Poco antes de que la Presidenta regresara al país luego de su último viaje a Europa, sus ministros del Interior y Hacienda desayunaron con las cúpulas empresariales para entregarles tranquilidad respecto del rumbo del actual gobierno. Particularmente, el Jefe del Gabinete actuó como exégeta de la propia Jefa de Estado respecto de ese “proceso constituyente” que prometiera hace algunas semanas, pero sin que hubiese aclarado de qué se trataba, realmente, tal anuncio. Sin embargo, el ministro Burgos le dejó claro al gran empresariado que nada debía temer respecto de una nueva Constitución Política del Estado, porque este texto sería el resultado de un amplio acuerdo político nacional, además de ser discutido y aprobado por el actual Parlamento o el que le siguiera… Con lo cual desahució definitivamente la Asamblea Constituyente y reconoció que la actual Constitución de 1980 podría extenderse hasta por ocho años más y, con ella, los privilegios que Pinochet les consagró con una institucionalidad autoritaria que solo ha tenido mínimas enmiendas en más de veinticinco años de posdictadura.
Como si fuera poco, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le hizo un panegírico al modelo económico vigente y, aunque reconoció la necesidad de algunos cambios, aseguró que ninguno de éstos podría atentar contra la propiedad privada; temor que han confidenciando algunos poderosos empresarios respecto de la posibilidad de que el Estado se proponga recuperar las empresas privatizadas por el Régimen Militar. Sobre todo, después de conocerse los graves delitos tributarios cometidos por empresas como Soquimich donada por el Dictador a su entonces dilecto y cómplice yerno Julio Ponce.
Poco antes, en su mensaje al Congreso Pleno, la presidenta Bachelet eludió un pronunciamiento claro respecto de otras reformas tan demandadas, en cuanto a fortalecer el sistema público de salud y terminar con los abusos de las isapres; intervenir o reformar el sistema previsional de las AFPs, o recuperar los derechos sindicales de los trabajadores aún transgredidos por la ley laboral. Público y notorio es, además, es el completo desprecio del ministerio de Educación por las demandas de maestros y profesores y que hoy explican y justifican la huelga nacional del Magisterio, la paralización por varias semanas de prácticamente toda la educación superior y las protestas cada vez más multitudinarias en todo el país. A las mismas que empieza a sumarse la molestia de otros gremios, como el de los trabajadores hospitalarios, del transporte, como las irritación de los millones de chilenos cada vez más irritados por los episodios de corrupción que comprometen transversalmente a toda la política, junto con los empresarios empeñados en corromper a los servidores públicos. Ya sea mediante el financiamiento irregular de las campañas electorales o el soborno descarado a las autoridades.
Lo anterior explica que todas las encuestas indiquen una caída estrepitosa de la confianza pública en quienes nos representan en La Moneda y el Poder Legislativo, además del descrédito de las instituciones, como que justamente los legisladores y los partidos políticos hoy tienen los peores índices de credibilidad ciudadana. Una situación que también afecta muy gravemente a la propia Presidenta, como a varios miembros de su gabinete ministerial. Entre ellos, al propio ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, por su pésima relación con los sectores educacionales y una soberbia inaudita en el manejo de un tema que estaba señalado como estelar en las realizaciones prometidas durante la campaña presidencial de la Nueva Mayoría.
En el precio que ha debido pagar la propia Michelle Bachelet por los negociosos impropios de su hijo y nuera, como en los desacuerdos y falta de probidad que afectan a tantos dirigentes del oficialismo, se explica la debilidad de su liderazgo actual, como la exultante reaparición en La Moneda de personajes vinculados a la vieja y ajada Concertación. Referente que, como se sabe, hubo de cambiar su nombre, exhibir otros rostros y materializar la campaña electoral más millonaria de nuestra historia para acceder al gobierno después de la administración derechista de Sebastián Piñera.
En varias oportunidades hemos afirmado que los sucesores de Pinochet en el Ejecutivo poco a poco fueron deslumbrando con la Carta Fundamental, la ley electoral y el modelo económico social heredado por el autoritarismo castrense. Sin embargo, muchos abrigaron la confianza de que, en una segunda oportunidad, Michelle Bachelet se propusiera terminar con este encantamiento y emprender las reformas anheladas por más de dos décadas. A pesar de que su primer gobierno no había diferido en casi nada de los anteriores y la obligo, por lo mismo, a traspasarle la banda presidencial a un poderoso y mal reputado multimillonario.
Pero en pocos meses se ve que muy pocos chilenos mantienen la esperanza en su conducción política y lo que se aprecia es, ahora, que ella misma es rehén de algunos de estos ministros, tan apresurados como diligentes, por ejemplo, en darle garantías a los mandamases de la economía, al mismo tiempo que renunciar o postergar indefinidamente las reformas más sentidas por el pueblo, como la Asamblea Constituyente. Todo lo cual es todavía más insólito en medio de tantos escándalos que tienen por los suelos la confianza ciudadana la política. De lo que, justamente, debiera deducirse que lo más razonable sería apelar a la soberanía popular para hacer frente a la crisis política y al peligro cierto de un quiebre institucional.
Para colmo, en estas últimas semanas ha reaparecido el fantasma de la represión policial, el desdén oficial hacia las peticiones de los ex presos políticos y torturados, el desarrollo de una política exterior que desprecia toda vocación latinoamericanista y tercermundista. Nada, tampoco se insinúa respecto de la recuperación de nuestro cobre, la posibilidad de disminuir los presupuestos castrenses y acabar con las insultantes disposiciones del Código de Justicia Militar. Ni qué decir lo incómodo que es para la Central Unitaria de Trabajadores comprobar la postergación de sus derechos sindicales tan largo tiempo interdictos y que, por cierto, es una de las promesas que más irrita al mundo patronal. Revelador resulta la aplicación de la drástica Ley de Seguridad del Estado para los conductores del Transantiago en huelga, cuanto la amenaza de descargar la misma legislación en la Araucanía, como lo ha señalado el ministro del Interior.
Todo indica el propósito de algunos de mantenerse en el poder a cualquier precio, como ha quedado acreditado con la colusión político empresarial más escandalosa de nuestra historia. Las más veleidosas figuras de la política ya preparan la sucesión de la Primera Mandataria, mediante la consolidación de un pacto político amplio con una derecha desintegrada y antropófaga. La idea, entonces, es recuperar las confianza del gran empresariado, reeditar la funesta política de los acuerdos parlamentarios y arribar a un abanderado presidencial , cuyo perfil liberal, de centro izquierda o social demócrata, pueda ser consentido por los sectores más refractarios a los cambios.
De allí de que en el mismo día que los ministros de Hacienda e Interior hacían una verdadera genuflexión al gran cenáculo patronal de la Enadi, en el Club de la Unión compartieron un amistoso almuerzo el propio Lagos, el expresidente Piñera y varios de sus más cercanos y obsecuentes admiradores. En la búsqueda, seguramente, de un nuevo acuerdo cupular “para servir a los grandes desafíos de Chile” (como les gusta proclamar), de espaldas a la población y traicionando una vez la democracia prometida. Un conciliábulo que debiera alertar a los sectores de izquierda, especialmente a aquellos que se mantienen todavía prohijados por el oficialismo, pese al verdadero desdén de lo que se prometió en la última contienda presidencial. En un momento en que lo único que se está consolidando es una “cleptodemocracia”, como la de varios regímenes políticos del mundo y de nuestra región.