerzas de la dictadura. La “justicia en la medida de lo posible” inaugurada por Patricio Aylwin, posiblemente el lastre más innoble de la Concertación, se suma como otro peso inmovilizador de la Nueva Mayoría. A la corrupción y al vaciamiento político se agrega la justicia adaptada a la política de los consensos. Pactos de silencio, ocultamiento de la verdad y procesos cerrados ponen a la justicia y al actual gobierno en un cauce regresivo. Tal como la corrupción política y empresarial ha destrozado el mito del éxito de las décadas pasadas, la parcelada, reducida y especialmente sesgada justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, expresada con elocuencia en el episodio de los dos jóvenes quemados con gasolina por una patrulla militar en 1986, ha vuelto a abrir la dolorosa duda sobre la capacidad de nuestra sociedad de ejercer justicia.
Durante estos días que han vuelto a conmover al país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dirige la abogada Lorena Fries, ha propuesto desclasificar los datos sobre los agentes y criminales de la dictadura que aparecen en el Informe Valech, los cuales se mantienen en secreto por 50 años. La propuesta, avalada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no ha tenido ni tendrá el mismo apoyo del gobierno. Muy por el contrario. El año pasado el gobierno de Bachelet defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la condición secreta del Informe Valech. Las ataduras, el lastre de la Nueva Mayoría con la Concertación está compuesto por los consensos políticos, económicos y los pactos de silencio en derechos humanos. La continuidad entre Concertación y Nueva Mayoría ha quedado una vez más en evidencia.
Pese a la indignación pública que surge ante la falta de voluntad política para buscar justicia en el caso de los dos jóvenes quemados vivos, el gobierno, igual que sus antecesores, permanece inmóvil y en silencio. Viene incluso a la memoria que el derechista Sebastián Piñera cerró el Penal Cordillera en 2013, a 40 años del golpe de Estado. En cambio, Bachelet, pese al creciente clamor por el cierre de Punta Peuco expresado en sondeos de opinión que apoyan abrumadoramente esta idea, deja pasar la oportunidad y se ampara, lo mismo que en economía, en la seguridad de los consensos.
Y está otra vez el desprecio a la ciudadanía y sus organizaciones sociales. Ante un fuerte aumento de las movilizaciones por demandas políticas y económicas, el gobierno ha respondido con creciente violencia. A los estudiantes heridos se sumó el mes pasado la muerte del trabajador del cobre Nelson Quichillao por una bala disparada por carabineros.
El quiebre del pacto de silencio por un conscripto es un equivalente agravado del conocimiento, hace unos meses, del financiamiento de las campañas políticas a través de boletas ideológicamente falsas. En ambos casos, queda en evidencia una construcción basada en la mentira y en los acuerdos de una elite para el mantenimiento del poder político y económico. Aquellos pactos acordados en los albores de la transición por ministros como Enrique Correa han sido la base de una estructura torcida que ya, por su peso y dimensión, no soporta reparaciones. La Nueva Mayoría, que ha construido su proyecto sobre esa misma estructura, está condenada a compartir el mismo destino de la Concertación. La hoja de ruta inaugurada el 3 de agosto es un camino regresivo, una vuelta al pragmatismo, a la prioridad en la gobernanza, a la mantención del poder. Un discurso que busca equilibrios propios por sobre contenidos reales.
Pero son equilibrios precarios, pensados y diseñados para el futuro de la coalición que vuelven a separarse de la ciudadanía y sus posibles electores. La presidenta habló de un segundo tiempo que tiene las características del repliegue, del crepúsculo. Porque los anuncios de Bachelet en San Miguel se elevaban unas pocas horas después que Adimark sentenciara un aumento histórico en su desaprobación. Con casi 80 por ciento de rechazo ciudadano y un escaso 26 por ciento de apoyo, que para el gobierno es de un 21 por ciento, la presidenta ha optado por aceptar la derrota y la entrega, llevada progresivamente a cabo desde el cambio de gabinete en mayo. Porque la designación de Jorge Burgos en Interior, de Rodrigo Valdés en Hacienda y de Nicolás Eyzaguirre en la Segpres, expresan con claridad que el peso político del gobierno ha vuelto al tradicional eje de décadas pasadas, que alterna neoliberalismo en lo económico y conservadurismo en lo político. Desde hace meses que los verdaderos anuncios, desde políticos, como los referidos al mecanismo del proceso constituyente, a económicos, se hacen desde este equipo.
El cónclave ha acordado retirar gran parte de las promesas electorales y dejar en suspenso, a modo de sucedáneo, reformas matizadas sobre las cuales pueda mantener un discurso de acción política. Para la ciudadanía, y para sus electores, una nueva etapa del mayor y posiblemente más largo proceso de traición política.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 834, 7 de agosto, 2015