El jefe de la bancada de diputados DC, Ricardo Rincón, informó este martes que pidieron al Ministro Secretario General de la Presidencia, Marcelo Díaz, que gestione la calificación de urgencia al proyecto de ley ingresado en el 2010, que busca permitir la degradación militar de los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad.
El diputado Rincón sostuvo que el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, que hoy se revive con la detención de numerosos uniformados; el crimen del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, asesinado en dictadura; y los miles de ciudadanos chilenos torturados, ejecutados y desaparecidos,” requieren de justicia en plenitud como única forma de avanzar hacia una verdadera reconciliación”.
El legislador recalcó que, actualmente, en el Código Militar no existe la degradación para aquellos uniformados que hayan cometidos estos crímenes, pese a que estos actos son “repudiables por todos los estados democráticos del mundo”.
Por lo anterior, precisó, se ofició al Ejecutivo, a través de la Segpres, pidiendo que se acelere la tramitación de esta iniciativa que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
El diputado Sergio Ojeda, uno de los autores de la propuesta legal en discusión, planteó la necesidad de avanzar en el trámite de la iniciativa y expresó su esperanza de que el Gobierno acoja la solicitud y le de urgencia. “Son deudas pendientes por años y esta es una forma clara de avanzar en justicia”, sentenció.
El diputado Claudio Arriagada, integrante de la citada comisión, dijo que este “tema no se ha detenido, como piensan algunos”, sino que siguen sobre la mesa. “Y lo que las familias piden, con toda justicia, es que quienes resulten responsables sean degradados, con todo lo que ello implica en la práctica. Es un proyecto que debe impulsarse y en la Comisión existe toda la disposición para hacerlo”, recalcó.
El proyecto, que modifica el artículo 222 del Código Militar, tiene como objetivo imponer una sanción accesoria a todos aquellos militares que cometen crímenes de lesa humanidad. Ello implica “la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares; el retiro absoluto de la institución; la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros; la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos; y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos”.
Cabe señalar que los crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, recogidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivo políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente como la desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
La iniciativa fue presentada en julio de 2010 por los diputados Sergio Ojeda, Osvaldo Andrade (PS), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC) y Tucapel Jiménez (PPD) los ex diputados Gabriel Ascencio (DC) y Ximena Vidal (PPD).