Tarek William Saab, Defensor del Pueblo de Venezuela, respecto a las críticas que acusan al gobierno de Nicolás Maduro de no respetar los derechos humanos, señaló que “cuando se habla sobre la violencia que se generó en Venezuela el año pasado se debe precisar que fue una táctica insurreccional para derrocar un gobierno legalmente constituido”.
Esa táctica insurrección derivó en 43 muertes, 38 a manos de manifestante armados y cinco a manos de cuerpos de seguridad. “Esos funcionarios están presos y están siendo procesados. La lucha es contra la impunidad”, señaló.
Los grupos que actuaron el año pasado violaron los derechos humanos, dijo Tarek William Saab. Por tanto, el Estado venezolano puso ante los tribunales no sólo a los funcionarios que actuaron en esos cinco casos para que sean procesado por los delitos, sino también a otras personas, las que están procesadas por delitos de conspiración, homicidios, quema de edificios públicos. “Y qué ha pasado. La plataforma mediática internacional ha usado esos hechos para decir que en razón que están privadas de libertad a estas personas se le violan los derechos humanos”.
Agregó que “esos motines violentos ocasionaron la muerte de guardias nacionales, policías, un fiscal de Ministerio Público, policías motorizados, transeúntes, decenas de edificios públicos incendiados. Una verdad que debería difundirse por todos los países. Por ejemplo, a Chile ha venido gente hablando y desvirtuando esos sucesos. Es un tema que hay que contrastar con la realidad”.
En cuanto al caso de Leopoldo López, dijo que él está siendo procesado judicialmente por presuntamente haber promovido una táctica insurreccional conocida como la salida, que implicó el desconocimiento a la autoridad legítimamente constituida. “Eso está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Como Defensoría del Pueblo lo hemos ido a visitar unas doce veces. Quién determinará si es o no responsable de los delitos que se le imputan es le Poder Judicial”.
El Defensor del Pueblo de Venezuela estuvo en Chile para firmar, junto a sus pares, el estatuto y reglamento que da vida al Observatorio de Derechos Humanos de Unasur, instancia que tomará temas de DDHH de preocupación común para producir investigaciones que incidan en las políticas públicas de estos estados.